El presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, ha decidido tender la mano a la Generalitat Valenciana en busca de un acuerdo de colaboración institucional. Lo ha hecho contactando con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, tras hacerse público que la Comunidad recibirá 1.254 millones de euros de Bruselas a través del Fondo React-EU, enmarcado en el programa Next Generation de la Comisión Europea y destinado a fortalecer el estado del bienestar y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. La pretensión del dirigente provincial pasa por tejer líneas de pacto entre ambas administraciones con tal de poder financiar proyectos que la institución alicantina ya tiene predefinidos y que, sostienen desde su equipo de gobierno, están en consonancia con los parámetros fijados por Europa para canalizar la distribución de una inversión sin precedentes.
La misiva enviada por Mazón a Soler posiciona a la Diputación como una institución que está preparada para proponer determinadas iniciativas al Gobierno valenciano y que cuenta con la capacidad de ejecutar esos proyectos. Lo que el presidente del ejecutivo provincial persigue es abrir un espacio de diálogo para presentar sus propuestas en materia de sostenibilidad, eficiencia y digitalización y, de alguna forma, favorecer que se articule un mecanismo de participación de las entidades locales y de la propia institución alicantina en esos fondos. «Entendemos que la colaboración institucional puede ayudar a lograr una eficiente ejecución presupuestaria de los fondos, por ello, nos gustaría participar, todo ello dentro de los Acuerdos para la recuperación de la Comunidad Valenciana que esta institución ha signado», recoge el escrito remitido a Soler.
La estrategia del presidente provincial para acercar posturas y alcanzar consensos entre administraciones se apoya en el acuerdo adoptado hace un mes durante una sesión plenaria en la Diputación. El 2 de diciembre se pactó expresamente solicitar la participación en los fondos Next Generation de las entidades locales a través de una votación que salió adelante sin posicionamientos en contra, aunque con la abstención de la oposición. Un aval que, ahora, Mazón pone sobre la mesa del socialista Vicent Soler para recordarle que la pretensión de la institución provincial de gestionar parte de esos 1.254 millones de euros no fue en su día rechazada por el grupo socialista en la provincia y, además, está siendo reclamada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Fuentes de Hacienda señalaron ayer que habrá «total disposición» de la Generalitat para ayudar a todos los ayuntamientos a acceder a dichos fondos y que Soler remitirá la carta de Mazón al director general de Coordinación, dependiente de Presidencia, Juan Ángel Poyatos, para que «como cualquier administración local más» la Diputación pueda dar a conocer sus propuestas al ente de coordinación de estos fondos de recuperación. No obstante, subrayaron que no es posible que la institución provincial asuma la gestión de determinados proyectos del React-EU puesto que «deben ejecutarse a través de los programas operativos de Fondo Social Europeo (FSE) y Feder, que son responsabilidad directa de las comunidades».
Más tecnología para favorecer la toma de decisiones
La Diputación apuesta por digitalizar servicios públicos y poder medir la eficiencia en tiempo real
«Los fondos Next Generation de la UE son una oportunidad. La Diputación de Alicante tiene muchísima experiencia en la gestión de este tipo de inversiones municipales y puede servir como un catalizador donde lleguemos capilarmente a los 141 municipios de la provincia, sobre todo a los que tienen menos recursos». Ese es el argumento que el Gobierno provincial, a través del diputado de Proyectos Europeos, Innovación y Agenda Digital, Adrián Ballester, trasladará a la Generalitat para defender la oportunidad de cogestionar los fondos europeos. A ese respecto, propondrán proyectos para favorecer la digitalización interna en los ayuntamientos y mejorar, por ejemplo, procesos de licitación pública o la forma en que ciudadanos o asociaciones pueden justificar subvenciones, así como externa, automatizando el alumbrado público con la instalación de sensores, controlando el estado de infraestructuras para prevenir inundaciones e incluso auditando en tiempo real el aforo de instalaciones culturales o deportivas. Otra de las líneas de actuación consiste en medir y reducir las emisiones de CO2 en todas las localidades, impulsar el parque móvil eléctrico o generalizar las instalaciones fotovoltaicas en instalaciones públicas en base a criterios de eficiencia y sostenibilidad.
