La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha reconocido que pueda existir “vértigo” por parte de los profesionales sanitarios que quieran optar a plazas púbicas de empleo y tengan que superar el requisito lingüístico, aunque “la prioridad del Consell es la garantía de las personas que viven en nuestra comunidad de relacionarse con los servicios públicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales”. Oltra no cree que se pueda hablar de “miedo”, y ha puesto como ejemplo que el requisito se aplica con “éxito" en otras autonomías con dos lenguas oficiales, algunas gobernadas por partidos distintos a las tres fuerzas de izquierda que forman el Botànic.

En concreto, Oltra ha hablado de Galicia, gobernada por el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Yo no he visto a la gente en Galicia saliendo en estampida por garantizar a los gallegos el derecho a ser atendidos en su lengua". Para la vicepresidenta, en el ámbito sanitario resulta clave "la relación de confianza entre el trabajador y el paciente y que cada persona pueda expresarse en su lengua dominante para un buen diagnóstico y tratamiento", sobre todo a nivel psicológico.

"La prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que elijan", ha recalcado en la rueda de prensa tras el pleno semanal del Consell sobre este punto que incluye el proyecto de Ley de Función Pública, que sigue su tramitación parlamentaria. En cualquier caso, el requisito se regulará a través de un reglamento que debe esta acabado en un año, plazo que hoy ha vuelto a recalcar Oltra.

En fase de tramitación

La portavoz del Consell ha hecho hincapié en que el proyecto válido es el actual porque "todos pasan por diferentes fases y cambian muchas cosas", al ser preguntada por la excepción de aplicar el requisito a los sanitarios que aparecía en un borrador. "El criterio del Consell es el que se envía a las Cortes", ha subrayado, recordando que la ley final incorporará las enmiendas que salgan adelante. Además, ha enmarcado las críticas en las "posiciones partidistas" y ha negado que exista un conflicto real en la calle.

Asimismo, sobre la postura que manifestó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en 2018 de que el requisito tuviera excepciones para sanitarios o investigadores, Oltra ha afirmado que no se acuerda y que le extrañaría porque cree que "los derechos de los ciudadanos es algo que tiene muy interiorizado", al proceder de una zona como Morella (Castellón) donde se dan esas situaciones.