La provincia de Alicante pasará de 35 a 36 diputados en las Cortes si el próximo año se aprueba la ley electoral valenciana que ayer regresó al parlamento, por medio de un nuevo proyecto presentado por los tres grupos que sustentan el Botànic. Este incremento de un escaño, el mismo que recibiría la provincia de Valencia al perder dos parlamentarios la de Castellón, depende de que las tres fuerzas de izquierdas logren el apoyo del Ciudadanos en la fase de tramitación en las Cortes, puesto que la reforma necesita la mayoría cualificada de dos terceras partes de la Cámara (66 diputados frente a los 52 actuales que suma el Botànic).

El Botànic se quedó lejos de lograr el apoyo esperado de la formación que lidera Toni Cantó, a pesar de que los naranjas ya están de acuerdo con bajar el listón electoral del 5% al 3% (a nivel de circunscripción y en el conjunto de la Comunidad). Cs frenó en seco la presentación del nuevo proyecto. La portavoz adjunta, Ruth Merino, calificó de «decepcionante» una ley en la que han estado trabajando los últimos meses con el tripartito, aunque a última hora se quedasen fuera de la foto de la presentación ante el ficus del jardín de las Cortes. Cs justificaba su negativa a dar el visto bueno al proyecto en que la ley no incluye la proporcionalidad de voto para toda la Comunidad, una posibilidad que, de aplicarse al 100%, obligaría a modificar el Estatut d’Autonomia, ya que Castellón se quedaría con 18 diputados, dos menos que concede la norma básica de autogobierno valenciano. Pero abanderar esta propuesta también es un riesgo ante el posible coste electoral al rebajar el número de diputados castellonenses.

Para sortear una reforma del Estatut -hoy en día, algo inimaginable-, el Botànic sí ve viable que se puede alcanzar un acuerdo con Cs para que Castellón ceda dos diputados y se quede con 22; Alicante gane uno y pase a 36; y Valencia alcance los 41, con otro más. Esa negociación queda abierta los próximos meses, con una fase de enmiendas de la que ya se ha desmarcado el PP. Para la diputada alicantina Eva Ortiz, es una «falta de respeto ver cómo se distribuyen los sillones la gente del Botànic cuando hay personas que no llegan a fin de mes o tienen familiares en las UCI».

Al margen del posible cambio de escaños, que ya se aplicaría en las elecciones autonómicas de 2023, la ley sigue planteando la paridad, el voto preferencial (elegir candidatos sin ser listas abiertas) y la incompatibilidad de cargos locales y autonómicos, lo que dejaría sin escaño a cuatro diputados alicantinos del PSPV y a uno de Vox.