Si el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, se quiere posicionar como un líder político capaz de consensuar las cuentas de la institución provincial con todas las formaciones integradas en la corporación, tendrá que dar ejemplo y evidenciar también su talante conciliador con un alto el fuego con respecto al Fondo de Cooperación de la Generalitat. Esa es la condición que el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha impuesto para que su grupo respalde los presupuestos para 2021 diseñados por el equipo de gobierno de coalición (PP y Cs) que rige la Diputación, además de exigir 17 millones de euros en inversiones concretas a municipios y sectores productivos.
El socialista ha demostrado que su predisposición a acercar posturas en materia presupuestaria no se sustenta solo en palabras, sino que se materializa en hechos. Hechos concretos, como la abstención de su grupo al visto bueno de las cuentas en la comisión de hacienda celebrada ayer. Fue un gesto interpretado por el PP y Cs como un «preacuerdo» para su abstención en el pleno de presupuestos fijado para el próximo 30 de diciembre, aunque el propio Francés insistió ayer en que el posicionamiento no está decidido porque la negociación todavía sigue abierta.
El órdago que el portavoz socialista lanzó ayer al presidente de la Diputación sobre la futura ley que regulará el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el jefe del Consell, Ximo Puig, no es baladí. Por un lado, le anima a que «plantee sus propuestas» durante la tramitación parlamentaria de la normativa que regulará el reparto de ayudas a los municipios pero, a la vez, le urge a que se comprometa a aceptarla, y lo más importante: que el equipo de gobierno provincial y los partidos que lo conforman «desistan de presentar recurso alguno a la misma, evitando así su judicialización». Una judicialización con la que ya había amagado Mazón, que advirtió que obligar por ley a la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación le resta autonomía financiera y eso es algo que podría ser, según señaló, contrario a la Carta Magna, abriendo así la puerta en su día a recurrir al Constitucional.
La línea de pacto propuesta por el PSOE sobre el Fondo de Cooperación es, según reconoció ayer el propio Mazón, «un escollo que puede ser importante». Aún así, se mostró confiado en que existen posibilidades reales para sellar un acuerdo sobre cómo legislar ese reparto de fondos de tinte colaborativo entre instituciones, tal y como ha sucedido ya con Mónica Oltra (Compromís) en materia de Servicios Sociales y Teleasistencia, con Rosa Pérez (Unides Podem) en el área de Participación y Transparencia) y con Francesc Colomer (PSOE) en Turismo. En cualquier caso, el presidente de la Diputación subrayó que, aunque el planteamiento inicial es «complicado», seguirá buscando «puntos de encuentro» para intentar que la bancada socialista vote a favor el presupuesto de la Diputación, o al menos se abstenga, como hará Compromís según lo anunciado esta semana por su portavoz, Gerard Fullana, a cambio de decidir el destino de 7,5 millones en inversiones.
Ayudas covid
Las cuentas de la institución para 2021 recogen un montante superior a los 238 millones de euros. El PSOE ha pedido que se destinen al menos seis millones de euros de remanente de tesorería a subvencionar a los ayuntamientos para minimizar el impacto económico del covid entre pymes y autónomos; otros seis millones para que las administraciones locales puedan entregar prestaciones sociales para amortiguar situaciones extraordinarias motivadas por la actual crisis; dos millones más para ampliar la convocatoria de ayudas a consistorios para adquirir vehículos eléctricos; tres millones para renovar el césped artificial en campos de fútbol municipales o un plan de ayudas para sustentar a los artesanos ligados a festividades de Moros y Cristianos que se han quedado sin ingresos, entre otras propuestas.
El encaje legal del Fondo de Cooperación divide al Consell Jurídic
▶ Concluye que el decreto no vulnera la autonomía de las diputaciones, pero tres consejeros plantean dudas
La nueva regulación del Fondo de Cooperación Municipal que el Consell del Botànic ha impulsado a través de una ley no solo genera discrepancias políticas. La Diputación de Alicante que preside el popular Carlos Mazón lleva tiempo plantando cara a este fondo que implica tanto a la Generalitat como a las entidades locales y cuyo objetivo es garantizar la cobertura de los servicios públicos municipales que atienden las necesidades básicas de la ciudadanía, pero que obliga a todas las instituciones, incluidas las provinciales, a participar. El encaje legal de esta iniciativa también ha suscitado dudas en el seno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) cuyo dictamen a la ley ha sido favorable, pero no de forma unánime. Tres consejeros han emitido un voto particular en el que expresan sus dudas de que esta regulación atente a la autonomía de las diputaciones.
El dictamen solo incluye una observación esencial que tiene que ver con la ley de igualdad, pero el grueso del razonamiento del Jurídic tiene que ver con la eliminación del carácter voluntario de la participación por parte de las diputaciones al fondo que coordinará la Generalitat. Y aunque la conclusión es afirmativa, la mitad de los consejeros y consejeras expresa alguna discrepancia. El razonamiento tiene como punto de partida las alegaciones que en su día presentó al organismo jurídico la diputación de Alicante.
En su dictamen, el Jurídic cita la doctrina del Tribunal Constitucional para reconocer a la Generalitat la facultad autonómica de coordinación sobre las diputaciones, pero apunta que deben cumplir dos requisitos claves: que esta facultad esté específicamente atribuida y que responda a la protección de intereses generales.
