Justicia activa oposiciones para frenar la merma en la Abogacía de la Generalitat

Se trata de un proceso con vocación de continuidad en los próximos años, y al que el Consell asiste con cierta preocupación ya que la última convocatoria incluida en la oferta de empleo público de 2016 y en la que se ofertaron dos plazas quedó desierta. Ninguno de los 73 aspirantes logró superar las pruebas selectivas, por lo que no pudieron cubrirse.

Cabe recordar que la convocatoria anterior se remonta a 2014, por lo que hacía más de seis años que ningún aspirante de fuera de la Generalitat había engrosado la nómina de letrados y letradas.

Las dificultades de renovación de este cuerpo pueden llegar a constituir un problema para el Ejecutivo ya que se trata de un colectivo envejecido y donde ya se acumula una docena de vacantes. Fuentes de la Conselleria de Justicia precisaron que de las 65 personas que están activas, 32, es decir, la mitad tiene más de 55 años y, de estos, al menos diez se jubilarán en los próximos cinco años.

Cabe apuntar que las tareas asignadas a la Generalitat son esenciales para el día a día del Ejecutivo. Este cuerpo jurídico informa al equipo de gobierno sobre la legalidad de sus actuaciones y tiene asignada la defensa de los intereses de la institución.

Sin embargo, incorporar savia nueva no es una tarea fácil. Las oposiciones de la Abogacía son las más difíciles que se convocan en la administración autonómica, al menos en cuanto al número de temas: 258, una cifra que se sitúa muy por encima del temario de las oposiciones para la inspección de Hacienda, aunque por debajo de lo que se exige para seleccionar integrantes de la fiscalía o la magistratura (325) o para ingresar en la Abogacía del Estado.

Este último cuerpo es la flor y nata del alto funcionariado, al que sólo se puede acceder tras estudiar 465 temas. Se da la circunstancia de que quienes aspiran a ejercer la abogacía al servicio de una administración, prefieren centrarse en el Estado, por ser plazas mejor retribuidas y prestigiosas. Esto hace que muchas personas prefieran centrarse en estas pruebas en lugar de las que convoca la Generalitat. Además, la falta de una continuidad en las ofertas desincentiva a muchos aspirantes conscientes de que estas pruebas requieren años y años de estudio. Una inversión de tiempo que puede ser considerada inútil si sólo hay una oportunidad en años. Para tratar de atraer aspirantes, la conselleria ha incluido en la convocatoria de 2017, activada este mes de diciembre, un total de cuatro plazas, mientras que en las de 2018, ha incluido otras seis. En principio, no se han incluido puestos en las ofertas de 2019 y 2010 ya negociadas, pero desde la conselleria se asegura que la intención es incluirlas en 2021. La idea es incluir media docena de plazas más.

Mismo nivel de exigencia

Eso sí, la conselleria no ha rebajado el nivel de exigencia de estas oposiciones que constan de cuatro ejercicios y son supervisadas por un riguroso tribunal compuestos por miembros de la abogacía, magistratura o del registro de la propiedad. Las pruebas son extremadamente duras. Y como muestra un botón: el primer ejercicio por escrito está previsto para un tiempo máximo de seis horas; mientras que el tercer ejercicio, consiste en la resolución de dos casos prácticos en dos sesiones de un máximo de ocho horas ininterrumpidas.

Estas oposiciones cuentan también con una cuarto ejercicio con una prueba voluntaria de valenciano y lengua extranjera, que consiste en traducciones.

Cabe apuntar que el actual cuerpo de la Abogacía de la Generalitat está integrado por abogados por oposición y por habilitados. Esta figura, incluida en la ley que regula el cuerpo, permite el reclutamiento entre personas licenciadas en Derecho que ya tienen plaza funcionarial. Además, han de contar con acreditada experiencia como juristas y en el ámbito contencioso.