Un fuego cruzado de todos contra todos. Los reproches entre los diferentes partidos han adquirido un protagonismo especial en el primer aniversario de la gota fría que asoló la comarca de la Vega Baja. Por un lado, el PSOE y Compromís denuncian que la Diputación de Alicante, gobernada por el PP y Ciudadanos, no ha destinado ni un solo euro a los municipios afectados por el temporal de septiembre de 2019. Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, argumenta que la línea de ayudas anunciada por valor de 6 millones para paliar los daños ocasionados estaba condicionada al real decreto de las ayudas por la DANA previsto para el pasado mes de marzo, por lo que acusa a Pedro Sánchez de bloquear sus recursos en perjuicio de esta comarca alicantina. Las recriminaciones incluso han llegado desde el Consell y desde las Cortes.

Poco queda de la coordinación de la que presumían Ximo Puig y Carlos Mazón hace un año, durante aquellos fatídicos días, cuando se comprometieron a trabajar de forma conjunta. Esta primera efeméride no está exenta de batallas con trasfondo político. Los presupuestos de la Generalitat de 2020 incluyen 80 millones destinados a la DANA y 12 millones en 2019. En total, son 92 millones a los que habría que sumar los 7,3 de los municipios. Tras las inundaciones, la Generalitat se marcó un triple objetivo: reparar las infraestructuras dañadas; habilitar ayudas para los particulares que se vieron afectados; y preparar un plan de futuro que aumentase la resiliencia de la comarca ante futuros fenómenos de estas características.

Por su parte, la Diputación de Alicante ofreció auxilio inmediato a los consistorios para el restablecimiento de la viabilidad en los caminos cortados por las lluvias. Concretamente, se actuó en 28 municipios. Además, anunció más de 7,6 millones, de los cuales 6 millones de euros se iban a invertir en la reparación de daños en infraestructuras municipales, mientras que el resto, 1,6 millones de euros, se dirigirían al restablecimiento de la viabilidad de las carreteras.

La polémica y los reproches, sin embargo, se han generado en los últimos meses por este programa de ayudas, con una base mínima de 6 millones, que se iba a articular a través del plan del Gobierno recogido en el decreto ley.

El principal caballo de batalla de Compromís en la Diputación ha sido denunciar que no se ha tramitado ni un solo gasto del plan de rescate prometido por el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, tal y como ha dado a conocer el portavoz valencianista Gerard Fullana. También se ha sumado a estas críticas el PSOE, cuyo portavoz, Toni Francés, ha contrapuesto los 100 millones ya invertidos por la Generalitat «frente a los cero euros del presupuesto de la Diputación». En definitiva, los portavoces de la oposición han criticado que PP y Ciudadanos no dieran luz verde a una modificación de crédito urgente para incluir esos 6 millones de euros y que no cambiara su idea de aprobar estas ayudas a través de obras financieramente sostenibles. También desde el Consell y las Cortes, el PSOE y Compromís han criticado la falta de ayudas provinciales para reparar las infraestructuras dañadas mientras la síndic del PP, Isabel Bonig, ha pedido más inversiones al Consell al lamentar que «no llegan» .

Por su parte, Carlos Mazón ha denunciado que el bloqueo por parte del Gobierno ha imposibilitado legalmente que la institución alicantina pueda liberar las ayudas provinciales para los ayuntamientos.

Ante la posibilidad de poder utilizar el dinero de las obras financieramente sostenibles por el nuevo decreto anunciado por Hacienda, Mazón ha exigido a Pedro Sánchez que abra la llave para hacer llegar las ayudas a la Vega Baja y para «reconocer los derechos de la provincia», según defiende el presidente.

CAMPAÑA DEL PP PARA ELEVAR LA PRESIÓN CONTRA EL GOBIERNO


El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mantenido esta semana un encuentro con alcaldes y portavoces populares de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, y ha anunciado una campaña para mantener la presión contra el Gobierno y que libere los remanentes a través de mociones en todos los municipios de la provincia. Los populares exigen que sean ayuntamientos y diputaciones quienes gestionen unos remanentes «conseguidos con sufrimiento, sacrificio y tiempo». El presidente provincial entiende que la eliminación de la regla de gasto «es un paso insuficiente», según destacó.