La práctica totalidad de los ayuntamientos alicantinos, unos 120 de los 141 municipios, ya han dado su apoyo, por acuerdo plenario, a la recuperación del Derecho Civil valenciano. La intensa campaña que lleva desarrollando desde hace tempo la Associació de Juristes Valencians, dirigida tanto a las Cortes como al municipalismo, está dando sus frutos y cada vez es mayor el consenso social en torno a unas normas jurídicas que dotarían de mayor margen de acción al autogobierno valenciano, al igual que ocurrió entre 2008 y 2016.
Cerca de 500 ayuntamientos de toda la Comunidad -lo que representa una población de 4,9 millones de ciudadanos-, las tres diputaciones y las principales instituciones económicas, sociales y universitarias del norte al sur del territorio, desde el Maestrat a la Vega Baja, apoyan esta recuperación de un derecho foral que se aplicó en el Reino de Valencia, y que ahora apoyan incluso municipios castellanoparlantes como Orihuela, Villena o Sax.
Precisamente en Orihuela, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha tenido lugar esta tarde la jornada titulada el "Autogobierno valenciano: una mirada desde el sur de la Comunitat Valenciana". Organizada por la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat, durante toda la tarde, profesores y catedráticos de Derecho han estado debatiendo sobre los pormenores que supone la recuperación del Derecho Civil valenciano a través de una reforma de la Constitución. El objetivo de la Associació de Juristes Valencians, según explica su presidente, José Ramón Chirivella, es que la reforma constitucional se empiece a tramitar en 2021 para que todo el proceso pueda estar acabado en esta legislatura, antes de 2023.
La última mesa redonda ha contado con tres políticos, el senador del PP, Pablo Ruz, la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno (PSOE), y Gerard Fullana, y el portavoz en Diputación de Compromís. Estas tres fuerzas políticas han manifestado su apoyo explícito a la recuperación del Derecho Civil valenciano, al igual que Podemos. La única fuerza que se opone es Vox y Ciudadanos, que también votó en contra en las Cortes, mantiene la incógnita sobre qué hará en el Congreso de los Diputados. Con esas estimaciones, la Associació de Juristes Valencians calcula que ya disponen del apoyo de 252 diputados en el Congreso, cifra superior a las tres quintas parte que se requieren para una reforma constitucional (que son 210 parlamentarios).
Con todo este volumen de respaldo institucional, se está a la espera de que se debata en el Congreso una proposición de ley de las Cortes de modificación de la Constitución para la reintegración efectiva de este derecho propio de los valencianos. La propuesta -pendiente de un calendario marcado por la pandemia-, defiende una modificación constitucional, calificada como «técnica» o «menor», para evitar incoherencias de la Carta Magna con el Estatut d’Autonomia. En concreto, se quiere añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda, que diga: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales». Con esta medida, según explica José Ramón Chirivella, «no se trata de disfrutar de más autogobierno, sino de recuperar y aplicar el respaldo que el poder legislativo nacional y el valenciano concedió a la Ley Orgánica de la reforma del Estatut de 2006».
Una norma "viva"
El Derecho Civil valenciano es un derecho «vivo», que hoy en día es aplicable a casi 300.000 habitantes de la Comunidad Valenciana. De ellos, en su gran mayoría, unas 250.000 personas, asados entre el 1 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2016, mantienen el régimen económico matrimonial de separación de bienes, previsto en la Ley 10/2007, de 20 de marzo; además a 15.000 parejas se les continúa aplicando la conocida como ley valenciana de custodia compartida, y más de 25.000 valencianos, que conviven como unión de hecho, mantienen efectos civiles, de los cuales carecen las nuevas uniones de hecho constituidas a partir del 15 de julio de 2016. Al igual que estos 300.000 valencianos a los que se les aplica esta norma, otros 15 millones de españoles tienen derechos forales, como son los gallegos, navarros, aragoneses, vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos, catalanes, mallorquines, menorquínes y los ibicencos.
El Derecho Foral es el fundamento histórico de la autonomía valenciana y es el eje de la personalidad valenciana. En la reforma del Estatut d’Autonomia, en 2006, se procuró que el Derecho Civil valenciano tuviera una gran relevancia, por lo que promovió las leyes que posibilitaron el régimen económico matrimonial de separación de bienes, la regulación de la custodia compartida y la de uniones de hecho, todas ellas socialmente muy valoradas como ejemplo de un derecho moderno.
