Aunque la pandemia impone otras prioridades, no abordar la imprescindible reforma del sistema de financiación autonómica «condicionaría las respuestas a la crisis que pueden aportar las distintas administraciones». Esta es una de las principales conclusiones de la jornada de trabajo sobre la reforma de la financiación territorial celebrada ayer en el Senado, donde especialistas de toda España reclamaron, al menos, una reforma parcial de urgencia que vaya paliando el maltrato histórico que arrastran las autonomías peor financiadas, como la Comunidad Valenciana. El grupo de expertos reunidos en el encuentro organizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Fundación Internacional Olof Palme es consciente de que la crisis generada por el coronavirus tenderá a retrasar la reforma de la financiación territorial, pero, si no se implementan medidas transitorias, los problemas de liquidez de los territorios con menos recursos se agravarán, a tenor de los posibles efectos de la crisis sobre los ingresos tributarios de los distintos territorios. Con menos ingresos propios y sin ayuda «extra» urgente enviada por el Gobierno central, la Comunidad Valenciana corre el riesgo de hacer crónico su retraso y quedarse a la cola de la financiación mucho más tiempo, apuntan.

Entre los distintos organismos que colaboraron en la jornada estuvo el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuyo director de Investigaciones, Francisco García, aseguró que, dada la gravedad de la situación actual, «si se aplaza la reforma por las circunstancias actuales», es necesario « inyectar recursos adicionales a las comunidades autónomas peor financiadas porque son las que están más limitadas para abordar los servicios fundamentales y abordar los retos de la recuperación». Pérez, que ejerce la labor de presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación de la Comunidad Valenciana, comentó en una de sus dos intervenciones en la jornada que existen «razones de mucho peso parea abordar la reforma». La primera es que cada ejercicio que se continúa igual «mantenemos cuestionado el compromiso de la Constitución de igualar territorios». Y la segunda, que esta disparidad de recursos pone en riesgo que las comunidades autónomas «puedan hacer frente a sus retos de desarrollo». Según señalaron los expertos en su última comparecencia en las Cortes, la «urgencia» valenciana para poder afrontar la recuperación se cifraría en 1.336 millones de euros. Esa es la cantidad que nos separa de la media.

Un paso adelante

Uno de los organizadores de la jornada, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, aseguró que aceptar una reforma parcial del sistema supondría «un paso adelante» que, aunque sea «insuficiente, es un peldaño» que se sube en el largo camino que se debe acometer para equiparar territorios. De la Fuente incidió en un aspecto que hoy en día marca la hoja de ruta de cualquier gobierno. El tema no es de cuánto dinero se quiere disponer, sino «qué nivel de servicios quiero ofrecer», aseveró.

En todo caso, para avanzar en esa modificación urgente, los expertos consideran que es necesaria una reforma coordinada de todos los elementos del sistema de financiación territorial, incluyendo los de las comunidades autónomas de régimen común y foral -Navarra y País Vasco- y los de las distintas corporaciones locales. Otro consenso se debe establecer a nivel político, puesto que «conviene comenzar por buscar un pacto entre partidos», aseguran.

A partir de ese acuerdo, tanto a nivel institucional como político, el grupo de especialistas en financiación plantea que la reforma ha de hacerse con criterios de equidad, responsabilidad, transparencia y gradualidad. Un reparto más equitativo de recursos entre territorios debe aproximar el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos. Por otro lado, hay que dar más instrumentos fiscales a las distintas administraciones para gestionar sus ingresos y exigirles mayor responsabilidad sobre la financiación de sus gastos. Además, el sistema debe ser simple y transparente, comprensible y accesible para el ciudadano. Y, por último, es necesario establecer períodos transitorios para que los efectos de las reformas se produzcan de forma gradual, especialmente si son a la baja, caso este último que afecta, al 100%, a la Comunidad Valenciana.