La relación de Ximo Puig y Carlos Mazón ha estado salpicada de conflictos desde sus inicios. La voluntad de diálogo con la que iniciaron este mandato brilla por su ausencia después de que los dirigentes hayan sembrado un enfrentamiento que ahora no dejan de sacar a la superficie. Justo ese es el propósito que persigue el presidente de la Diputación de Alicante con una nueva estrategia que confirma su distanciamiento y desconfianza absoluta con el Consell. Carlos Mazón trazó ayer un ataque dirigido a la línea de flotación de Ximo Puig. El dirigente provincial liderará un movimiento para crear una comisión de seguimiento desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para supervisar el cumplimiento de los acuerdos recogidos en el plan Alcem-nos para la reconstrucción de la Comunidad.

Si hace solo unos días Mazón sacaba todo su arsenal para criticar el Fondo de Cooperación que impulsa el Consell, ahora ha encontrado una nueva oportunidad para erigirse en ariete del PP contra la Generalitat. Y lo hace con el proyecto estrella del presidente de la Generalitat, el primer gran acuerdo que se firmó en agosto con los ayuntamientos, diputaciones y agentes sociales de la Comunidad Valenciana para la recuperación tras la pandemia. El también portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad, Carlos Mazón, se trasladó ayer a València para reunirse con la presidenta del PP en la Comunidad, Isabel Bonig, y anunciar la creación de esta comisión de seguimiento desde el PP de la FVMP. El objetivo es que supervise el cumplimiento de los acuerdos que Ximo Puig presentó justamente en Alicante y que son fruto de la Mesa de Diálogo Social para trazar el perfil socioeconómico de la recuperación valenciana tras la pandemia.

Los dirigentes coincidieron en poner en marcha cuanto antes las 303 medidas acordadas por las diputaciones provinciales, la FVMP, los alcaldes de València, Alicante, Castellón y Elche, el Foro de Municipios del Interior y la Comisión de Mancomunidades de la FVMP. «El pacto lleva aprobado dos meses y necesitamos que se ejecute sin más dilación porque la sociedad valenciana necesita respuestas urgentes», señaló ayer el dirigente provincial. Esta comisión estará coordinada por Carlos Mazón y estará formada por tres alcaldes, uno por cada provincia, que se encargarán de analizar y vigilar la puesta en marcha de las medidas contenidas en el pacto y reclamar la ejecución, agilidad e impulso de las propuestas que afectan a cada una de sus provincias. De esta manera, Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello, será el representante de Alicante; Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, será la representante de Castellón; y Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, la de Valencia. En este sentido, se encargarán de «hacer una escucha activa de las necesidades de los municipios» para conocer si el Botànic está ejecutando las medidas propuestas. Con ello, el presidente de la Diputación profundiza en la fractura abierta en sus relaciones con el Consell y, de nuevo, gana perfil propio al autoproclamarse coordinador de esta nueva iniciativa que, en definitiva, persigue fiscalizar y sacar a la luz los incumplimientos de este pacto.

Se trata, según destacaron Isabel Bonig y Carlos Mazón, de que el acuerdo alcanzado por instituciones y municipios, «no quede en una mera declaración de intenciones, sino que sea la hoja de ruta para que la Comunidad pueda volver a ponerse en marcha». Según dijeron, «queremos que el documento sea una herramienta efectiva y realista, a la altura de las necesidades de los ciudadanos, que esté respaldado por una consignación presupuestaria y que cuente con un calendario de ejecución». Esta decisión se ha tomado coincidiendo con la celebración de la junta de portavoces de FVMP, donde también se abordó la posibilidad de crear una comisión formada por todos los grupos políticos. El PP ha solicitado que dentro de la misma se nombre a responsables de cada una de las áreas contenidas en el acuerdo para que puedan ejercer su labor de control y seguimiento.