La crisis interna generada en la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas hace un mes y que propició el relevo de varios altos cargos, entre ellos, el subsecretario Gabriel Olmos, ha culminado esta semana con la salida forzosa de la hasta ahora responsable de la Inspección General de Servicios. Según ha podido saber este diario, la Dirección General de Función Pública ha resuelto declarar a esta funcionaria en situación de excedencia voluntaria por interés particular, una figura administrativa que en la práctica supone apartarla durante dos años del ejercicio de la función pública sin derecho a retribución y ni siquiera a paro.

El origen de esta resolución fue que la afectada, hasta ahora subdirectora de la Inspección General de Servicios, no participó en la convocatoria de su plaza a la que estaba adscrita de forma provisional y que debía cubrirse por el procedimiento de libre designación. La inspectora se encontraba de vacaciones en el momento que la convocatoria salió publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, por lo que, por descuido, no se presentó. El olvido ha acabado teniendo consecuencias laborales muy graves para esta empleada pública, pero también originó un terremoto en la Conselleria con el cese en cadena del subsecretario, el secretario general administrativo y, por último, de la directora general de Modernización, Yolanda Parrado, de quien dependía el órgano de control interno.

Fuentes del departamento de Bravo señalan como detonante de la crisis el intento de la ya destituida Yolanda Parrado de dar una salida a la funcionaria de carrera que evitara el drama de una excedencia voluntaria. Según estas fuentes, la alto cargo propuso una solución a la que Bravo se opuso por ser totalmente irregular. La excedencia voluntaria por interés particular aparece recogida en el artículo 105 de la Ley de Función Pública.

Sin embargo, el informe jurídico de la Abogacía da argumentos a quienes en la Conselleria proponían vías alternativas para salvar a Gavara de la expulsión al entender que el artículo aplicado era desproporcionado y dejaba fuera a una funcionaria experimentada.