PP, Cs, PSOE y Compromís han enterrado el hacha de guerra y han comenzado ya a vislumbrar las prioridades del presupuesto de la Diputación de Alicante para 2021. Los portavoces exhibieron ayer una unidad de acción inédita en la primera reunión en la que se sentaron a trazar la hoja de ruta tras la pandemia del coronavirus.

Uno de los temas que los grupos acordaron fue la creación de un Fondo Social Municipal dotado con 5 millones del que se beneficiarán los ayuntamientos y con el que se dará cumplimiento al desarrollo en la provincia de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Así lo trasladaron los diputados del equipo de gobierno, Eduardo Dolón y Javier Gutiérrez, a Gerard Fullana, portavoz de Compromís, y Patricia Maciá, representante del grupo socialista.

Este nuevo fondo contará con cinco millones de euros y se dotará, en parte, con los recursos que se liberen del traspaso de las competencias impropias en materia social que tiene asumidas la Diputación a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En este sentido, 1,2 millones de euros procederán de la partida destinada hasta ahora al servicio de teleasistencia, que asumirá a partir del próximo mes de diciembre el departamento que dirige la consellera Mónica Oltra. Este programa cumple con los compromisos que el presidente Carlos Mazón y la vicepresidenta adquirieron en la mesa de diálogo abierta entre ambas administraciones para avanzar en la ordenación y traspaso de competencias en materia social. El diputado de Economía, Eduardo Dolón, presionó a Ximo Puig para llegar a un acuerdo respecto al resto de competencias sanitarias que asume la institución provincial, al igual que se ha hecho con la líder de Compromís. Al respecto, Dolón afirmó que «otros responsables del Consell deberían darse más prisa y trabajar como lo hace Oltra, porque, si conseguimos alcanzar un acuerdo antes de final de año, podremos materializarlo en el presupuesto».

Otro de los temas planteados y que se convertirá en una reivindicación constante es el bloqueo por parte del Gobierno central del superávit de 2019 y del uso de los remanentes. Los portavoces de PP, Ciudadanos y Compromís denunciaron que, a las puertas del último trimestre del año, aún no se dispone del decreto para desbloquear estos fondos. Por su parte, los socialistas exigieron que se apliquen ayudas sociales dirigidas a los ayuntamientos, que se reabra el debate de la despoblación y que la Diputación se adhiera al Fondo de Cooperación. La propuesta de gestión de Compromís pasa por crear cinco planes estratégicos y dotarlos económicamente para que los pueblos puedan hacer frente a incendios, obras hídricas especiales, subvenciones para la adecuación de centros educativos y zonas verdes, y, por último, la coalición exige que el equipo de gobierno mantenga sus promesas con la Conselleria de Bienestar Social.