Carlos Mazón terminó este miércoles el día con el convencimiento de que tiene a Ciudadanos de su lado. Sin fisuras. Puede apuntarse en su haber el logro de cerrar bajo cuerda su pacto de gobierno. El pleno de la Diputación evidenció que la formación de Inés Arrimadas se ha alineado de forma unánime con el PP y que ha aceptado sus términos sin controversia alguna. Así ocurrió en el debate sobre la moción relativa a la deuda del PP con IFA o en la propuesta del PSOE para instar al Gobierno de España a que permita a la Administración local poder agilizar los trámites de las ayudas para paliar las consecuencias del covid. Durante este año y medio de mandato, Ciudadanos no ha votado a favor de ningún punto que fuera en contra o simplemente cuestionara la posición del PP. Este miércoles volvió a dejarlo claro y, ante los reproches y mociones que proceden desde la bancada de la oposición y que buscan un cambio de rumbo, la estrategia habitual es presentar enmiendas para ahormar a su antojo las propuestas de los proponentes y terminar votando un texto que nada tiene que ver con el original.

El papel de los dos diputados naranjas era crucial en el debate para saber si están dispuestos a marcar perfil político propio y desmarcarse del PP en asuntos de envergadura. Tras la celebración del pleno, no cabe duda, al menos por el momento, que sus horizontes políticos pasan por seguir la línea que marca Carlos Mazón. El «simpa» por valor de 8.359 euros que el PP dejó a la Institución Ferial Alicantina en 2009 y que organizó Mazón, entonces vicepresidente y hoy presidente del ente provincial alicantino, centró el debate del pleno. Compromís trazó una estrategia con gran carga de profundidad al presentar una moción para condenar los hechos y emplazar a Ciudadanos, socio de gobierno del PP, a posicionarse a favor de la misma. El equipo de gobierno presentó una enmienda a la totalidad (el nuevo reglamento que entra en vigor en enero no lo permitirá) a la propuesta defendida por Gerard Fullana en la que reprobaba esta cuestión y exigía el pago de la deuda, además de toda la documentación relativa a la cena, así como la requerida por el Síndic de Greuges sobre la contabilidad del grupo popular en la misma época.

Compromís, con el apoyo de PSPV, dirigió sus críticas a la formación naranja para denunciar que sus dos diputados se nieguen a condenar este «simpa» y rechacen la entrega de la documentación cuando gestionan el área de Transparencia. El PSOE apoyó la medida e insistió en que la mejor manera de aclarar lo ocurrido es «aportar las facturas de la cena, los autobuses y los gastos de montaje para valorar si ese acto formó parte de la financiación ilegal del PP», según indicó el portavoz socialista, Toni Francés. PSPV y Compromís hicieron piña para acusar a la formación liderada por Toni Cantó en la Comunidad, de «hacer seguidismo» del PP. Como respuesta, el diputado Javier Gutiérrez trató de defenderse de todas las críticas de la oposición, menos de las que lo acusaban de «estar rellenando ya la ficha de militancia del PP». Prefirió no contestar a eso y limitarse a asegurar que «Ciudadanos no va a convertirse en juez, iniciando investigaciones para las que el pleno no sólo no tiene competencia, sino que, además, pasaría por encima de todos los órganos fiscalizadores y la administración de Justicia». Por su parte, el diputado popular Juan Francisco Pérez Llorca recordó que ni la Fiscalía ni la Agencia Valenciana Antifraude han atribuido conducta dolosa a la no facturación de la cena, atribuyéndolo a un error técnico o administrativo de IFA. Asimismo, avanzó que, tras el archivo de la causa, el PP y la institución ferial llegaron a un acuerdo previo al procedimiento monitorio, como única vía legal para hacer frente al pago.

El orden del día se cerró con la votación de una moción presentada por el grupo socialista para instar al Gobierno de España a que permita a la Administración local agilizar los trámites de las ayudas para paliar las consecuencias del covid. El texto, que sí contó con el voto a favor de la formación naranja en otros municipios, fue enmendado por los grupos popular y Ciudadanos en la Diputación, aprobándose con estos cambios finalmente, con la abstención de PSOE y Compromís.

Aumento del porcentaje en la reserva de los contratos para empresas de inserción social

La Diputación de Alicante ha establecido en un 7% - el más alto de la Comunidad Valenciana- el porcentaje mínimo de reserva en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, lo que favorecerá el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. El pleno de la institución provincial aprobó esta medida que, tal y como destacó el responsable del área, Juan de Dios Navarro, «convierte a la Diputación en una administración pionera, no sólo en la Comunidad, ya que el porcentaje fijado supera en un 3% lo que recomienda la Ley de Contratos del Sector Público». «Hoy es un día histórico porque este acuerdo va a tener un impacto muy positivo, dando voz a un sector que realiza una gran labor por la integración social y laboral de los colectivos más vulnerables», indicó Navarro, quien minutos antes del pleno se reunió, junto al presidente de la institución, Carlos Mazón, con representantes de las empresas de inserción social.

Rechazo de PP y Cs a la Ley Celaá por considerarla «un ataque a la democracia»

En el apartado de mociones, durante la sesión salió adelante una propuesta conjunta impulsada por el grupo popular y Ciudadanos en la que se mostró el rechazo a la nueva ley educativa conocida como Ley Celaá por considerarla «un ataque frontal a la democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas más modernos e innovadores». En este sentido, los dos grupos que conforman el equipo de gobierno mostraron su apoyo al recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos constitucionales como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano. El portavoz popular, Eduardo Dolón, acusó al Gobierno central de «tramitar esta norma de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad, apostando por un modelo caduco y anticuado». Como respuesta, Compromís exigió el cumplimiento de la ley lingüística en la Diputación para pedir que a partir de ahora se presenten las bases de convocatorias, informes y documentos tanto en valenciano como en castellano.