El Consell se ha apoyado en un informe de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana para defender el anteproyecto de ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal y que establece que el Gobierno valenciano está legitimado para adoptar de forma unilateral medidas armonizadoras que permitan una actuación más coordinada entre las entidades integradas. Esto significaría que la Generalitat tiene facultad de coordinación sobre las diputaciones, aunque siempre y cuando esté bien atribuida y definida, y responda a los intereses generales, algo que la Abogacía entiende que se cumple en este plan autonómico. Así consta en el informe al que ha tenido acceso este periódico, y que se sustenta en lo que ya ha dicho anteriormente el Tribunal Constitucional en anteriores sentencias.
El documento, de carácter preceptivo, analiza el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal, que fue aprobado hace tres semanas en el pleno para garantizar un sistema estable de financiación de los municipios. En este sentido, en el texto se hace hincapié en que se han incluido las alegaciones planteadas por las distintas consellerias, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las universidades, y las diputaciones de Alicante y Valencia.
La Generalitat ha agilizado este anteproyecto ante el enfrentamiento que mantiene con la Diputación de Alicante por su negativa a adherirse a este plan. El propósito es dotar de rango de ley este sistema de financiación local y forzar al presidente de la institución provincial alicantina, Carlos Mazón, a dejar a un lado el boicot que ya inició César Sánchez para invertir 13,7 millones en los municipios con los criterios autonómicos. Según defienden desde el Consell, esta ley evitará diferencias injustificadas en la financiación por su ubicación territorial, puesto que las diputaciones de Valencia y Castellón sí se han sumado a este proyecto.
El informe incide en que las administraciones públicas deben actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Con ello, la Generalitat constata la necesidad de elevar a rango legal este fondo para regular la coordinación de las diputaciones provinciales e insiste en su naturaleza no finalista. El informe también declara al Consell órgano de coordinación de este plan y le atribuye la obligación de aprobarlo durante los primeros seis meses del año, obligando a las diputaciones a participar a través de una comisión de colaboración y coordinación. Esta atribución se engloba en su poder de dirección, lo que le da legitimidad para establecer unilateralmente medidas armonizadoras. Ahora bien, en el documento también se incide en que el Tribunal Constitucional establece la doble exigencia de predeterminación y proporcionalidad. Y todo en un contexto en el que la Diputación de Alicante está valorando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad al considerar que se está vulnerando su autonomía.
La Generalitat siempre ha defendido la necesidad de sacar adelante este proyecto y potenciar precisamente la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad. Según defienden, en cuanto se apruebe, los ayuntamientos alicantinos podrán destinar los recursos que reciban al desarrollo de sus competencias, sin vinculación a un objetivo concreto. En definitiva, el Consell se apoya en estas consideraciones para alegar que es la administración responsable de la coordinación en el Fondo de Cooperación, con todo lo que eso implica.
Cumbre de Mazón con alcaldes y ediles del PP para presentar su plan alternativo
El presidente defiende que el criterio de reparto del Consell perjudica a los pequeños municipios
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mantenido una reunión telemática en el grupo popular con los alcaldes y portavoces de los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes para trasladarles que la institución trabaja en un plan inversor que pone el foco en los pequeños pueblos y explicarles que el Fondo de Cooperación del Consell les perjudica en su sistema de reparto al invertir menos en ellos. Acompañado del vicesecretario de política local, Alejandro Morant; el coordinador general, Juan Francisco Pérez; y con la intervención telemática de Toni Pérez, Mazón destacó que la institución provincial beneficia en su fondo de inversión a los municipios de menos de 5.000 habitantes y que se podrá destinar en buena parte al gasto corriente. El dirigente provincial, con el apoyo de los dos diputados de Ciudadanos, está ultimando un plan alternativo al programa inversor de la Generalitat para repartir sus propias ayudas entre los municipios alicantinos. Su objetivo es habilitar una partida económica que supere a la que actualmente aporta el Fondo de Cooperación y alcanzar los 30,2 millones anuales, aunque dando la posibilidad a los alcaldes de cubrir los gastos de 2020 y de 2021. Además, el presidente ha hizo hincapié en que su nuevo proyecto atendería también una reivindicación histórica al incluir el gasto corriente de los consistorios, un criterio similar al que aplica el Consell, puesto que el dinero del Fondo de Cooperación no tiene destino definido, con lo cual cada población lo puede dedicar a sufragar servicios y gastos.
