El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha solicitado al juzgado que levante el decomiso acordado en el marco de la «Operación Erial» del chalet en Benidorm y de los dos vehículos de alta gama, «con devolución de los mismos a sus propietarios». El exministro en el Gobierno de José María Aznar acompaña su petición con una pericial de parte elaborada por Ayuso Laínez y Monterrey Expertos forenses en Contabilidad y Finanzas, para apuntalar sus argumentos.
Los tres bienes que pretende recuperar Eduardo Zaplana fueron decomisados por auto del 15 de junio de 2018, tras ser detenido en el marco de la «Operación Erial» el 22 de mayo de 2018, que investiga el presunto pago de mordidas a cambio de las adjudicaciones de los contratos de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), el 20 de noviembre de 1997, y de los Planes Eólicos, el 25 de febrero de 2003. En el caso de Zaplana se le decomisaron una finca en la partida de la Cala de la playa de Poniente de Benidorm y dos vehículos de alta gama: un Audi Q7 y un Audi Q3. Los bienes fueron decomisados «por presumir que fueron adquiridos con el dinero obtenido de los sobornos y presuntamente por la adjudicación de los Planes Eólicos y de las ITV de la Comunitat Valenciana». Una decisión judicial que fue avalada por la sección quinta de la Audiencia de València en otro auto, del 25 de julio de 2018, en el que se señalaba que «en tanto no conste prueba en contrario, no cabe alzar lo dispuesto. (...) El recurrente señala que en su momento acreditará sus alegaciones. Por tanto, ahora no las acredita y no hay posibilidad de examinar con rigor y decidir de esa forma acerca de la oportunidad de la incautación».
Dos años y tres meses después, el expresidente de la Generalitat ha presentado un informe pericial en el que intenta acreditar el origen legal de la compra tanto del chalet de Benidorm como de los dos coches de alta gama decomisados por el Juzgado de Instrucción 8, que investiga el caso Erial. Sobre el chalet de Benidorm, la defensa de Zaplana alega que «fue adquirido a la sociedad Gestiones y Desarrollos Patrimoniales SA (mercantil del Banco Central Hispano) por el matrimonio formado por Eduardo Zaplana y Rosa Barceló el 15 de noviembre de 1995».
Por lo que, alega el expresidente de la Generalitat, «dicha casa fue adquirida con anterioridad a los hechos que se investigan, por lo que resulta materialmente imposible que pueda considerarse que este inmueble sea efecto, instrumento o ganancia proveniente de los supuestos delitos investigados en la presente causa», señala Zaplana en su escrito presentado al juzgado.
Respecto a los dos Audis decomisados por el Juzgado de Instrucción 8 y entregados a la Guardia Civil, el exministro de Trabajo aporta diversa documentación en la que justifica que ambos vehículos no fueron adquiridos por la mercantil Costera del Glorio SL (propiedad de uno de los presuntos testaferros de Zaplana) sino que fueron abonados desde una cuenta de Zaplana y mediante la aportación de otro Audi A8 entregado por el exjefe del Consell, en el momento de adquirir el Audi Q7. Respecto al Audi Q3, el escrito presentado justifica que fue adquirido por Rosa Barceló «con dinero procedente de su cuenta corriente y aplazando el resto mediante un préstamo que sigue abonando a pesar de no disponer del coche».
Por último, el informe pericial aportado por el expresidente de la Generalitat acredita que en el periodo 2001-2017 los ingresos que obtuvo por rendimiento de trabajo ascendían a 8.204.722,23 euros en el caso de Zaplana, que sumados a los 1.465.925,64 ganados por Rosa Barceló, suman 9.670.647,87 euros, que garantizarían la legalidad de las compras de inmuebles realizas en este periodo (la vivienda del piso en la Plaza de la Legión Española y la del piso de la Castellana en Madrid). «No existen fuentes de financiación extrañas a una operativa económica ordinaria», señala la defensa de Zaplana, por lo que pide que se levante el decomiso de los bienes decomisados en la causa.
La UCO usa los coches para la vigilancia de narcos y corruptos
Los vehículos decomisados a los principales protagonistas de la «Operación Erial» están siendo utilizados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde el julio de 2019 para seguir y vigilar a delincuentes de todo tipo, especialmente vinculados a la corrupción y las redes de delincuencia organizada. Además de los Audi Q7 y un Audi Q3, propiedad de Eduardo Zaplana y Rosa Barceló, los investigadores de la UCO también cuentan con el Volvo S80 decomisado a Juan Francisco García, el exjefe de gabinete de Zaplana; el BMW X3 a nombre de Costera del Glorio, la empresa de Joaquín Barceló, supuesto testaferro y amigo de la infancia de Zaplana, y un Range Rover Sport propiedad de «Pachano»; y un Smart Fortwo Coupé y un Honda Jazz Hybrid, propiedad de Francisco Grau, otro supuesto testaferro del expresidente de la Generalitat Zaplana.
