El Síndic de Greuges ha instado a la Diputación de Alicante a que facilite la información requerida por el diputado de Compromís Gerard Fullana de los ejercicios contables de los grupos políticos en la institución provincial entre los años 2007 y 2015. Compromís exigió ayer al equipo de gobierno de la Diputación que responda a los requerimientos del Síndic de Greuges, Ángel Luna, y aclare dónde está la documentación que no se ha entregado a la coalición y que afecta a la facturación del grupo popular. La coalición ha exigido explicaciones después de que Ángel Luna pidiera a la institución la contabilidad referida a los grupos políticos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015; y también la documentación remitida al Tribunal de Cuentas entre los años 2007 y 2015.

La coalición reclama, por tanto, al presidente Carlos Mazón que atienda la petición de la Sindicatura, que pide a la institución provincial que notifique los expedientes de contabilidad, tras la denuncia que formuló al asegurar que se le ha negado sistemáticamente estos documentos «en su derecho a ejercer una oposición política propia de una estado democrático». Compromís ha denunciado incumplimientos de la propia ordenanza institucional por parte de los diputados del PP a la hora de justificar los traspasos de dinero público a su partido político. Tras casi un año reclamando administrativamente la documentación, la coalición aseguró ayer que «el gabinete de Presidencia, en sus intercambios de información con la Sindicatura, afirma en un escrito que ha entregado a la oficina del Síndic la documentación referida y este lo desmiente».

Según el informe al que ha tenido acceso este diario, Ángel Luna asegura que «el único documento de contabilidad aportado fueron los certificados de los resultados anuales de las cuentas de los grupos». Además, el Síndic sostiene que si la Diputación carece de dicha información «porque no la solicitó» o «la ha destruido», debe comunicarlo directamente a Gerard Fullana.

Según aseguró ayer el portavoz de la coalición y firmante de la queja, «la documentación no parece existir o ha sido destruida. La Sindicatura nos reconoce nuestro derecho constitucional a acceder a la información, hasta ahora negado con el argumento de Presidencia de que nuestro derecho prescribe junto a las responsabilidades jurídicas que puedan desprenderse de la documentación que reclamamos». Compromís recordó que el Tribunal de Cuentas derivó recientemente a Fiscalía su denuncia respecto a que no estaba justificado el traspaso de 446.000 euros del grupo político del PP al partido.