El presupuesto para el Instituto Gil-Albert y la apertura del centro Doctor Esquerdo generaron ayer un tenso cruce de acusaciones en el pleno de la Diputación de Alicante. Si el debate público en la primera ola del coronavirus se centró en la importancia del diálogo político, ahora las tornas han cambiado y los grupos huyen de la idea de que el consenso es bueno por sí mismo, sobre todo en temas que no están vinculados con el covid. Los partidos abrieron ayer el fuego en la sesión plenaria, celebrada telemáticamente, y evidenciaron que están muy lejos de la unidad. El origen fue el habitual: falta de diálogo a la hora de alinear las prioridades presupuestarias.

Aunque los portavoces han remado en la misma dirección para minimizar los efectos de la crisis y, de hecho, ayer acordaron una declaración institucional para exigir al Gobierno que libere los remanentes de tesorería, en el resto de puntos del día las discrepancias fueron más que evidentes. El principal punto de fricción fue la petición de la auditoría del Instituto Gil-Albert, propuesta por Compromís y secundada por el PSOE, para impulsar un estudio que permita que la investigación y la promoción cultural tengan un papel hegemónico en las cuentas anuales. Los datos que denuncia la coalición son categóricos: del total del presupuesto en 2020 (1.393.301 euros), 838.000 se van directamente a gasto de personal y asistencia rectora (583.190 euros + 258.000 euros) y apenas un 20% al objeto social del instituto. Los valencianistas presentaron una moción, que fue rechazada por PP y Cs, para que la Diputación se planteara la idoneidad de la selección de los subdirectores, denunciando que hay cinco cargos de PP y Ciudadanos «sin ninguna experiencia cultural, y que resulta contraria a los estatutos». Con el argumento de que el gasto de personal y por asistencia rectora centra un 60% del presupuesto y que solo se dedica a la promoción cultural y académica un 20% del total, el bloque de la izquierda incidió en el uso de este órgano con propósitos políticos. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Julia Parra, puso el ventilador en todas las direcciones con el caso Divalterra y defendió la gestión cultural, asegurando que todos los pasos que se han dado son públicos, incluido el nombramiento del equipo que acompañará durante esta mandato a la dirección. Como es habitual, el debate terminó con un ataque frontal entre el presidente, Carlos Mazón, y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Mientras Mazón salió en defensa de su socio de gobierno cuestionando el apoyo a esta provincia del conseller Vicent Marzà, a quien pidió que apueste por la cultura alicantina, Fullana denunció la inacción del PP en cuestiones como las ayudas a los autónomos, la DANA, el Fondo de Cooperación o las inversiones a los pueblos. Pero no fue este el único motivo de crispación. Otro de los puntos que más bronca provocó fue la apertura del Doctor Esquerdo. Los grupos no lograron ponerse de acuerdo para exigir a la Conselleria de Sanidad que posibilite la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo centro, como hospital de salud mental y tratamiento de toxicomanías, tal y como pedía el PP y Ciudadanos. Según argumentó el diputado Juan Bautista Roselló, el centro «cumple todos los requisitos que eran exigibles, técnica y legalmente, por lo que la decisión de la Generalitat del pasado mes de septiembre de denegar su apertura está totalmente infundada».

Ni siquiera salió adelante una de las mociones que previsiblemente estaban más consensuadas. PP y Ciudadanos no aprobaron la propuesta de los socialistas para crear un foro de alcaldes con el fin de promover la puesta en común de experiencias, como un espacio de reflexión y cooperación. El equipo de gobierno presentó una enmienda a la totalidad contra este acuerdo al considerar que el futuro reglamento orgánico, que ayer fue entregado en la junta de portavoces a la oposición, ya contempla la participación de los alcaldes en la política provincial a través de iniciativas como el «Escaño 32».

Siguiendo la misma tónica de todo el pleno, los portavoces terminaron enzarzados y dedicándose palabras altisonantes en el debate sobre una moción conjunta del PP y Cs que instaba al Gobierno a aprobar una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata la ocupación ilegal de vivienda.

UN REGLAMENTO QUE INTRODUCE EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA


PP y Ciudadanos anuncian la creación de la figura del «Escaño 32» para recibir las preguntas de los regidores


La Diputación de Alicante tiene previsto aprobar en el próximo pleno ordinario de noviembre su primer reglamento orgánico, un texto que regula la organización y funcionamiento de la Corporación provincial y que introduce como principales aspectos el fomento de la participación de los alcaldes y los ciudadanos en la política provincial, introduciendo figuras como la iniciativa popular y el «Escaño 32», y la celebración de un debate anual sobre el estado de la provincia.

El portavoz del gobierno de la Diputación, Adrián Ballester, y el diputado de Infraestructuras y portavoz del grupo Ciudadanos, Javier Gutiérrez, presentaron ayer en la junta de portavoces el borrador de esta nueva norma para su estudio y para recabar aportaciones antes de su aprobación, prevista para el pleno de noviembre. El nuevo reglamento fija los aspectos sobre la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, así como el estatuto de los miembros de la Corporación y el personal directivo. «Con este documento estamos dando cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y eficacia, al tiempo que nos adaptamos a las necesidades actuales, impuestas por la incorporación de las nuevas tecnologías a la administración» explicó Ballester.

El primer reglamento orgánico establece, además, la celebración una vez al año, salvo el que se celebren elecciones municipales, de un debate del estado de la provincia, «cuya función es fijar las necesidades y perspectivas de esta en el marco de las competencias de la institución», dijo Ballester. En el apartado dedicado al pleno destaca, principalmente, la propuesta en la que el presidente podrá conceder durante el pleno la palabra al público. Además, finalizado el pleno se pasará al «Escaño 32», consistente en poder intervenir hasta un máximo de tres alcaldes para formular preguntas.