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El Consell admite el bloqueo de la ley para ordenar el sector público tras cinco años

La secretaria autonómica de Modelo Económico sostiene que «técnicamente está y políticamente se decidirá cuando toque». El PSOE y el PP se echan en cara la deuda acumulada por las entidades de la Generalitat, con un presupuesto que este año supera los 2.700 millones

María José Mira y la diputada del PP Eva Ortiz, presidenta de la comisión de Economía de las Cortes.

María José Mira y la diputada del PP Eva Ortiz, presidenta de la comisión de Economía de las Cortes.

Fue uno de los mayores caballos de batalla esgrimidos por los partidos de izquierda mientras estaban en la oposición. El «engorde» de la Administración creando entidades públicas, fundaciones, y consorcios donde recalaron cientos de empleados contratados por el PP formó parte de multitud de debates. Era la guerra contra los «chiringuitos» que crecieron en torno a un sector público que acumuló mucha más deuda que resultados. Cuando las fuerzas de izquierda llegaron al poder y formaron el Govern del Botànic en 2015, uno de sus primeros compromisos fue crear una Ley del Sector Público Instrumental que sirviese para ordenar esta maraña de entes, que llegaron a rondar los 70. Sin embargo, cinco años después, esa supuesta iniciativa legislativa no se ha puesto en marcha y ni siquiera se ha trasladado a un anteproyecto para enviar a las Cortes. Es más, siguen existiendo 60 entidades, ya que en este lustro, con el Botànic, se ha extinguido siete entes y se han creado otros cuatro.

La comparecencia de la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en las Cortes -solicitada por el Partido Popular-, sirvió para aclarar la situación actual y el proceso de reestructuración del sector público valenciano. «Técnicamente está y políticamente se decidirá cuando toque», alegó, admitiendo el bloqueo de este texto normativo. Esta vez Mira no acudió a la sede parlamentaria para dar cuenta de las compras realizadas para hacer frente al covid-19, una gestión de la que ella es la responsable directa nombrada por Ximo Puig. Esta vez a Mira le tocó escuchar como le acusaban de «fracaso», de «mentir» y de «hacer trampas» con una gestión que ella defendió por haber «cumplido» su compromiso de redactar el borrador de la Ley del Sector Público a la que no se le ha dado «prioridad» en el parlamento valenciano. Es más, la secretaria autonómica le dijo a la oposición que «no les quite el sueño» esa anunciada ley puesto que todo ese campo ya está regulado en normas de rango inferior.

Esta parálisis del proyecto legislativo se le puso en bandeja al PP para afirmar, en boca de su diputado Rubén Ibáñez, que dicha ley lleva cuatro años «en lista de espera», más tiempo algunas demoras que se acumulan en Sanidad. Para el parlamentario popular, esta falta de voluntad política para sacar adelante una ley se califica de «fracaso», puesto que el Botànic «solo tenía que hacer una ley y no la ha hecho», lamentó.

Tanto Ciudadanos como Vox también echaron en cara el escaso interés por «adelgazar» la Administración y abandonar el «desorden caótico» del sector público, críticas a las que María José Mira replicó asegurando que estos organismos están sometidos a «un control permanente»

Sin una ley que regule todos estos entramados administrativos, para este 2020 el presupuesto total del sector público instrumental valenciano asciende a 2.702 millones de euros, casi 700 millones más que lo que costaba en 2015. En la actualidad se mantienen 60 entes, de los que 13 son organismos autónomos, 11 entidades de derecho público, 4 entidades públicas empresariales, 11 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y 6 consorcios. De todos ellos hay seis en proceso de extinción, como la Fundación Ciudad de la Luz. En la etapa del Botànic se han extinguido otras siete entidades y se han creado cuatro. Actualmente no hay previsión de eliminar ninguno de los 39 que están bajo la competencia de María José Mira. De hecho, aseguró que más del 80 % del personal del sector público instrumental presta «servicios esenciales».

Unanimidad para recuperar la feria de calzado en IFA

En la misma Comisión de Economía de las Cortes, todos los grupos aprobaron por unanimidad una proposición no de ley presentada por el socialista Francis Rubio para recuperar la feria del calzado en la Institución Ferial Alicantina (IFA), que dejó de celebrarse en 2000 y se fue a Madrid. La iniciativa cuenta con el apoyo de los empresarios del calzado, de ayuntamientos con producción zapatera y del Consell que apoya esta feria para hacer frente al covid.

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