Muchas cosas han cambiado a los tres años de la multitudinaria manifestación de noviembre de 2017 en València en defensa de una financiación justa. Pero el reparto del dinero en la España autonómica no está entre ellas.
El modelo en vigor se aprobó en 2009, con la pretensión de actualizarlo en 2014. Desde entonces espera su momento. Decenas de estudios y datos oficiales constatan cada año la infrafinanciación. Se necesitarían 1.366 millones para llegar a la media. El sistema es tan injusto que el consenso cubre todo el arco político, a derecha e izquierda.
Pero entre poco y nada se ha avanzado en tres años. Aquel noviembre de 2017 la diana de los manifestantes era el Gobierno de Mariano Rajoy que daba largas a la reforma. El PP fue el único partido que, igual que ayer, se ausentó de la protesta aunque apoya el fondo de la reivindicación.
El mundo es hoy muy distinto. Al Ejecutivo de Rajoy le quedaba medio año de vida. Se lo llevó por delante una moción de censura en junio de 2018 que aupó a la presidencia a Pedro Sánchez. Comenzó entonces un ciclo electoral que consumió 2019 y en marzo de 2020 se desató una pandemia mundial que aparcó la revisión. Este otoño debía conocerse el esqueleto del nuevo modelo según el compromiso de Sánchez, que también pactó en la investidura de enero con Compromís presentar por estas fechas la propuesta gubernamental. La pandemia destrozó los plazos. La coalición cree que tras las catalanas del 14 de febrero sería el momento.
Ayer la Plataforma per un Finançament Just se concentró ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante y la Delegación del Gobierno en València para reivindicar que se presente ya la propuesta de nuevo modelo por parte del Gobierno y que el presupuesto de 2021 recoja la nivelación de las autonomías infrafinanciadas. Se leyeron sendos manifiestos para reclamar la misma unidad que hace 40 años permitió el autogobierno. También la reforma inmediata del modelo de financiación y un reparto equitativo entre autonomías. Y mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, representantes del tejido empresarial y todos los partidos excepto PP y Vox acudieron a esta protesta en Alicante, en la que la diputada de Compromís Aitana Más, acompañada por el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, destacó la importancia de esta reivindicación en una época especialmente dramática por la pandemia. «Con los recursos que tenemos se hace complicado hacer frente a esta crisis y nos sumamos a esta reivindicación para pedir el fondo de nivelación que fue propuesto por Joan Baldoví y fue rechazado por el Gobierno central». En Valencia, diputados de PSPV como José Muñoz o Rosa Mustafá; el síndic de Compromís, Fran Ferri; la coportavoz Àgueda Micó, Estefanía Blanes de Unides Podem o el líder autonómico de Cs, Toni Cantó, mostraron pancartas con lemas «inversions justes» o «deute històric» junto a los líderes de los sindicatos.
La delegada del Gobierno ve la solución en 2021 si hay consenso
La delegada del Gobierno, Gloria Calero, recogió el manifiesto tras la concentración de ayer ante la sede del Palau del Temple en València. Calero atendió a los concentrados que exigían una financiación justa junto al subdelegado, Rafa Rubio, y garantizó que el nuevo modelo saldrá adelante en 2021 «si hay un buen clima político».
Añadió que la intención del Gobierno es que el modelo se presente a la mayor brevedad posible, aunque también señaló después que será «cuando se pueda». «El Gobierno es consciente y en cuanto pueda lo solucionará», añadió la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según Calero, los presupuestos del Estado ya incluyen 1.578 millones para la Comunidad Valenciana, una cifra que se acerca al criterio poblacional, al que no llega por un punto porcentual. La Comunidad Valenciana recibirá según el proyecto de ley el 9,6% de las inversiones territorializadas mientras el peso poblacional valenciano en el conjunto de España es el 10,6%.
La delegada aprovechó para hacer un llamamiento a todos los partidos para apoyar las cuentas en el Congreso porque «si no hay acuerdo difícilmente se va a solucionar la infrafinanciación», aunque cree que será posible durante el año 2021.
