Carlos Mazón se ha marcado el firme propósito de dejar sin argumentos a Ximo Puig. Las desavenencias se agudizan entre el presidente de la Diputación de Alicante y el jefe del Consell y, como muestra del clima de hostilidad existente entre las dos instituciones, la Diputación ha decidido ir un paso más lejos y ya está ultimando un plan alternativo al Fondo de Cooperación para repartir sus propias ayudas entre los municipios alicantinos. Un contraataque político que impacta de lleno en el trasfondo de una batalla que comenzó hace ya cuatro años, cuando César Sánchez era presidente. De hecho, el boicot de la Diputación durante estos años ha dejado a los municipios alicantinos sin percibir 55 millones de euros de este fondo. Es la única gran institución de la Comunidad Valenciana que ha rechazado sumarse. Sin embargo, durante los cuatro años, la Diputación de Alicante ha dedicado parte de sus remanentes de tesorería a habilitar una partida económica similar, de entre 13 y 19 millones al año, para una distribución de subvenciones condicionadas a la puesta en marcha de obras financieramente sostenibles. 

La maniobra actual de Carlos Mazón tiene una gran carga de profundidad y esconde dos objetivos en un único gesto. Además de blindar de nuevo su pacto de gobierno con Ciudadanos permitiendo que sea el portavoz naranja, Javier Gutiérrez, quien lidere este proyecto, Mazón mantendría un reparto controlado de sus fondos evitando entrar en los criterios que marca la Generalitat. La idea, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, es habilitar una partida económica que supere a la que actualmente aporta el plan autonómico y alcanzar los 30,2 millones para cubrir gastos de dos años, lo que supondría desembolsar 15,1 millones anuales frente a los 13,7 millones que propone el Consell. Otra de las modificaciones sería beneficiar a los pequeños ayuntamientos, aumentando los fondos para que salgan beneficiadas las localidades de menos de 5.000 habitantes. Esta una de las principales claves de esta pugna. El nuevo plan de PP y Cs incluiría también el gasto corriente de los consistorios, otra de las reivindicaciones que los alcaldes han reclamado, puesto que el dinero del fondo del Consell no tiene destino definido, con lo cual cada población lo puede dedicar a sufragar algún tipo de servicio o gasto corriente ligado a esas actividades. 

El equipo de gobierno, formado por PP y Cs, considera que la propuesta de Ximo Puig bloquea la autonomía presupuestaria de la Diputación y no incide en las necesidades reales de los municipios, por lo que propone unos criterios similares a los del plan de obras Planifica, que contó con el apoyo de los socialistas y de Compromís. Su alternativa tiene en cuenta el contexto de crisis actual para permitir que los fondos puedan gastarse en cualquier cuestión relacionada con el covid y con el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas, bibliotecas o edificios culturales donde se incluye la limpieza, desinfección, personal, luz, agua y telefonía. Habría, por tanto, un porcentaje condicionado a la presentación de facturas para 2020 y 2021, y otra cantidad dedicada a inversiones y que, según siempre han mantenido PP y Ciudadanos, son las que los ayuntamientos más solicitan a pie de calle. El plan se financiará de forma mixta a través del presupuesto de la institución y los remanentes de tesorería, una vez que los desbloquee el Gobierno Central. La contrapropuesta de Mazón y Ciudadanos establece una serie de criterios objetivos que, en principio, podrían contar con el respaldo de Compromís en la Diputación. A través de esta iniciativa, ciudades como Alicante pasaría de recibir 857.000 euros del Fondo de Cooperación a 180.000 anuales con este programa provincial. Sin embargo, un pequeño municipio como Benifallim percibiría 85.840 euros al año de la Diputación frente a los 12.985 euros del Consell. 

 La idea de Ciudadanos es poder dar continuidad a este plan inversor y seguir llevándolo adelante en sucesivos años siempre que el Consell solucione las competencias impropias que asume la institución provincial y que alcanzan los 25 millones de euros. Carlos Mazón ha logrado que los dos diputados de Ciudadanos se posicionen claramente de su lado y mantengan que no están de acuerdo con el reparto que establece el Fondo de Cooperación y tampoco con la idea de que la Generalitat «meta mano» en la caja de la Diputación. Ayer el portavoz de la formación naranja, Javier Gutiérrez, confirmó que está ultimando esta propuesta para beneficiar a los pequeños municipios. «Es un proyecto que pretende minimizar los efectos de la crisis sanitaria frente al reparto que marca el Consell y que entendemos que no es justo. Estamos de acuerdo con la idea de establecer un Fondo de Cooperación, pero proponemos unos criterios objetivos diferentes para solucionar los problemas de los municipios a través de dinero destinado a gasto corriente y también a inversiones». Javier Gutiérrez aseguró que su líder autonómico, Toni Cantó, conoce al detalle este proyecto y prefirió no entrar a opinar sobre la presión del síndic para forzar a Mazón a que se adhiera al plan autonómico. Cs mantendrá hoy la primera reunión del nuevo comité con la asistencia del vicesecretario primero, Carlos Cuadrado; el coordinador autonómico, Toni Cantó; y el coordinador provincial, Javier Gutiérrez, en la que se abordará este tema para alcanzar un trazo común en ambos discursos.