La política de hechos consumados está marcando la relación entre Ximo Puig y Carlos Mazón. El denominado Fondo de Cooperación o, lo que es lo mismo, el reparto de fondos a los ayuntamientos con los criterios que marca el Consell y que la Diputación de Alicante no ha querido aprobar es el principal elemento de distorsión que tienen ante sí. Los dos dirigentes han decidido elevar la tensión y utilizar todos sus recursos para lograr sus propósitos pese a que acercar posturas en torno a este tema es su única salida si no quieren convertir el mandato en un pulso constante entre instituciones.
Si hace unos meses era la Generalitat la que cargaba con dureza contra Carlos Mazón para exigirle que aceptara los criterios autonómicos para hacer llegar 13,7 millones a los municipios, la situación se ha dado la vuelta y ahora es el presidente de la Diputación quien tiene prisa por sacar a relucir esta polémica y dejar sin argumentos a Puig. Eso fue exactamente lo que hizo este lunes Mazón, poniendo sobre la mesa un nuevo plan inversor, cuya modificación de crédito ya ha sido aprobada, que da más autonomía y libertad a los consistorios para elegir el destino de las ayudas, y que priorizará en el reparto a las localidades más pequeñas, introduciendo por primera vez el criterio de la despoblación.
Fue Ximo Puig quien anunció que otorgaría rango de ley al Fondo de Cooperación para obligar a la Diputación a sumarse a un reparto de dinero mediante un sistema objetivo en función de la población con, además, un mecanismo corrector para que salgan beneficiadas las localidades más pequeñas. Cabe señalar que estos recursos pueden destinarse también a sufragar servicios o gasto corriente, tal y como piden los alcaldes. Por parte de la Diputación, el expresidente César Sánchez se negó a aceptar los criterios del Consell y, en su defecto, habilitó una partida económica similar, de unos 14 millones de euros, con cargo a los remanentes de tesorería para una distribución de subvenciones que sí estaba condicionada a la puesta en marcha de obras financieramente sostenibles. Esta fue la base sobre la que el PSOE criticó la propuesta provincial. Pero, ahora, Carlos Mazón ha redoblado su ambición y ha anunciado un nuevo plan de 30 millones que, en la práctica, se convierte en la alternativa al Fondo de Cooperación Municipal. El dirigente provincial dio a conocer ayer el destino de las ayudas del Plan +Cerca, que sufraga íntegramente la Diputación sin que se requiera aportación municipal, y que atiende las reivindicaciones de los alcaldes que solicitaban libertad para decidir si la subvención se utiliza para financiar gasto corriente o inversión. Carlos Mazón dejó claro que la distribución que marca el Consell «no es justa» y que, por eso, ha añadido otros criterios de reparto como las pedanías o la despoblación.
El presidente de la Diputación sacó músculo de la solidez de su pacto de gobierno con Ciudadanos y ofreció una comparecencia pública con el diputado de Infraestructuras y portavoz de la formación naranja, Javier Gutiérrez, para defender un modelo de fondos basado en los principios de autonomía, libertad, flexibilidad y objetividad. Fue, en definitiva, un claro mensaje hacia la Generalitat como respuesta a su proyecto de ley. Por primera vez, el nuevo programa inversor de la Diputación incluirá, además de los criterios de población, otros como densidad, superficie o número de pedanías. En esta ocasión, se distribuirán dos millones con criterios de despoblación entre los 102 municipios alicantinos que han perdido habitantes en los últimos diez años. Además, en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, será la Diputación la que se encargará de la redacción del proyecto y de la contratación y dirección de la obra. En paralelo, y como novedad, los alcaldes podrán obtener financiación para obras en cementerios, adquisición de solares y edificaciones, actuaciones de demolición y derribo, rehabilitación de inmuebles o gestión del patrimonio, junto a las que tradicionalmente se incluyen en anteriores convocatorias. PP y Cs aprobarán las bases en el pleno del 16 de diciembre y los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el mes de febrero.
Críticas al nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, afirmó este lunes que «el nuevo recorte» que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura obedece a una «decisión arbitraria» de la ministra para la Transacción Ecológica, Teresa Ribera, y aseguró que la institución provincial ha sido la «única» de la Comunidad que ha alegado a los planes hidrológicos del Gobierno central. «Es lamentable la posición de la ministra Ribera y del Consell», añadió Mazón, quien acusó a la Generalitat de «no hacer nada», y solo defender el trasvase cuando visita la Vega Baja.
Compromís lleva al pleno el «sinpa» del Partido Popular
Compromís ha presentado al pleno de la Diputación de Alicante, previsto para mañana, una moción de condena al «sinpa» por valor de 8.359 euros que el PP dejó en la Institución Ferial Alicantina en 2009 y que organizó Carlos Mazón, actual presidente del ente provincial alicantino. Por su parte, Mazón señaló ayer que la intención del PP siempre fue «la de abonar la factura», pero añadió que, «sin factura, era complicado». El dirigente popular dijo desconocer «por qué no se emitió en su momento» la factura, pero subrayó que el encargado de hacerlo era IFA por «prestar los servicios».
