Desde el minuto uno que la pandemia obligó a que muchos comercios bajasen la persiana, muchos autónomos dejasen de facturar y muchas familias empezasen a tener dificultades económica para salir adelante, las administraciones comenzaron a plantear multitud de ayudas para paliar las embestidas del covid. Ese momento en el que se puso en marcha el reloj de la protección a los sectores económicos más afectados por la crisis no arrancó del mismo modo para todos los gobiernos, como tampoco ha avanzado, ni a la misma velocidad ni con el mismo contenido, para todo el mundo. Es más, en ocasiones, la ayuda tan esperada, se sigue esperando. La Generalitat, la Diputación de Alicante y muchos ayuntamientos de la provincia, con independencia de su volumen de población, han lanzado numerosas convocatorias dirigidas de manera especifica al comercio, las pymes y los trabajadores autónomos, ayudas que para las asociaciones que defienden estos sectores han resultado tanto insuficientes como mal planteadas y de compleja tramitación.
En poco más de media hora se agotaron en agosto los 57 millones de euros que la Conselleria de Economía destinó a los autónomos. La línea de ayudas, con aportaciones entre 750 y 1.500 euros a autónomos valencianos que hubieran visto caer sus ingresos como consecuencia del estado de alarma, recibió más de 126.000 solicitudes, de las que solo se pudo atender a una tercera parte (unas 42.000 personas). Y ese grifo no se ha vuelto a abrir. En septiembre, el número de empresarios autónomos creció un 0,1% en la Comunidad Valenciana, pero, para la Federación de Autónomos ATA, integrada en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), hay que ampliar el periodo de carencia y la duración total de los créditos ICO (que pasen de 5 a 7 años) para «facilitar la atención a los compromisos financieros de las empresas y autónomos y reducir los riesgos de demora».
La Conselleria de Economía también ha lanzado esta semana otra línea de ayudas de 5,9 millones, enfocada a hacer frente a gastos excepcionales de los ayuntamientos en apoyo del comercio y los mercados, otro paquete de subvenciones que no llegarán a su destino hasta 2021. También dirigido a las corporaciones locales, la Diputación de Alicante aprobó en mayo por unanimidad dedicar 6 millones de euros a los municipios de la provincia con el objetivo de ayudar a autónomos, pymes, micropymes y profesionales para minimizar el impacto económico de la crisis del coronavirus. Ese consenso político en tiempos del covid se ha roto a la hora de fiscalizar la tramitación de las ayudas, ya que Compromís ha denunciado el «colapso» seis meses después de aprobarse esas medidas, al asegurar que el dinero «no ha llegado a los empresarios». La Diputación, en su defensa, replicó diciendo que ya se han tramitado cerca del 90% de las ayudas, al conceder 81 de las 109 solicitudes presentadas. En todo caso, al igual que con las subvenciones de la Conselleria de Economía, las ayudas se ofrecen a ayuntamientos, que no son el destinatario final del dinero, por lo que los trámites se multiplican.
Entidades locales
Después de meses de reuniones, de decretos de alcaldías, de propuestas que pasan por plenos municipales y de publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia, en la parte estrecha del embudo están los comerciantes y hosteleros de localidades con más o menos población, que han visto como las partidas económicas que han destinado sus consistorios han paliado los daños, han frenado el golpe, pero no han sido la solución. Dentro de las limitaciones de cada entidad local –que solo han podido usar una parte mínima de sus ahorros liberados por el Gobierno para hacer frente al covid–, hay consistorios que se han ido a cifras de ayuda más elevadas y otros que se han mostrado más modestos, pero que no han dejado de aportar algo. Por citar algunos ejemplos, Alicante ha ofrecido más de 5 millones; Elche más de 2 millones; Dénia y Elda más de 700.000 euros; Sant Joan d’Alacant unos 500.000; y Torrevieja, Alcoy, Benidorm, Petrer, Muro o Monóvar, más de 200.000 euros.
El problema ha sido, y siguen siendo los innumerables errores y cambios que han sufrido las bases de muchas de estas ayudas (Sant Joan ha publicado en el BOP casi tantas correcciones de las convocatorias como ayudas en sí mismas), por lo que muchos afectados sigue sin recibir ese auxilio económico. Y, en ese goteo de subvenciones que se evaporan, hay aportaciones de escasos 300 euros para impulsar la digitalización de las pequeñas empresas. Lo que viene a ser una tableta en lugar de la cuota de autónomo de un mes.
Los comerciantes reclaman incentivos para el consumo
«Algunas ayudas han sido insuficientes y se han agotado enseguida; otras veces no llegado el mensaje y se ha perdido la ayuda». Así valora el secretario general de Facpyme, Francisco Rovira, las campañas de ayudas a los comercios realizadas hasta ahora. Pero, de cara al futuro, «las expectativas no son nada halagüeñas», a sabiendas de que la campaña de Navidad no va a ser buena en determinados sectores, como el textil o el ocio. Por eso, reclaman medidas que incentiven el consumo, ya sea en tiendas físicas u online.
Los autónomos exigen más agilidad en los plazos de pago
Para los empresarios autónomos, el escenario vuelve a complicarse con los rebrotes. «La hostelería, el ocio, el pequeño comercio, sin duda se van a resentir. Por eso, debemos insistir en que las ayudas lleguen con más agilidad, que no se agoten los plazos para negociar las condiciones de los ERTE y que los fondos europeos sirvan también para financiar proyectos propuestos por las pymes y los empresarios autónomos», aseguran desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), donde también piden modificar las condiciones de los créditos ICO.
Las familias numerosas obtienen ligeras ventajas
El coordinador de la Asociación Alicantina de Familias Numerosas (ASAFAN), Benito Zuazu, cree que las ayudas han sido bastante «puntuales y exiguas». Como dato positivo, está la «buena relación con el Consell», con el que han conseguido la prórroga automática de los títulos de familia numerosa hasta marzo de 2021, un chat para aclarar dudas y el aplazamiento del pago del alquiler en viviendas propiedad de la Generalitat. Otra ventaja son las bonificaciones en el recibo del IBI ofrecidas por el Ayuntamiento de Alicante.
