El Tribunal de Cuentas, en respuesta a la denuncia presentada por Compromís, ha emitido una diligencia de ordenación mediante la cual traslada a la fiscalía del organismo que analice los traspasos de fondos desde el grupo popular de la Diputación a una cuenta del PP para que en el plazo de diez días se manifieste sobre si el caso debe ser admitido o archivado.
La denuncia fue presentada por el grupo Compromís el último mes de septiembre y pone el acento en una serie de irregularidades en los ingresos por valor de 446.781,53 euros de la Diputación al Partido Popular. El escrito apunta hacia tres grandes ejes donde se engloban las posibles irregularidades: Incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos, transferencia no ingresada en la organización provincial del partido y ausencia de la preceptiva fiscalización.
El PP dio por justificado el dinero público que recibió del grupo de la Diputación y dijo que el Tribunal de Cuentas ya lo fiscalizó a lo largo del pasado mandato. Los populares defendieron que los certificados firmados por el actual presidente provincial del PP, Eduardo Dolón, en aquel momento número dos de la Diputación con César Sánchez, sirven como justificante y aseguran que cumplieron el reglamento de la Diputación al presentar su contabilidad con el aval de la Intervención. Sin embargo, ahora el Tribunal de Cuentas ha emitido una diligencia en la que envía al fiscal los ingresos y le pide que analice la causa.
Este periódico ha tenido acceso a muchos de esos certificados que efectivamente recogen las cantidades que se iban transfiriendo pero en ningún caso están acompañados de apuntes con el detalle del destino del dinero que fue desde la Diputación al PP ni tampoco de factura alguna.
Según el portavoz de Compromís, Gerard Fullana "cae así, de forma contundente, la coartada del Partido Popular de Carlos Mazón. El PP se ha negado a presentar las facturas que acreditan el cumplimiento de la ordenanza de la institución porque, según sus explicaciones, ya las había fiscalizado el Tribunal de Cuentas, cuando el organismo está pidiendo ahora explicaciones al fiscal para la comisión de posibles delitos o responsabilidad contable de técnicos de la administración y representantes del PP".
El grupo popular multiplicó por cuatro las asignaciones a los grupos políticos al inicio del mandato de 2015, con César Sánchez como presidente. A partir de este momento el grupo popular de la Diputación aumentó las transferencias al Partido Popular sin acreditar públicamente el destino finalista de las mismas. Compromís denunció ante el Tribunal cómo la gerente del partido, Yolanda Murcia, llegó a emitir certificados contradiciendo los propios certificados de Dolón. "Para burlar un posible recurso de la oposición que exigiera la acreditación mediante facturas se ha evitado en estos años cumplir las bases de creación de la comisión de fiscalización de cuentas de la Diputación, que prevén se emita un informe para ser aprobado por el pleno como dictamen", denuncia Fullana, quien añade que gran parte de los ingresos se llevan a cabo entre el 25 y 31 de diciembre de forma sistemática,
