En el último día permitido para registrar alegaciones a las primarias de Vox en la provincia de Alicante, el candidato derrotado, Rafael Ramos, ha presentado un recurso que puede volver a echar por tierra todo el proceso de elecciones internas que ha vivido este partido desde primeros de septiembre. Ramos, que obtuvo 280 votos frente a 405 de su rival, Ana Vega -síndica en las Cortes y actual presidenta de la gestora que dirige el partido desde marzo de 2019-, ha reclamado la descalificación de la candidatura que encabezaba Ana Vega, ante las “gravísimas faltas cometidas y demostradas, que sin ánimo de error nos atrevemos a calificar de trampas”.

En el recurso presentado al comité electoral nacional de Vox -al que ha tenido acceso este medio-, el abogado alicantino Rafael Ramos pide que se proclame vencedora su candidatura ya que “es la única en este proceso que ha respetado escrupulosamente la norma emanada del partido y de este comité al que me dirijo”. De no ser así, el candidato al que el comité electoral dio por derrotado tras el resultado telemático de los votos de la militancia, solicita la anulación completa del procedimiento electoral por “no respetarse el propio reglamento del mismo y por carecer de los mecanismos básicos para llegar al afiliado, permitiendo que el proceso sea justo y mínimamente democrático”. De no fructificar esta segunda opción, Ramos se “reserva la opción” de acudir a la vía judicial ordinaria y reclamar “las acciones legales pertinentes”.

Este último recurso se une a otros cuatro, remitidos los días 5, 8, 11 y 13 de octubre, que contenían pruebas gráficas y sonoras, algunas de ellas “demoledoras”, que demostraban, según los autores de recurso, “el uso de estructuras paralelas de afiliados controladas por los coordinadores y gestionadas en fraude de ley por la candidatura de Vega”, el uso de “listados de afiliados y de listas de distribución”, “insultos públicos a miembros de mi candidatura, del partido y del ejército”, e incluso “el reconocimiento de que se habían incumplido los reglamentos en las anteriores primarias y que se volvería a hacer en estas con los mismos procedimientos ilícitos y con total impunidad”.

Pantallazo de un perfil en una red social de un componente de la gestora provincial de Vox, donde los denunciantes aseguran que se lanzan insultos al militar retirado Manuel Mestre, integrado en la candidatura de Rafael Ramos. Información

De esos cuatro recursos anteriores, enviados durante el periodo de campaña de la segunda vez que se convocaron las elecciones -cabe recordar que la primera intentona fue anulada por la dirección del partido que dirige Santiago Abascal al confirmar la existencia de “irregularidades”-, todavía no se ha obtenido respuesta ni del comité ni de la candidatura rival a través de sus escritos de refutación. Por contra, desde el entorno de Rafael Ramos se explica que “la única comunicación” recibida con relación a los recursos consiste en uno interpuesto por Ana Vega contra la candidatura de Ramos, el 13 de octubre que finalizaba la campaña, por el que “tan solo se nos concedió 3 horas para responder”. Fuentes cercanas a la candidatura derrotada aseguran ese recurso se contestó antes de plazo aunque ese correo “permanece aún sin abrir, sembrando dudas sobre la utilidad del sistema de denuncias”, aseguran.

El recurso presentado por Rafael Ramos, en su nombre y en el de la candidatura que encabezaba -donde el vicepresidente era el diputado en el Congreso, Manuel Mestre-, asegura que ha habido “diferencia de trato y condiciones” entre las dos listas que llegaron al tramo final de estas primarias (el tercer aspirante, el ilicitano Pascual Moxica, se quedó descolgado del proceso al no reunir el número mínimo de avales). Como ejemplo de “proceso electoral mermado”, la alegación de Ramos cita que la dirección del partido “privó a los candidatos de cualquier recurso publicitario para llegar a los 1.650 afiliados con derecho a voto que componen la provincia”. En concreto, se prohibieron las reuniones presenciales, se redujo toda comunicación “a la que pueda hacerse desde las redes sociales personales de los candidatos”, y todos los actos oficiales de la campaña se limitaron a “un único correo masivo en el que se informaba de una reunión telemática con los afiliados”. Este supuesto correo masivo, aseguran desde el entorno de Rafael Ramos, “no fue recibido por la mayoría de los afiliados”. De hecho, insisten, “decenas de afiliados no han recibido absolutamente nada en sus correos pro siguen recibiendo otras notificaciones del partido como los actos organizados para el 12 de Octubre”.

Pantallazo de un grupo de whatsapp, donde una componente de la candidatura de Ana Vega  reconoce que en las anteriores primarias hubo coordinadores que llamaron a afiliados, y ahora pide que vuelvan a repetir este comportamiento.

Pantallazo de un grupo de whatsapp, donde una componente de la candidatura de Ana Vega reconoce que en las anteriores primarias hubo coordinadores que llamaron a afiliados, y ahora pide que vuelvan a repetir este comportamiento. Información

Solo con este problema, mantienen fuentes cercanas a los promotores del recurso, “ya sería suficiente para invalidar todo el proceso electoral al completo al tratarse de una más que segura contravención de los artículos 6 y sobre todo 7 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos”. Además, los demandantes consideran que solo hayan votado 685 afiliados sobre un censo de 1.650 “implica una desafección total de la militancia o un tremendo fracaso del sistema de comunicación telemático”.

Mismos ordenadores

Por último, en el recurso se asegura que “pese a carecer de pruebas concretas, sí disponemos de sólidos indicios que respaldarían el persistente rumor de que la candidatura rival fue informada de la celebración de primarias meses antes de que estas fueran oficialmente convocadas, permitiéndoles afiliar a personas que engrosasen los censos a su favor antes de que estos fueran cerrados el 31 de agosto, pervirtiendo, de ser así, todo el proceso electoral con lo que vulgarmente se ha calificado como pucherazo”.

Para evitar tener que reclamar estas pruebas por la vía judicial, la candidatura de Rafael Ramos solicita que les faciliten qué número de votantes se afilió al partido en la provincia de Alicante entre los meses de junio y agosto, y, a poder ser, las direcciones IP de los ordenadores desde los que se emitió el voto, pues “de ser cierto el rumor, observarán que una gran cantidad de votaciones comparten la misma IP aunque no sea visible el sentido de su voto”. Estas mismas dudas sobre la dirección IP se trasladan a las sospechas sobre los votos telemáticos que se registraron desde el ordenador de la sede del partido. Los denunciantes aseguran que “hay gente que ha ido a votar a la sede de Alicante y al llegar allí no lo han podido hacer porque ya habían votado por ellos”, añaden estas mismas fuentes.

Desde la gestora provincial de Vox, que todavía es la responsable de la dirección del partido en la provincia de Alicante, no se han querido hacer valoraciones hasta que no se proclame el resultado definitivo de las elecciones primarias, previsto para el día 23 de octubre.