El PP y Compromís han entrado en terreno movedizo en la Diputación. En esta maraña judicial y política que han tejido, una confusión en el número de sala de los juzgados provocó ayer que el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, no acudiera a la celebración del acto de conciliación, previa a la interposición de una querella criminal anunciada por el PP, por un presunto delito de injurias y calumnias. El PP acusa a Fullana de realizar manifestaciones «inveraces» y utilizar términos peyorativos en referencia a la falta de justificación del dinero transmitido desde la institución provincial.

Fullana acudió ayer al juzgado a ratificarse en sus declaraciones sobre la no acreditación de facturas en el ingreso de la subvención de más de 700.000 de la Diputación de Alicante al grupo del Partido Popular, de los cuales Compromís considera que cerca de medio millón de euros están sin fiscalizar. Tras comparecer ante los medios de comunicación para seguir expresando sus dudas sobre la contabilidad del PP, un error en el número de sala provocó que accediera tarde al acto de conciliación. Con ello, se dictó la desavenencia, tal y como estaba previsto. Tanto los servicios jurídicos de Compromís como los del PP quisieron dejar claro a este medio que esta falta de acuerdo va a producir los mismos efectos legales que si se hubiera reafirmado, con la correspondiente interposición de la querella por injurias.

El abogado del PP, Emilio Fernández Escudero, aseguró que las instrucciones son las de seguir adelante con el proceso e interponer una querella criminal contra Gerard Fullana, aunque también indicó que es un tema que se valorará en profundidad por parte de Carlos Mazón y Eduardo Dolón. El abogado recordó que este proceso se ha iniciado al considerar que el portavoz de la coalición había excedido el límite de la libertad de expresión «a la vista de las continuas manifestación contra el PP de la Diputación, contra su presidente y también contra los funcionarios». Según aclaró Emilio Fernández Escudero, «nos hemos presentado a este acto de conciliación para pedir que se retractara, pero estaba citado en la sala y pese a hacer varios llamamientos no ha comparecido».

Por su parte, los servicios jurídicos de Compromís precisaron que la demora fue de siete minutos por una confusión en el número de sala tras pasar en dos ocasiones el protocolo sanitario. El abogado Ximo Perles apuntó que «estamos deseando que el PP se siente como demandante con la obligación de responder y de decir la verdad». La coalición recordó que el PP es la única formación de la institución que «no ha hecho un streaptease contable de sus cuentas», motivo por el cual Compromís presentó una reclamación al Síndic de Greuges pidiendo amparo, quien trasladó la petición a la institución.