Centrar los esfuerzos en la lucha contra el covid es ya un imperativo para cualquier administración en esta etapa tan crítica para todos los sectores económicos. El objetivo común es garantizar la supervivencia de las empresas y del empleo, además de tener una especial sensibilidad social. También la Diputación de Alicante ha decidido ponerse en primera línea frente al virus para alinear las prioridades de los próximos presupuestos en torno a un único propósito: contribuir a sentar las bases de la recuperación económica. Para ello, la Diputación destinará cerca de 50 millones a la lucha contra el covid en 2021, a través de la línea presupuestaria ordinaria que se reforzará a lo largo del año con los remanentes de tesorería.
Por un lado, el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos aprobará ayudas por valor de 6 millones de euros para que los ayuntamientos puedan destinarlas a los autónomos, pymes, micropymes y profesionales con el objetivo de minimizar el impacto económico de la crisis del coronavirus. Estas ayudas serán compatibles con las que ofrecen otras administraciones, como los propios ayuntamientos. Durante la primera oleada del virus, todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad una propuesta de similares características, por lo que ahora el presidente, Carlos Mazón, ha decidido dar continuidad a este plan para dotar de liquidez al tejido económico local, contrarrestar el daño que está sufriendo y evitar, en la medida de lo posible, el cierre de negocios y el aumento del desempleo. Los 6 millones de euros se distribuirán, siguiendo criterios de población, entre los 141 ayuntamientos de la provincia, que se encargarán de su tramitación y concesión entre los posibles beneficiarios. Las subvenciones se podrán destinar al pago del alquiler de los locales comerciales o a cubrir gastos de consultoría y asesoría, agua, luz o a la amortización de préstamos de adquisición del local de negocio y de vehículos comerciales, entre otros.
Entre otras iniciativas, la Diputación aprobará, además, otra línea de 6 millones de euros para conceder ayudas a los ayuntamientos para hacer frente al gasto social. El propósito es atender las necesidades más urgentes planteadas por los municipios, una iniciativa que también se puso en marcha a lo largo de este año y que ahora volverá a repetirse. La distribución también se realizará siguiendo el criterio poblacional, dando prioridad en el reparto a los municipios más pequeños. Algunas de las acciones por las que los ayuntamientos contarán con esta dotación económica será la atención domiciliaria, especialmente, a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, la asistencia a las personas sin hogar, el refuerzo de las plantillas de Servicios Sociales municipales o las ayudas a las familias más vulnerables para la cobertura de las necesidades básicas.
La tercera línea de acción y la más cuantiosa será el nuevo plan de 30 millones destinados a los ayuntamientos, como contrapropuesta al Fondo de Cooperación que impulsa el Consell y que la Diputación no ha aprobado. Este programa inversor provincial se destinaría a cubrir gastos de dos años, lo que supondría desembolsar 15,1 millones anuales frente a los 13,7 millones que propone el Consell. Además, la idea es beneficiar a los pequeños ayuntamientos, aumentando los fondos para que salgan beneficiadas las localidades de menos de 5.000 habitantes.
El diseño del presupuesto está marcando la actividad de la Diputación en las últimas semanas. Los ayuntamientos han reiterado la necesidad de disponer de más recursos y herramientas presupuestarias para luchar contra los efectos sanitarios y socioeconómicos del covid. Atendiendo estas reivindicaciones, el diputado de Economía, Eduardo Dolón, aseguró a este medio que los alcaldes podrán decidir si destinan las ayudas a gasto corriente o inversiones. «Los ayuntamientos podrán dedicar el dinero a desarrollar obras para generar empleo o invertir en gasto corriente para adquisición de mascarillas, geles o lo que consideren», dijo Eduardo Dolón.
La capacidad de inversión de la Diputación aumentará por la incorporación de los remanentes de tesorería que también podrán dedicarse a gasto corriente e inversiones. El presupuesto de 2021 de la Diputación será ligeramente superior al de este año que alcanzó los 266 millones. El primer paso para diseñar las cuentas fue recoger las propuestas de los grupos de la oposición y ahora el documento ya se encuentra en la fase final después de que los diputados hayan cerrado el plazo de solicitudes. El equipo técnico ya está trabajando en la documentación administrativa. Según Eduardo Dolón, los presupuestos incluirán la mayoría de sugerencias formuladas por PSOE y Compromís como los planes para la despoblación o el ciclo hídrico. La intención del equipo de gobierno es aprobarlo en el pleno que se celebrará en enero.
Pleno para agilizar el nuevo plan inversor y la DANA
La Diputación de Alicante ha convocado un pleno para el próximo miércoles con el objeto de dar cobertura a dos convocatorias para la concesión de subvenciones a favor de los municipios de la provincia. Una de ellas, denominada «Plan +Cerca 2020», es el programa inversor por valor de 30 millones de euros que el equipo de gobierno ha confeccionado para conceder ayudas a los municipios, primando los de menor población, y cuya cuantía podrá ser destinada a gasto corrientes e inversiones. La segunda subvención que también irá a pleno es la destinada a aquellos municipios que se hayan visto afectados por el temporal DANA, de lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido sobre todo en la Vega Baja entre el 11 y 14 de septiembre de 2019. Las ayudas alcanzarán los 7 millones de euros. Tal y como explicó ayer el diputado Eduardo Dolón, «a través de este pleno lo que hacemos es aprobar el mecanismo financiero que posibilita la concesión de estas ayudas, a través de una modificación de crédito y de las bases de ejecución para dar cabida al plan inversor y a las ayudas para la DANA».
