El Gobierno ha optado finalmente por rectificar. El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento para el año 2020, y que las entidades locales puedan disponer de su superávit de 2019. La cifra global de los excedentes en la provincia durante 2019 alcanzó los 525 millones para la Comunidad Valenciana, lo que se tradujo en 180 para la provincia de Alicante. Ahora, la nueva propuesta del Gobierno permite desbloquear unos 330 millones para la Comunidad y 109 para la provincia, según confirmaron desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Ante la rebelión de los ayuntamientos, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de la hucha municipal.

El poder local ha ganado el pulso tras haber denunciado que el decreto derogado era un «chantaje» por obligarles a ceder sus ahorros para poder acceder a un fondo contra la pandemia. El nuevo decreto ley puesto sobre la mesa para que las entidades locales tengan mayor margen presupuestario y cuenten con más recursos para minimizar los efectos de la crisis tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros en España.

Reacciones de los alcaldes a la liberación del superávit municipal

Los alcaldes de la provincia celebraron ayer el anuncio del Ministerio de Hacienda, pero pidieron que se abra a la negociación. Tanto los dirigentes del PP como los de Compromís consideran que la oferta presentada es insuficiente y exigen a la ministra María Jesús Montero que permita a los ayuntamientos disponer de los remanentes históricos y de una mayor capacidad de endeudamiento. Consideran que es hora de avanzar para recuperar la autonomía local que, según aseguran los alcaldes de Compromís, «Cristobal Montoro y el gobierno de Mariano Rajoy eliminaron con la ley de estabilidad presupuestaria de 2012».

Todos los grupos coinciden en admitir que la nueva medida para suspender la regla de gasto para el año 2020 les va a «posibilitar ayudar a los que más lo están necesitando». Los socialistas insisten en que recuperan el 85% de las medidas que ya se incluían en el derogado decreto, como, por ejemplo, la suspensión de la regla de gasto para este año. Los alcaldes de Elda y de Alcoy, Rubén Alfaro y Toni Francés, respectivamente, hicieron hincapié ayer en que esta era una de las medidas que se contemplaban en el real decreto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Dirigentes del PP como Luis Barcala (Alicante), Toni Pérez (Benidorm) o el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, mantuvieron que que el Gobierno sigue sin liberar el uso de sus ahorros y también denunciaron la falta de información de cuándo van a llegar a los ayuntamientos los 5.000 millones de euros sin condiciones y prometidos por Pedro Sánchez.

Además de suspender la regla de gasto para el año 2020, Hacienda no descarta anularla también para 2021, como piden las corporaciones locales de la provincia. El objetivo es permitir a muchos ayuntamientos a invertir más fondos sin ser penalizados con la obligación de acometer, por imposición, un plan económico financiero. Los alcaldes de los municipios alicantinos destacaron la importancia de esta medida por permitir, entre otras cuestiones, concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Sin embargo, la ministra Montero dejó claro ayer que la suspensión de la regla de gasto para el año 2021 y las medidas relativas a los remanentes de los ayuntamientos no se abordarán en este decreto.

BALDOVÍ: «NUESTRO VOTO FUE A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS. A DECRETO MUERTO, DECRETO PUESTO»


El diputado nacional de Compromís insiste en la importancia de negociar el uso de la «hucha» municipal


El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, celebró ayer la «rectificación» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el decreto para asumir los remanentes de tesorería de los consistorios, y recalcó que, «a decreto muerto, decreto puesto». Según aseguró, la postura de Compromís pasa por que los consistorios puedan gastar sus ahorros y que se habilite un fondo de 5.000 millones «con independencia de su situación financiera», y teniendo en cuenta el número de habitantes. «Nuestro voto no fue para desgastar al Gobierno, no fue para votar con la derecha, fue a favor de los municipios», precisó sobre su rechazo al decreto en el Congreso. Tan solo unos minutos después de las declaraciones de la ministra, Baldoví valoró la decisión del Ejecutivo central junto al diputado provincial Gerard Fullana y el concejal de Alicante Natxo Bellido. «No celebramos tener razón, sino que se haya dado cuenta de que puede haber consenso y llegar a acuerdos, y que se relaje la regla de gasto para tirar del superávit de 2019», defendiendo que se ayude a los consistorios que están en peor situación en el pago a proveedores.

Baldoví insistió en la importancia de negociar el uso de los remantes de tesorería -unos 15.000 millones-, para que estén «a disposición de la ciudadanía».

Por su parte, el diputado provincial Gerard Fullana afirmó que la propuesta del Gobierno era un «chantaje» en el que se planteaba la disyuntiva de que, «para gastar el superávit , había que ceder el dinero de los remanentes de Tesorería». Fullana recordó que la deuda de la Diputación con los pueblos en este 2020 alcanza los 35 millones e insistió en la importancia de que este dinero sirva para hacer llegar más recursos a cada localidad, insistiendo en la no tramitación de las ayudas en los municipios afectados por la DANA y otras transmisiones de fondos presupuestados para 2020, así como los diez planes anunciados a lo largo del año y sin ejecutar.

Por su parte, el portavoz municipal en Alicante, Natxo Bellido, habló de «satisfacción» porque han hecho «caso» a sus alertas en las que denunciaban que se iba en la dirección contraria y contra el municipalismo. Además, lamentó que Luis Barcala se haya precipitado al cancelar la deuda municipal -de 19 millones de euros-, porque, a su juicio, Alicante necesita «hasta el último euro».