«Si hemos comenzado juntos este viaje, hemos de continuarlo juntos». Con esta última reflexión zanjó ayer Ximo Puig su discurso en el debate de política general de las Cortes. Pese a que el presidente tenía el reto de trasladar el consenso logrado durante la crisis a los presupuestos para devolver el color a la fotografía de la Comunidad, las espadas de los grupos parlamentarios siguieron en todo lo alto. «Nos salvamos juntos o nos hundimos separados». Así se dirigió Puig al hemiciclo para pedir a todos los portavoces que no se aparten del camino del diálogo. Lo hizo con la base de los acuerdos alcanzados con agentes sociales, diputaciones y también en las Cortes, y poniendo el foco de forma especial en la sanidad y el turismo. Pero el camino de la unidad no parece ser el elegido. Mientras la síndica del PP, Isabel Bonig, aumentó las revoluciones justificando su rechazo a los socios del Botànic, Toni Cantó quiso colarse en las grietas del Botànic II para terminar, en su habitual juego a doble banda, tendiendo la mano a Puig a favor de la recuperación. Vox se limitó, por su parte, a lanzar un mensaje catastrofista, llevando la confrontación al límite. Pero tampoco los grupos de la izquierda se mostraron predispuestos a digerir a Ciudadanos y mucho menos a que se ponga en riesgo la hoja de ruta del Botànic para la elaboración de los presupuestos.
El curso político arrancó ayer oficialmente en las Cortes para enfocar la Comunidad hacia la recuperación. Y Alicante se enmarca en esa estrategia a través de una inyección de 196 millones de euros a un plan de choque para reactivar el turismo, ante el año más complicado de la historia del sector en la provincia. Con la gestión de la pandemia como principal argumento, el jefe del Consell inició ayer el debate de política general, con una primera jornada que incluyó tanto su intervención como la de los portavoces de los grupos parlamentarios. El coronavirus monopolizó la sesión. De principio a fin. El jefe del Consell aprovechó el desafío que le ha brindado esta pandemia para situarse al frente de la respuesta y clicar en varios requisitos reivindicativos de esta provincia. Además de reactivar el turismo como destino seguro con importantes descuentos para las vacaciones de todos los empadronados en la Comunidad, el presidente destacó el paquete de ayudas de 500 millones a los municipios afectados por la DANA, en un claro acercamiento a una comarca con mucho calado político.
Puig hizo girar su proyecto en base a tres ejes fundamentales: el reforzamiento de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, como la sanidad, la educación y las políticas sociales; la mejora económica; y, por último, la importancia de liderar la España autonómica alejada del centralismo de Madrid. Y fue justo en este último punto en el que trató de aumentar su capacidad de influencia a través de un perfil federalista.
«El futuro no se improvisa», dijo ayer el dirigente, parafraseando a la filósofa valenciana Adela Cortina. Y, elevando la mirada hacia ese porvenir, reivindicó el papel que la política tiene en esta crisis para defender una profunda reforma territorial, proponiendo liderar el proyecto para que la Comunidad sea una voz «conciliadora» de una España plural. Pero el principal escollo que tiene este territorio sigue siendo el sistema de financiación, que deja a los valencianos como ciudadanos de segunda en materia fiscal. La financiación se ha convertido ya en una cuestión inaplazable ante una crisis que obliga, según afirmó el dirigente valenciano, a «recuperar los deberes pendientes que la pandemia ha arrinconado y que no pueden desaparecer».
A través de una amplia mirada de la Comunidad para poner en perspectiva los últimos seis meses de acción política encaminada a proteger a la ciudadanía del virus e iniciar la reactivación, el Consell plantea una Estrategia Valenciana para la Recuperación que desplegará 410 proyectos hasta 2027 con un presupuesto global de 21.134 millones de euros. Este proyecto es la primera concreción del gran acuerdo valenciano para la recuperación y está alineado con las prioridades de la Unión Europea y con las medidas pactadas con agentes sociales, institucionales y con las Cortes. La estrategia contempla acciones que giran en torno a cinco grandes ejes estratégicos: cuidado de las personas e inclusión social; empleo, conocimiento e investigación; transición ecológica y cohesión territorial; resiliencia económica y transformación digital y Administración eficiente. Ayer, una representación del Consell acudió a Moncloa para dar a conocer estos proyectos e «influir desde la mirada valenciana en el diseño del Plan Nacional que España empieza, este mes de octubre, a negociar con la Comisión Europea».
Las medidas sanitarias fueron, sin lugar a dudas, las más aplaudidas por los grupos parlamentarios. Con una intervención que se prolongó durante una hora y 22 minutos, Puig repasó algunas de las decisiones adoptadas desde 2015 y dio a conocer importantes anuncios como prorrogar seis meses más los contratos realizados durante la pandemia, más consultas abiertas por las tardes en los centros de salud, y se comprometió a que antes de que acabe el año los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de residencias públicas que están trabajando contra el virus recibirán una paga adicional como reconocimiento. También se reformará la arquitectura de la sanidad valenciana con un nuevo Servicio Valenciano de Salud.
Unidad de acción
«Es la hora de los puentes, no de los muros», señaló el presidente para pedir unidad de acción ante la «excepcionalidad» del actual momento histórico. «No tendría ningún sentido haber pactado los acuerdos de Alcem-nos y ahora, a la hora de la verdad, no concretarlos en las grandes decisiones que nos aguardan», agregó. En este espíritu de unidad, el presidente siguió profundizando en su relación con Ciudadanos, incluyéndolo en la negociación presupuestaria y, con ello, desgastando la paciencia de sus socios de Gobierno, sobre todo de Compromís, que ya se encargó de tensar esta negociación incluso en redes sociales. Por su parte, Isabel Bonig afirmó que «nos llevó a la oscuridad en la pasada legislatura y vamos camino del caos» con una intervención que, aunque comenzó ofreciendo su mano tendida para pactar con el Botànic II los presupuestos de la Generalitat de 2021, se caracterizó por sus duras críticas a la gestión del presidente. También Toni Cantó se mostró escéptico con los más de 21.000 millones prometidos por Puig para la estrategia de recuperación al depender de los fondos de la UE y del reparto que haga el Gobierno. Por su parte, el síndic de Compromís Fran Ferri destacó la importancia de reforzar las políticas y servicios públicos, y pidió valentía para optar por un nuevo modelo económico. La síndica de Unidas Podemos, Naiara Davó, aseguró que «no hay alternativa al Botànic». Los dos socios incrementaron la presión para marcar territorio y, en definitiva, alejar al PSPV de Ciudadanos.
FISCALIDAD VERDE, NUEVOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
Los portavoces insisten en la necesidad de reivindicar ante el Gobierno central un nuevo sistema de financiación
Entre las propuestas acordadas por los grupos del Botànic se encuentra reivindicar ante el Gobierno central un nuevo sistema de financiación autonómica y, hasta que se ponga en marcha, pedir un fondo de compensación. También insisten en revisar y reordenar las deducciones autonómicas del IRPF, teniendo en cuenta la capacidad económica de los diferentes tipo de contribuyentes y aplicando una mayor progresividad. En el documento pactado al que tuvo acceso este diario, los grupos parlamentarios destacan la importancia de implantar políticas en el ámbito de la fiscalidad verde, considerando la creación de nuevos impuestos y estableciendo deducciones por favorecer la transición ecológica conforme las directrices de la Unión Europea. Además, impulsarán la participación de la sociedad civil en el ámbito de la gestión tributaria a través del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana, incidiendo especialmente en la sensibilización fiscal y en la promoción de la educación ciudadana sobre las actuaciones tributarias. En esta propuestas, las Cortes también instan al Consell a desarrollar actividades con empresas, universidades y centros de investigación para acelerar la transformación tecnológica del tejido productivo.
EL PRESIDENTE DENUNCIA EL «PROCÉS INVISIBLE» DE MADRID Y SU «DUMPING FISCAL INJUSTO»
El dirigente dice que el «efecto capitalidad» ha convertido Madrid en «una gran aspiradora» que absorbe recursos
«Es necesaria la España que supere la barrera simbólica de la M-30 y aglutine las distintas miradas territoriales que la conforman», indicó ayer Puig en su discurso en el debate de política general de las Cortes, en el que subrayó que «España o es diversa o no será».
Justo en el momento en el que se está cuestionando el papel de Madrid a nivel nacional, el dirigente quiso dejar claro que no se trata de un debate identitario o de esencias simbólicas: «No estamos en la hora de las banderas que tapan desigualdades», sino que se trata de «igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad». Y aseguró que «España necesita reencontrarse y repensarse en su esencia y en su arquitectura institucional. El sistema autonómico que la Constitución situó en el corazón de nuestra institucionalidad precisa una actualización. Y esta no pasa por la recentralización», destacó. «No estamos contra nadie. Pero tampoco estamos dispuestos a resignarnos. Es urgente evitar que estas desigualdades vayan creciendo a costa del resto de España», dijo Ximo Puig mientras pedía un reparto más justo de los recursos y las oportunidades como solución para cohesionar la España plural,diversa y real. El presidente de la Generalitat tiene la voluntad de liderar un nuevo eje político para defender sus múltiples identidades y respetar sus diferencias. Con la cogobernanza que se reflejó en las conferencias de las presidencias autonómicas como base, Puig abogó por una reforma territorial que atienda las insuficiencias financieras de los valencianos.
Según subrayó, el «efecto capitalidad» ha convertido Madrid en «una gran aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales» en detrimento de la igualdad de los territorios que conforman España. Y añadió que «Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje, lo que implica la emigración fiscal de personas y empresas hacia adentro de la M-50». Ximo Puig terminó denunciando el «procés invisible» de Madrid y su «dumping fiscal injusto».
