Los ayuntamientos alicantinos han dejado de percibir más de 55 millones de euros desde que se puso en marcha el Fondo de Cooperación Municipal, aprobado por la Generalitat en 2017, según las cifras que maneja el Consell. Esta misma cantidad es la que el Gobierno autonómico ha transferido a los 141 gobiernos locales de la provincia durante ese periodo de tiempo, pero la negativa de la Diputación de Alicante a adherirse a este plan de asignación de recursos lanzado por el Consell que preside Ximo Puig ha impedido que en los últimos cuatro ejercicios económicos no lleguen otros tantos 55 millones de euros, unos 13,7 cada año, que debía aportar la institución provincial alicantina si se hubiese integrado en este mecanismo de financiación municipal. Primero con César Sánchez al frente de la Diputación de Alicante, cuando se activó este fondo, y desde mediados de 2019 con Carlos Mazón, los dos presidentes de la institución y dirigentes del PP han dado la espalda a este sistema de ayudas directas que sí funciona en las provincias de Valencia y Castellón, y que está aportando sustanciosos beneficios a las localidades que se han sumado al proyecto, según se desprende de los argumentos esgrimidos por los partidos que forman el Botànic.
Según las cifras aportadas por la Generalitat, el dinero que durante los últimos cuatro años no ha llegado a los 141 municipios de la provincia suma cantidades que, especialmente, en el caso de las pequeñas poblaciones podrían haber aumentado de manera considerable sus posibilidades de inversión o, al menos de cubrir gasto corriente de cada corporación. Estos fondos no se consideran subvenciones, por lo que se pueden destinar directamente a cubrir las competencias ordinarias de cada ayuntamiento. Desde 2017, la Generalitat alimenta el Fondo de Cooperación con 40 millones de euros, que distribuye entre las tres provincias en función de su población. Así, a Valencia le corresponden unos 20 millones de euros, a los castellonenses unos 5,6 y a los alicantinos, unos 13,7 millones. Y este mismo criterio poblacional se sigue aplicando municipio a municipio.
A cada ayuntamiento se le asigna una cantidad fija y el importe restante se distribuye en función del número de habitantes del último padrón municipal vigente, al que le aplican unos coeficientes correctores por tramos de población. De este modo, hasta 500 habitantes, la población se multiplica por 4; de 501 a 1.000, por 3; de 1.001 a 2.000, por 2,5; de 2.001 a 5.000, por 2; de 5.001 a 10.000, por 1,5; de 10.001 a 20.000, por 1; de 20.001 a 50.000, por 0,75; de 50.001 a 100.000, por 0,50; y con más de 100.000, por 0,25. En este último caso solo están Alicante y Elche, mientras que con menos de 1.000 habitantes aparecen 52 localidades, y con menos de 5.000, 84 pueblos, es decir, más de la mitad de los gobiernos locales alicantinos.
Ayuda «per cápita»
Por tanto, es a estas pequeñas poblaciones a las que más fondos llegan «per cápita», si se divide el dinero que se destina a cada uno de ellos por los habitantes con los que cuenta. Por citar un ejemplo, para el pueblo más pequeño de la provincia de Alicante, Famorca (que a finales de 2019 tenía censados 47 habitantes) la Generalitat a ha aportado en estos cuatro años 17.280 euros, cantidad que se podría haber duplicado si la Diputación hubiese entrado en el fondo y hubiese asumido una cantidad similar. Para un ayuntamiento con un presupuesto anual de 60.000 euros, dejar de ingresar en esos cuatro años más de 17.000 euros es privarles de una cuarta parte de sus ingresos plurianuales. Si lo compramos con la ciudad de Alicante, la más poblada al superar los 334.000 habitantes, su último presupuesto anual es de 262 millones y le hubieran correspondido 3,5 millones en estos cuatro años. Y así pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, como queda reflejada en la tabla adjunta a esta noticia. Si se hace un compendio por comarcas, la más perjudicada, según las cifras aportadas por la Generalitat, es la Vega Baja, a la que no llegan 12,9 millones de euros; seguida de L’Alacantí, con 8,5 millones; y la Marina Alta, con 8,3.
Encuentro
En plena polémica por si la Diputación de Alicante se adhiere al Fondo de Cooperación, mañana lunes está prevista una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el líder de Ciudadanos, Toni Cantó. En el orden del día están los presupuestos que elabora el Consell y también se abordará el posible apoyo de Cs al Fondo de Cooperación Municipal. Cantó ya se ha mostrado abiertamente partidario de este sistema de ayudas, en contra de lo que han manifestado los dos representantes de su partido en la Diputación de Alicante. Si Puig consigue pactar con el síndic naranja, pondrá en un brete a Julia Parra -vicepresidenta primera y diputada de Cultura- y a Javier Gutiérrez -diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs-, con los que Carlos Mazón trata de tener blindado el pacto de gobierno en el Palacio Provincial. Solo cabe recordar cómo reaccionó Javier Gutiérrez cuando el Consell aprobó el anteproyecto de la ley que regulará el Fondo de Cooperación, remitido ya a las Cortes. Al portavoz naranja le pareció una «gran decepción que se haya impuesto un anteproyecto de ley sin abrir un debate previo pese a que incluso la Diputación de Valencia está de acuerdo en que los criterios de reparto deben revisarse porque, tal como están, perjudican a los pueblos más pequeños», añadió.
