Aunque la anunciada ley para el «vaciado» de las diputaciones está a un paso de cumplir un año en punto muerto, el Gobierno valenciano no ha renunciado a su estrategia de impulsar un nuevo modelo de estructura comarcal en el que las mancomunidades de municipios cobren un mayor protagonismo y asuman competencias hasta ahora concentradas en manos de las Administraciones provinciales y autonómicas. 

Un proyecto de decreto firmado por el president Ximo Puig reformula las bases de las subvenciones que la Generalitat concede cada año a estas entidades supramunicipales, con el objetivo de priorizar en el reparto de ayudas a las llamadas «mancomunidades de ámbito comarcal», una figura de nueva creación introducida en la ley autonómica de 2018 cuyo despliegue a lo largo de la Comunidad Valenciana constituye uno de los deberes prioritarios que se ha marcado el Consell para esta legislatura. 

Novedades

Una de las novedades del borrador de decreto, que se encuentra aún en la fase de información pública, es que la Generalitat sufragará parte de los gastos correspondientes a la plantilla de personal con dedicación plena de aquellas mancomunidades que cumplan los requisitos y sigan los pasos para adaptarse a la fórmula promovida por el ejecutivo autonómico como contrapeso a las diputaciones. Los fondos también servirán para sufragar  puestos de trabajo reservados a personal funcionario de rango estatal (secretarios, interventores y tesoreros) con tal de que estas entidades puedan comenzar a operar y a aceptar funciones hasta ahora reservadas a otros estamentos de nivel superior. El resto de organismos supramunicipales -que no hayan pasado de grado- solo podrán optar a ayudas para financiar sus gastos corrientes de bienes y servicios, como hasta ahora venía siendo habitual en las convocatorias .  

Las mancomunidades de ámbito comarcal se beneficiarán del reparto en mayor medida que el resto puesto que, solo por su calificación, obtendrán cuatro puntos de los diez posibles en el proceso de concurrencia competitiva a través del cual se opta a las subvenciones. El resto de puntos se distribuirán entre todas las entidades en función de criterios presupuestarios y de población. 

 Como informó este diario, de las 52 mancomunidades actualmente en funcionamiento en la Comunidad Valenciana, una quincena reuniría las características para evolucionar a la fórmula a la que el Consell quiere dar protagonismo, tanto por su grado de consolidación como por su adscripción geográfica a una comarca histórica determinada. El decreto señala el objetivo de convertir a las entidades de ámbito comarcal en «referencia básica» para la implementación de las políticas y servicios del resto de Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, a través de una estructura asociativa «estable y sólida» de municipios que debería servir para «mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos» y favorecer una gestión «más eficiente y eficaz». Como telón de fondo sigue pendiente de acuerdo desde hace tiempo la negociación entre la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos para eliminar duplicidades y evitar competencias impropias. 

En 2020, la Generalitat ha aumentado un 40 por ciento las ayudas destinadas a financiar las mancomunidades con un millón de euros. El Consell ha dejado clara en diversas ocasiones su voluntad de restar poder a las diputaciones provinciales, aunque esta voluntad choca con la realidad constitucional y ha abierto no pocos frentes, internos y con la corporación de Alicante.