El requisito lingüístico como eje del debate del proyecto de Ley de Función Pública. Para el Botànic, como garante de que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en la lengua que deseen, en castellano o en valenciano. Y, para la oposición, como un «ataque sectario» que deja fuera de la norma «a más de una cuarta parte» de la Comunidad Valenciana, que son castellanoparlantes. El debate de la lengua volvió a agitarse ayer en las Cortes, en un hemiciclo que estrenaba mamparas de seguridad anticovid pero donde, precisamente, la pandemia no sirvió para aplacar las críticas de la derecha ante una reforma de la Administración y del funcionariado que lleva cuatro años pendiente de ser aprobada. De momento, los grupos del Botànic no devolverán el texto al Consell, tal y como reclamaban las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Cs y Vox. Entre los grupos de derecha se apoyaron mutuamente sus propuestas, pero se encontraron con un dique «botànico» unido donde, esta vez, el requisito lingüístico no fue motivo de discrepancia entre el Partido Socialista, por un lado, y Compromís y Unidas Podemos, por otro.
La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, fue la encargada de defender su proyecto de ley en la tribuna. Y lo hizo destacando que esta futura ley incentivará el empleo público, racionalizará las oposiciones, mejorará la alta tasa de interinidad y regulará el teletrabajo. Bravo anunció que el objetivo del Consell es contratar a 5.000 nuevos funcionarios para afrontar las 5.000 jubilaciones que se esperan en la próxima década. La consellera no esquivó el tema del requisito lingüístico que durante meses enfrentó a la Conselleria de Justicia y Función Pública que ella dirige con la Conselleria de Educación que lidera Vicent Marzà, con competencias en política lingüística en el Gobierno. Poco antes de declararse el estado de alarma por el coronavirus, se llegó a un acuerdo entre ambos departamentos, al precisar que la exigencia lingüística será «proporcional» y «adecuada» a cada puesto funcionarial, aunque sigue pendiente el desarrollo de un reglamento que debería estar operativo en 2021. Con la «tregua» firmada en el Consell hace unos meses, Bravo insistió en que el valenciano es una «norma oficial de obligado conocimiento», por lo que esta ley «garantiza que un ciudadano sea atendido en el idioma que desee por la Administración».
Exclusión territorial
Las primeras críticas a Gabriela Bravo llegaron por parte del diputado alicantino del PP José Antonio Rovira, que denunció que la ley deja fuera «a más de la cuarta parte de municipios de la Comunidad Valenciana» a los que la Llei d'Ús declara como zonas castellanoparlantes. El parlamentario popular reconoció que el PP implantó el requisito lingüístico «solo para el sector educativo», donde únicamente exigía haber cursado la asignatura de valenciano. Hoy en día, según Rovira, «las personas que acuden a la Administración y quieren expresarse en valenciano no tienen ningún problema», dado el «conocimiento muy amplio de los funcionarios». En cambio, con el requisito lingüístico, «Pedro Duque no puede ser funcionario aunque sepa siete idiomas», afirmó el diputado popular.
Desde la bancada del Botànic -Rosa Peris, del PSPV, y Natalie Torres, de Compromís-, le replicaron al PP que todas las comunidades autónomas con lengua propia tienen recogido el requisito. La primera, Galicia, donde gobierna el popular Núñez Feijóo. Para Cs, esta ley «nace muerta», según Vicente Fernández,y para Vox, el Consell demuestra su «sesgo ideológico», según José María Llanos. Y así todo el pleno, incluso cuando se discutió de la Ley del Instituto Cartográfico Valenciano, donde el problema fue el uso del término «país».
El Supremo complica la reforma en el sector público
La comparecencia del martes en las Cortes de la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, evidencia las dificultades de su Conselleria para aprobar una ley para meter en cintura a las entidades públicas de la Generalitat, una norma prometida hace cinco años que debía sustituir a la actual aprobada por la Administración popular y que el Botànic consideraba insuficiente para acabar con el descontrol en este ámbito. La responsable de Hacienda confesó que la ley duerme el sueño de los justos, pero, con o sin ley, la distinta normativa aprobada estos años y la jurisprudencia marcada de forma muy reciente por el Supremo ya han marcado un camino que, por recelos de las propias entidades y consellerias, está retrasando la ordenación prometida, sobre todo, aquella que tiene que ver con la operación limpieza en la plantilla heredada.
El motivo del frenazo a la reestructuración del sector está relacionado con las ofertas de empleo público y con la obligación de ofertar el grueso de las plazas ahora ocupadas por personas que accedieron a su puesto sin un proceso selectivo previo. Hacienda, a través de un acuerdo con los sindicatos en 2018, estableció que a partir de ese momento el concurso oposición sería el único modo de acceder una plaza en el sector público. Sin embargo, la sentencia del Supremo del pasado mes de junio da un paso más allá.
Postura de Hacienda
De un lado, avala la postura de Hacienda de que todo el sector público (organismos, entidades, fundaciones, sociedades mercantiles) debe ser considerado Administración en lo tocante a la contratación de personal. Es decir, todo aquel que, como en la Generalitat, quiera disfrutar de una plaza fija debe someterse a pruebas que respeten los principios de publicidad, mérito y capacidad. En su propósito de sentar doctrina y acabar con la disparidad de resoluciones, el Supremo concluye que, además, nadie que no pasó una prueba selectiva puede dar por sentada su vinculación laboral vitalicia con la entidad que lo contrató de forma irregular.
El asunto es de gran calado y, visto los antecedentes, complica la renovación en una plantilla que supera los 5.000 trabajadores y que, como siempre se sospechó, en su gran mayoría accedió al puesto «a dedo», sin someterse a prueba alguna. Las estimaciones de la propia Conselleria en marzo de 2017 apuntaban a que solo uno de cada tres trabajadores había pasado algún proceso selectivo. Es decir, siguiendo al Supremo, 3.607 no pueden considerarse fijos.
