La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ampliará a partir del próximo año las cuantías de la renta valenciana de inclusión para mujeres prostituidas y que se encuentren en situación de explotación sexual hasta equipararlo al importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supondrá un incremento de 300 euros. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en el que recordó que la Ley Integral contra la Violencia Sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana considera la explotación sexual «como una forma de violencia de género».

A través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se va a implementar una modificación para que en el caso de la Renta Valenciana de Inclusión, el 70 % del SMI establecido se amplíe hasta el 100 % en el caso de las mujeres prostituidas que se encuentren en una situación de explotación sexual, según anunció la Conselleria.

Oltra señaló que, a pesar de no existir datos oficiales, se estima que cerca de 100.000 mujeres son prostituidas en España. La pandemia, añadió, ha evidenciado «la gran vulnerabilidad en la que viven las mujeres prostituidas», una situación que se agravó tras el confinamiento porque «muchas de ellas fueron abandonadas en la calle sin lo básico para poder subsistir», añadió antes de destacar la necesidad de ayudar a estas mujeres para que puedan acceder al SMI completo. El objetivo es, según Oltra, facilitar «un proyecto de vida independiente y alternativo que les permita salir de la situación de explotación sexual en la que viven y alejarse de la red de trata».

Dentro de la campaña contra la explotación de mujeres iniciada en agosto, la Generalitat ha revisado 294 clubes de alterne (123 en Valencia, 146 en Alicante y 25 en Castellón), sancionando a 60 de ellos y decretando la clausura de una docena. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, fue más allá ayer y pidió «prohibir» la prostitución para acabar con estos locales.

En esa línea, más de 50 colectivos aglutinados en el Front Abolicionista del País Valencià, se concentraron ayer en València para exigir una ley abolicionista que penalice a los «puteros» y un programa integral que ayude a las mujeres prostituidas a «escapar del infierno».