Las posiciones políticas de la Generalitat y la Diputación de Alicante están cada vez más alejadas. Uno de los principales asuntos que tiene tensionadas las relaciones es el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell y que la Diputación se niega a aprobar desde el año 2017, con Césár Sánchez como presidente de la institución provincial. El Consell aprobó el pasado viernes el proyecto de ley que regula este reparto de inversiones con el objetivo de forzar a Carlos Mazón a sumarse y dejar atrás su boicot. Los grupos del Botànic ofrecerán un pacto al PP y Ciudadanos en las Cortes para tratar de consensuar esta ley, pese a que el PP de Alicante ya se estaba movilizando para llevar hasta el Tribunal Constitucional este plan a través de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el pasado viernes Carlos Mazón contestó al Consell con una contrapropuesta y se mostró dispuesto a aprobar el fondo siempre y cuando se tengan en cuenta los nuevos criterios de reparto aprobados por unanimidad en el plan provincial denominado +Cerca. Puig y Mazón tratan de mostrar un perfil dialogante públicamente aunque hasta el momento no haya existido voluntad por firmar un alto el fuego que ponga fin a su enfrentamiento político.
