La guerra del agua ha vuelto a dar aire a los políticos y ha provocado un enfrentamiento que en las últimas semanas ha salido a la superficie con intensidad. Ximo Puig y Carlos Mazón saben que viene otro pulso entre las dos instituciones a las que representan. Se trata de la segunda pugna política de trascendencia entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. Cuando todavía no han resuelto sus diferencias por el Fondo de Cooperación para el reparto de inversiones entre los municipios, ahora el Tajo-Segura ha abierto un nuevo frente. Alicante necesita cerca de 500 hm³ de agua al año de fuentes externas (trasvases) para garantizar su abastecimiento urbano, agrícola e industrial. Y, ante un problema que afecta gravemente al sector del regadío, el presidente de la Generalitat y el de la Diputación han demostrado que no están dispuestos a abordar decisiones conjuntas para remar en la misma dirección a la hora de defender la necesidad de agua que tiene esta provincia.
Ximo Puig ha acudido 38 veces a los tribunales en defensa del Trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, según datos oficiales. El barón socialista quiere liderar la posición de Alicante y evidenciar que no titubea a la hora de exigir al Gobierno central que el agua no se toque. Está centrado en armar un relato alicantino convincente consciente de que el líder provincial del PP tiene todas las papeletas para encabezar la reconstrucción del partido en la Comunidad. Ximo Puig es uno de los dirigentes territoriales del PSOE con más poder institucional y trata de reforzar su liderazgo incidiendo en la idea de que no ha dejado de defender la viabilidad del Trasvase. Del total de ocasiones en las que ha recurrido a los tribunales, tres son procesos directos ante decisiones del Ministerio y ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones como por ejemplo personándose contra Castilla-La Mancha. Solo en 2020 ha acudido en 20 ocasiones a los tribunales. El presidente de la Generalitat defiende que el Tajo-Segura es irrenunciable y juega la carta de alicantinizar al máximo su mensaje, ante el enfrentamiento abierto con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Públicamente, el líder socialista se ha quedado al margen de estos ataques directos. No quiere entrar en confrontación, aunque fuentes de Presidencia insisten en reiterar la idea de que Mazón dirige una institución local y que no tiene ninguna competencia en este asunto. Según indicaron las mismas fuentes, el presidente del PP provincial trata de buscar enfrentamientos institucionales en su batalla por el control del partido.
En este pulso por ahormar este relato, Ximo Puig se ha encontrado enfrente al presidente de la institución alicantina, quien ha convertido el tema del agua en uno de sus principales ejes de acción desde el inicio de su mandato. De hecho, en su etapa como gerente de la Cámara de Comercio, ya trabajó en contacto directo con diferentes empresas para dar voz a las reivindicaciones, sobre todo de la Vega Baja. A nivel político, Mazón quiere ganar una visibilidad que los espacios de acuerdo no le pueden aportar. Su estrategia se basa en lograr pactos con la oposición en la Diputación y, a la vez, buscar la confrontación con Valencia en temas de calado. Se siente cómodo en el papel de paladín de la defensa de los intereses alicantinos, pese a que esta maniobra abra el debate de su intento por moverle la silla a Isabel Bonig. Mazón se reunió la semana pasada con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para analizar la situación hídrica del sureste español y fijar estrategias comunes en defensa de los regantes de ambos territorios. Tras su primer encuentro institucional, los dirigentes populares aseguraron que es urgente unirse contra las decisiones del Ministerio de Transición Ecológica. Frente a esta alianza, la Generalitat y la Diputación siguen marcando distancias. ¿Por qué Puig y Mazón no aúnan fuerzas para desarrollar políticas hídricas? Lamentablemente, la respuesta a esa pregunta está en el juego político.
La ley del Fondo de Cooperación mantiene tensionadas las relaciones
Las posiciones políticas de la Generalitat y la Diputación de Alicante están cada vez más alejadas. Uno de los principales asuntos que tiene tensionadas las relaciones es el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell y que la Diputación se niega a aprobar desde el año 2017, con Césár Sánchez como presidente de la institución provincial. El Consell aprobó el pasado viernes el proyecto de ley que regula este reparto de inversiones con el objetivo de forzar a Carlos Mazón a sumarse y dejar atrás su boicot. Los grupos del Botànic ofrecerán un pacto al PP y Ciudadanos en las Cortes para tratar de consensuar esta ley, pese a que el PP de Alicante ya se estaba movilizando para llevar hasta el Tribunal Constitucional este plan a través de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el pasado viernes Carlos Mazón contestó al Consell con una contrapropuesta y se mostró dispuesto a aprobar el fondo siempre y cuando se tengan en cuenta los nuevos criterios de reparto aprobados por unanimidad en el plan provincial denominado +Cerca. Puig y Mazón tratan de mostrar un perfil dialogante públicamente aunque hasta el momento no haya existido voluntad por firmar un alto el fuego que ponga fin a su enfrentamiento político.
