El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela ha anunciado que una de las propuestas que llevarán al pleno de octubre será que el consistorio exija responsabilidades a los ediles que con su voto favorable declararon desierto el concurso público de licitación del servicio de limpieza en 2007. Una gestión que ha desembocado en una resolución judicial que obliga ahora al consistorio a pagar 4,7 millones como compensación a la empresa Urbaser por aquella gestión. Una de las concejalas que participó de la operación es Eva Ortiz, actual número dos regional del PP y la única de aquel grupo municipal que sigue en la política activa.

La portavoz socialista en el consistorio oriolano, Carolina Gracia, ha adelantado que, tras las conversaciones con el Grupo Cambiemos Orihuela, propondrán de forma conjunta al pleno que se inicie por los servicios jurídicos del consistorio la solicitud formal de responsabilidad por el voto de los ediles del Partido Popular por el que se declaró desierto ese proceso de licitación del servicio de limpieza del municipio en el año 2007.

Desde las filas socialistas, con su portavoz a la cabeza, aseguran que “es responsabilidad de la corporación el velar por los intereses generales de todos los vecinos y por eso esperamos que el resto de grupos acepte que quienes deben costear los más de 4,7 millones no sea el pueblo de Orihuela sino los que políticamente y con su voto tomaron una mala decisión, entre ellos la señora Eva Ortiz”.

Los socialistas proponen que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Orihuela inicien los trámites para que en el caso de que una vez examinada la información, documentación y la sentencia, el consistorio pida en los juzgados esa responsabilidad con el objetivo de que los ediles del PP, entre ellos Eva Ortiz, paguen de su bolsillo aquella gestión. ”Es una buena noticia que ambos grupos estemos de acuerdo en exigir lo que entendemos es lo más justo para con la ciudadanía que nada tuvo que ver en la decisión política que el consistorio mantuvo y que claramente atenta contra el interés general”, concluye Carolina Gracia.