El margen que tienen las autonomías para regular impuestos ha abierto la puerta a las hostilidades territoriales. Así lo ha evidenciado Ximo Puig esta semana al poner el foco en los efectos nocivos de la capitalidad de Madrid para denunciar el dumping fiscal y las asimetrías del sistema entre las autonomías que más reciben y las que menos. Un nuevo informe del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLab), en colaboración con Presidencia de la Generalitat, ha analizado los efectos secundarios que esta situación provoca sobre el resto de economías regionales y las consecuencias que la situación sanitaria está teniendo sobre la economía española y, en particular, sobre la valenciana.
Mientras la Generalitat defiende que la bajada de impuestos que aplican algunas comunidades para luego pedir más recursos al Gobierno actúa en detrimento de la igualdad entre regiones, los empresarios de la provincia, también en contra de las asimetrías, reivindican que la situación se regularice, a la baja, para evitar que las desigualdades territoriales que puedan provocar algunas zonas crezcan a costa del resto de España. Y Madrid está en el centro de todas las miradas. Una de las vías por las que la capital refuerza su posición actual gracias al sector público es la política de competencia fiscal que han desarrollado sus gobiernos en las última década, caracterizada por reducir los tipos efectivos de varias importantes figuras tributarias. El informe del Ivie concluye que, para su despegue, Madrid se ha beneficiado del efecto de la capitalidad para aumentar las distancias entre ricos y pobres y la divergencia de rentas respecto a otras autonomías, utilizando su capacidad normativa en ciertos tributos para introducir beneficios fiscales, especialmente en el IRPF, el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si se cuantifican los gastos fiscales que representan estas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño.
Después de que el presidente de la Generalitat denunciara esta semana, en el debate de política general, las asimetrías económicas entre regiones y, concretamente, el efecto capitalidad, que ha convertido a Madrid «en un generador de diferencias y desigualdades con un procés invisible y un dumping fiscal injusto», el amplio equipo formado por investigadores y técnicos del Ivie, junto con otros colaboradores externos, ha hecho público un análisis para estudiar la trayectoria de la Comunidad de Madrid. Por un lado, aconsejan limitar la competencia fiscal, lograda como consecuencia de una etapa en la que las actividades privadas han sido las indiscutibles protagonistas. Según defienden los expertos, esta tendencia debería «no solo frenarse» sino «combatirse» para promover el equilibrio territorial.
La desigualdad de condiciones para abordar la recuperación de la que habla el informe fue uno de los principales argumentos utilizados por Ximo Puig en las Cortes ante los grupos parlamentarios. La clave de su relato político va a centrarse, a partir de ahora, en la confrontación con Madrid, alejándose del centralismo y tratando de liderar un nuevo eje territorial en España. La partida reivindicativa del Consell al Gobierno central es de 1.325 millones al año para cubrir las competencias que tiene y que el sistema de financiación le niega. Pero ni recibiendo ese dinero la Generalitat podría bajar impuestos como lo hace Madrid. Ese es el argumento en el que Puig se basa para destacar la importancia de la infrafinanciación de la Comunidad: «No todos partimos con los mismos pigmentos para darle color a la fotografía», aseguró el jefe del Consell. En base a estos datos, la Generalitat quiere alzar la voz para denunciar que Madrid se ha convertido en una «gran aspiradora» que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia.
El 29% de los trabajadores públicos estatales se concentra en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde, «lo que implica un plus poblacional y de oferta laboral de la M-50 para adentro». Estos efectos, según Puig, son demoledores: pérdida de trabajo, bienestar y prosperidad «de la M-50 hacia fuera». También advierte el Ivie que sus rebajas fiscales provocan la emigración de personas y empresas, y que estas bajadas son más fáciles de asimilar por los presupuestos autonómicos gracias al dinamismo y los niveles de renta y riqueza de Madrid, «pues estos factores generan un crecimiento de sus bases tributarias que minora el impacto de las rebajas fiscales sobre los ingresos totales de la Comunidad».
Y, ante eso, ¿qué opina el tejido económico de la provincia de Alicante? La bajada de impuestos de Madrid y sus consecuencias sobre las otras autonomías es un problema que afecta de lleno a los empresarios de la provincia, quienes defienden que las políticas de presión fiscal bajas deben ser imitadas y reconocen que estas diferencias son un perjuicio para la competitividad de las empresas de la provincia, que no tienen esas ventajas. Todos coinciden en que, en esta situación de excepcionalidad provocada por el coronavirus, es fundamental regularizar la competencia fiscal y ajustar los gastos para poder crear empleo y ser capaces de aportar prosperidad. Sin ir más lejos, Perfecto Palacio, presidente de CEV Alicante, subraya que, «si reducimos las cargas, daremos la oportunidad de invertir. La situación es muy complicada en estos momentos y no escuchamos más que anuncios para subir los impuestos con la incertidumbre que eso provoca». Mientras, Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, considera que existe un agravio comparativo con Madrid, el País Vasco y Navarra. «Han introducido unos beneficios para que parte de las empresas puedan desplazarse allí. Hay que ordenar el sistema para evitar una competencia desleal entre comunidades», apunta.
También Antonio Fernández, presidente de la patronal de los promotores (Provia), aboga por una fiscalidad «justa y necesaria» y considera que abusar de la misma genera caídas de recaudación. «Esta Comunidad no tiene un tratamiento fiscal suave y el presidente Puig lo sabe porque se lo hemos dicho», a lo que añade que «aumentar los impuestos del tipo que sea es no entender lo que está ocurriendo». Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Maite Antón, considera que la injusticia por la infrafinanciación que sufre esta Comunidad no puede revertirse contra el ciudadano: «Las empresas no queremos irnos a ningún otro sitio porque haya impuestos más bajos. Sentimos este territorio, pero debemos igualarnos en lo bueno y fomentar la actividad económica y el empleo. No es justo que haya desigualdades dentro del mismo país», sostiene.
Por otra parte, el profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante Alfredo Masó incide en la importancia que puede llegar a tener la infrafinanciación y en la necesidad de que Europa regularice la situación para que no exista dumping fiscal: «Esto no puede desembocar en una guerra para empobrecer al vecino. Es necesario poner en marcha cuanto antes mecanismos de equidad y no entrar en el juego sucio», puntualiza.
