La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se mantiene firme con el requisito lingüístico, incluido en el área sanitaria. Ayer reconoció que pueda existir «vértigo» por parte de los profesionales de la salud que quieran optar a plazas púbicas de empleo y tengan que superar el requisito lingüístico, aunque «la prioridad del Consell es la garantía de las personas que viven en nuestra Comunidad de relacionarse con los servicios públicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales». Oltra no cree que se pueda hablar de «miedo», y puso como ejemplo que el requisito se aplica con «éxito» en otras autonomías con dos lenguas oficiales, algunas gobernadas por partidos distintos a las tres fuerzas de izquierda que forman el Botànic.

Si ir más lejos, puso el foco en Galicia, gobernada por el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Yo no he visto a la gente en Galicia saliendo en estampida por garantizar a los gallegos el derecho a ser atendidos en su lengua». Para la vicepresidenta, en el ámbito sanitario resulta clave «la relación de confianza entre el trabajador y el paciente y que cada persona pueda expresarse en su lengua dominante para un buen diagnóstico y tratamiento», sobre todo a nivel psicológico.Libertad de elección

«La prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que elijan», recalcó tras el pleno semanal del Consell sobre esta demanda para los funcionarios que incluye el proyecto de Ley de Función Pública, que sigue su tramitación parlamentaria. En cualquier caso, el requisito se regulará a través de un reglamento que debe esta acabado en un año, plazo que ayer volvió a recalcar Oltra.

La portavoz del Consell hizo hincapié en que el proyecto válido es el actual, porque «todos pasan por diferentes fases y cambian muchas cosas», al ser preguntada por la excepción de aplicar el requisito a los sanitarios que aparecía en un borrador. Consciente de que la activación de este requisito pende, una vez las Cortes aprueben la nueva ley, de una negociación posterior en el seno o Ejecutivo, Oltra aprovechó para exigir que el reglamento esté listo en un año, es decir, dentro del propio plazo que exige la ley. «Puede tardar doce o trece meses, pero la ley está para cumplirse», advirtió Oltra en previsión de que la negociación se alargue en el tiempo y la capacitación lingüística siga sin aplicarse en las ofertas de empleo público. Un mensaje directo para la Conselleria de Justicia -en manos de Gabriela Bravo-, promotora de la ley y también para el departamento de Educación -que lidera Vicent Marzà-, que deben ponerse de acuerdo.

Sin embargo, el CSIF alertó de un éxodo mayor de facultativos por la exigencia del requisito que, creen, va en detrimento de la calidad de la prestación del servicio. Al mismo tiempo, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas baraja aliviar la presión a los sanitarios en el reglamento, aunque está descartada una excepción general. La idea es solicitar sólo el nivel básico (el elemental) e incluso permitir en algunos puestos una moratoria para acreditar el conocimiento de la lengua.

Compromís se acerca al sí en los Presupuestos

La dirección de Compromís ha confirmado que apoyará los Presupuestos del Estado si el Gobierno incluye en ellos su acuerdo de investidura. Los portavoces de la coalición emplazan a que la reunión prometida por el Ejecutivo central se produzca la próxima semana. Para Compromís es «absolutamente imprescindible que en los próximos presupuestos se compense la infrafinanciación de algunos territorios por culpa de un modelo injusto y caducado».