Un fondo adicional para frenar la situación dramática de la Comunidad y aproximarla al resto de autonomías en materia de financiación. Esa es la conclusión que plantea el comité de expertos nombrado por las Cortes para solucionar las asimetrías territoriales a través de un documento que servirá a la Generalitat para pedir que las autonomías que cuentan con una financiación por habitante por debajo de la media reciban una transferencia adicional de nivelación hasta que se reforme el modelo, que en el caso de los valencianos supondrían 1.336 millones de euros el primer año. Mientras no se apruebe el sistema de financiación para corregir permanentemente esta brecha, los expertos proponen una transferencia adicional de compensación para alcanzar la media nacional. La comisión de técnicos para la reforma del sistema planteó ayer un fondo adicional de recursos con una cifra similar a la que se ha venido reivindicando los últimos años el Consell. Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de aplicar un mecanismo de compensación para reducir la brecha territorial, teniendo en cuenta que los valencianos siguen sin abandonar el furgón de cola entre los que menos recursos reciben del Estado.

Vicent Soler, conseller de Hacienda, presidió ayer la reunión de la Comisión Mixta Cortes-Consell sobre financiación autonómica, en la que estuvieron presentes todos los grupos con representación en el parlamento valenciano. El presidente de esa comisión de expertos, Francisco Pérez, señaló que la razón para la propuesta es «que los problemas que está habiendo para abordar una reforma integral del sistema de financiación, que es lo que estamos defendiendo desde hace tiempo, no debe impedir que aquellas comunidades que están más perjudicadas por la pervivencia del sistema dejen de estarlo». Por ello, han elaborado una propuesta con un coste presupuestario total «que consideramos asumible dada la importancia del problema a resolver, que es la enorme diferencia de financiación por habitante entre las comunidades mejor y peor financiadas», apuntó Francisco Pérez.

La propuesta de la comisión de expertos estima que la primera transferencia supondría unos ingresos globales adicionales de 4.220 millones para el sistema, de los que 1.336 corresponderían a la Comunidad, 1.070 a Madrid, 926 a Andalucía, 536 a Cataluña, 213 a Murcia y 138 millones a Baleares.De esta forma, estas comunidades autónomas alcanzarían el 96,3% de financiación media por habitante en 2021, con el objetivo de llegar al 98,3% en los dos años siguientes.

Vicent Soler, por su parte, aseguró a la salida de la reunión que estaba «muy contento» porque «ha habido un gran consenso sobre el documento» añadiendo que «es muy sencillo, muy contundente, políticamente factible y viene a llenar una vieja reivindicación; la Comunidad ya no quiere más déficit asimétrico, lo que quiere es recursos», advirtió. La fórmula planteada sobre el papel, según insistió, es «perfectamente aceptable» porque es para toda España y no solo para la Comunidad. El conseller llevará esta propuesta al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque será el Congreso quien debe aprobarlo, por lo que pidió voluntad de consenso a todos los grupos parlamentarios.«Si esta propuesta de la Comisión de Expertos se implementara tendríamos un déficit similar al del resto de comunidades», apuntó Soler.

Por su parte, el diputado de Compromís Joan Baldoví también ha trasladado esta semana a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, su disposición a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 si suponen un «giro social drástico», poniendo como condicionante para fijar las cuentas la necesidad de avanzar en un nuevo sistema de financiación autonómica. Baldoví instó a aprender de lo ocurrido la semana pasada, cuando el Congreso tumbó el decreto sobre los remanentes, y exigió negociar con «lealtad de ida y vuelta».