La Generalitat y la Diputación de Alicante terminan la semana en plena escalada de tensión por el Fondo de Cooperación e, inevitablemente, este enfrentamiento político por el reparto de ayudas también se ha trasladado a los ayuntamientos de la provincia. La decisión del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de no adherirse a este proyecto autonómico con los criterios que marca el Consell y anunciar, como contrapropuesta, un nuevo programa inversor de 30 millones anuales ha tenido una dispar acogida por parte de los alcaldes. Las instituciones han elegido una cuestión muy sensible como campo de batalla al estar en juego, principalmente, los recursos de los pequeños municipios y su posibilidad de cubrir sus necesidades más apremiantes. 

 Los consistorios alicantinos reciben 13,7 millones de euros del Fondo de Cooperación, lo que corresponde a la parte autonómica, porque la institución provincial decidió hace cuatro años no sumarse y no aportar esa misma cantidad,  como sí hacen las de València y Castellón. Los municipios han dejado de percibir este fondo por parte de la Diputación tras haberse negado tanto el anterior presidente, César Sánchez, como el actual, Carlos Mazón, ambos del PP. No obstante, a lo largo de estos cuatro años en los que el conflicto se ha ido enconando, los municipios han recibido un plan de inversiones financieramente sostenibles de similar cuantía procedente del Palacio Provincial, pero sin tener la posibilidad de destinar el dinero a gasto corriente, una de sus principales reivindicaciones. 

Municipios de menos de 5.000 habitantes

La maraña política que se ha tejido en torno a este tema ha calado en las entidades locales, que, en la mayoría de casos, se limitan a seguir las directrices marcadas por su partido. Mientras los dirigentes socialistas exigen a Mazón que se sume al Fondo de Cooperación para poder decidir en qué gastar los fondos, los alcaldes del PP defienden que el plan provincial ha beneficiado a los pequeños municipios y que desde 2017 han recibido un total de 18 millones más que con el Fondo de Cooperación. Por parte de Ciudadanos, insisten en la necesidad de que las dos instituciones se pongan de acuerdo y se sienten a valorar los datos para lograr un entendimiento. Compromís, por su parte, insiste en el agravio comparativo que sufren las comarcas alicantinas respecto a las de Valencia y Castellón.  

Los ayuntamientos han entrado en terreno movedizo después de que los grupos socialistas hayan comenzado a registrar mociones para exigir, a través de los plenos locales, que la Diputación se sume al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Los alcaldes y portavoces municipales del PSPV-PSOE, en el conjunto de la provincia de Alicante, están manifestando su disconformidad con la decisión del PP desde 2017 de no participar en este plan autonómico e insisten en la importancia de que, además de planes de obras, los ayuntamientos necesitan herramientas para atender sus necesidades. En definitiva, piden autonomía para poder decidir el destino del dinero, con las mismas condiciones del Fondo de Cooperación y, además, denuncian que la Diputación de Alicante está con el marcador a cero, mientras la Generalitat ya ha dado 55 millones y la Diputación de Valencia 120 millones en cuatro años. Los socialistas aseguran que el bloqueo, primero de César Sánchez y ahora de Carlos Mazón, ha hecho que el Fondo llegara a sus municipios reducido a la mitad, mientras, ven con «cierta envidia» cómo los municipios de las provincias de Valencia y Castellón sí reciben las ayudas completas. Mientras los pueblos alicantinos reciben solo la parte de la Generalitat, en este 2020 la diferencia es mayor, ya que la Diputación de Valencia ha triplicado su aportación al Fondo de Cooperación para las localidades valencianas, pasando de 20 a 60 millones de euros.  

Por su parte, el PP considera este proyecto un ataque a su autonomía financiera y defiende que el criterio de reparto supone una penalización a los municipios pequeños. Los populares insisten también en que las competencias impropias que asume la institución provincial por valor de 26 millones ahogan su presupuesto. Carlos Mazón ha pedido en multitud de ocasiones a los grupos de la oposición que le presenten un proyecto para saber qué partidas retirar para poder incluir estos 13,7 millones de euros en el presupuesto ordinario. En enero, el presidente de la Diputación se desplazó a València para participar en la primera reunión de la comisión bilateral con la Generalitat con el objetivo de examinar el sistema de competencias y acciones de cada administración. Sin embargo, la crispación entre el dirigente provincial y el jefe del Consell sigue campando a sus anchas y la voluntad por alcanzar un entendimiento brilla por su ausencia. Además de centrar su relato en el hecho de que, con su plan, los pequeños municipios alicantinos han recibido 18 millones de euros más que con el sistema de reparto del Consell, Mazón va un paso más lejos y ya está ultimando un plan alternativo al Fondo de Cooperación para repartir sus propias ayudas, incluyendo una partida para el gasto corriente, tal y como piden los consistorios. 

Ciudadanos tiene un papel central en esta cadena de desencuentros. Los dos diputados provinciales apoyan sin fisuras a su socio de gobierno en la Diputación, mientras su líder autonómico, Toni Cantó, juega a doble banda tratando de mantener su acercamiento a Ximo Puig, pero blindando el pacto de gobierno en la Diputación. Con este mar de fondo, los alcaldes de Cs insisten en la importancia de firmar un alto el fuego en el enfrentamiento político y dejar de lado los reproches y amenazas judiciales para poner en el punto de mira únicamente la falta de recursos y medios de los pequeños municipios y su necesidad de encontrar una salida para gestionar la crisis sanitaria y económica.