¿Qué papel han jugado los Ayuntamientos en la gestión de esta crisis sanitaria?
Hemos sido una pieza clave. De hecho, el Gobierno central y los autonómicos enseguida miraron a los Ayuntamientos para ver cómo podíamos involucrarnos de una manera rápida en la gestión de la pandemia ya que, al estar más cerca del día a día de los ciudadanos, estamos capacitados para dar una respuesta más ágil que un Ministerio o una Consellería.
Cantidad de municipios tejieron alianzas con el tercer sector y con los voluntarios para que a nadie le faltara alimentos, para desinfectar las calles si no llegaban las empresas de limpieza... Fue un vuelco total. Los Ayuntamientos recibían llamadas diarias de vecinos para ofrecerse y fue más difícil la gestión de voluntarios que su falta.
Nos hemos convertido en protagonistas. Tras unos años donde la administración local había sufrido bastantes recortes (a través de la Ley Montoro, de las restricciones presupuestarias, en materia de personal…) se estaba perdiendo la creencia en los Ayuntamientos, dejándonos sin herramientas y quitándonos competencias: una filosofía protagonizada por el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional.
Ahora, con el covid-19, los Gobiernos se han dado cuenta del papel fundamental que desempeñan los Ayuntamientos.
¿Cree que la pandemia y el confinamiento domiciliario ha influido positivamente en la percepción de lo “rural”?
Yo creo que sí, pero hay que ser realistas: no existe una decisión en masa de mudarse de las ciudades a los pueblos. Sin embargo, sí que hay un determinado grupo social que ha comenzado a pensar en volver a esos municipios más pequeños, también, gracias a soluciones tecnológicas como el teletrabajo, o herramientas para que los hijos no pierdan oportunidades en el plano educativo y de crecimiento personal (que, por otro lado, se ha demostrado que no tienes por qué vivir en una gran ciudad para tener garantizado ese desarrollo).
El poso de la gran ciudad sigue instaurado en nuestra sociedad, pero yo creo que esta pandemia sí que ha supuesto un cambio en la mentalidad general. El más claro ejemplo ha sido el del turismo este verano: hemos visto como ha habido una masificación de las zonas rurales y una desertificación del turismo de playa -masivo históricamente- que dejaba imágenes bastante curiosas. Se ha desequilibrado mucho esa balanza, y esperamos recibir nuevas familias en los municipios más pequeños en los próximos años.
¿Qué significa el concepto de “municipalismo europeísta” y cómo puede ayudar en la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana?
Estamos hablando de las dos administraciones, a priori, más separadas para el ciudadano. Una, la municipal, que es la más cercana y donde todo el mundo acude para realizar sus trámites y otra, la más lejana con sede en Bruselas, que es la Unión Europea y todos sus organismos donde se toman decisiones muy trascendentes para el futuro de los estados miembros, sus ciudades y municipios. El objetivo es intentar enlazar ambas partes. El municipalismo tiene que mirar a Europa y alinearse con ella para que todas las decisiones políticas, económicas y de bienestar social estén armonizadas.
Tanto el Gobierno central como la Generalitat están confiando en los Ayuntamientos a la hora de diseñar las políticas y acciones para esa recuperación que todos deseamos. En muchos casos, van a ser las corporaciones locales las que desarrollen los fondos europeos que vendrán en los próximos años. La administración está creyendo en el principio de subsidiariedad, o lo que es lo mismo, está descentralizando la toma de decisiones para que sea mucho más participativa y de “cogobernanza”.
Recientemente han creado la Oficina Pont Europa como un servicio de asesoramiento para guiar la participación de los municipios en proyectos europeos... Cuéntenos más sobre este proyecto.
Se trata de un proyecto que ya está en marcha y que nace a través de un convenio con la Generalitat Valenciana para facilitar toda la información, preparación y formación de los municipios en torno a los fondos europeos.
Me explico: cuando un Ayuntamiento quiere acceder a cualquier tipo de programa de fondos europeos, debe estar preparado para ello y saber cómo hacerlo. Contar con unos planes estratégicos, con la participación conjunta del municipio, preparar cada administración local internamente para la fiscalización… Todo esto lleva un trabajo. No es nada fácil, y por eso desde la Federación vimos la necesidad de dotar de una herramienta efectiva a nuestros municipios valencianos que ayudara a conseguir los requisitos y trámites necesarios para acceder a financiación europea.
Pont Europa pretende que todos los municipios que lo deseen puedan desarrollar estratégicamente sus ciudades en política social, industrial, de innovación, medioambiental… lo que más necesiten, con la ayuda de Europa.
¿Qué pueden aportar los Ayuntamientos para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y el Green Deal europeo? Siempre se habla de las grandes ciudades...
Es un reto enorme. Los pequeños municipios no tienen Ayuntamientos con grandes capacidades para mover expedientes administrativos, licencias de impacto medioambiental… Sin embargo, son la clave para el mantenimiento de la naturaleza, de las áreas rurales o de un sector primario bien equilibrado.
Por ejemplo, a la hora de impulsar un negocio en torno a una industria agroalimentaria muchas veces es más fácil hacerlo en una gran ciudad, donde la administración es muy ágil, que en un municipio pequeño que apenas tiene personal y cuenta con más “impedimentos” para esos trámites. Por tanto, hay emprendedores que no ven realizado su proyecto por esa falta de capacidad de los Ayuntamientos. Lo mismo pasa cuando un pequeño consistorio afronta una modificación del plan general: se convierte en una montaña.
No obstante, estos pequeños municipios juegan un importante papel en el Green Deal y en la Agenda 2030 porque tienen las oportunidades y los recursos naturales más a mano, y sus empresas suelen ser más sostenibles que en las grandes ciudades, pero faltan herramientas para darle corpus legal a todas esas actividades. Sin duda, hay que reforzar esta parte administrativa porque los municipios pueden aportar muchísimo a esa transformación social, económica y medioambiental que queremos alcanzar en 2030.
Casi la mitad de los municipios de la Comunitat Valenciana cuentan con una población inferior a los 1.000 habitantes. ¿Qué se puede hacer para revertir el despoblamiento?
En los últimos tiempos hemos puesto la despoblación de la Comunidad Valenciana en la agenda política. Pero no nos quedemos con el titular, es un trabajo muy costoso.
Lo primero es que una persona o familia que quiera trasladarse a uno de estos pequeños municipios debe tener garantizados los servicios básicos con una cierta calidad. Y eso es trabajo de las administraciones públicas. Sanidad, educación, protección de personas mayores… vamos camino de eso porque los gobiernos estatales y autonómicos están muy sensibilizados, pero todavía hay mucho por hacer.
Por otro lado, tiene que haber una garantía de empleo, una seguridad económica. Hay que buscar mecanismos para agilizar ciertos trámites y que se puedan instalar nuevos negocios con mayor facilidad, como comentábamos antes.
El acceso a la tecnología es prioritario. Es fundamental que en los municipios pequeños la gente no se sienta desconectada, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Hay una anécdota de un pueblo de la Comunidad de Madrid donde no pueden haber más de tres personas conectadas a la vez a Internet. Esto está ocurriendo. A partir de ahí tenemos que proporcionar garantías de conexión con el mundo, tener siempre cobertura, una buena red de banda ancha… Nadie va a irse a un pueblo a vivir si no tiene sensación de confianza y conexión.
Por último, la seguridad. Muchos municipios no pueden mantener el servicio de policía local y dependen de la guardia civil, pero gracias a herramientas como cámaras de videovigilancia conectadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, podemos generar ese efecto de seguridad en la gente.
En definitiva, se trata de encontrar un hábitat donde la confianza, la conexión, el empleo y el acceso a los servicios públicos básicos y de calidad estén garantizados. Esas son unas buenas soluciones para afrontar la despoblación.
