Las corporaciones locales cerraron el tercer trimestre del año con un incremento considerable de las deudas con proveedores sin consignación presupuestaria, las conocidas como facturas en los cajones. Después de tres años de retrocesos en este capítulo vigilado con lupa por los organismos fiscalizadores, las cuentas de los consistorios valencianos reflejan un incremento de un 40 % en los pagos pendientes de regularizar entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, el último dato facilitado hace escasos días por el Ministerio de Hacienda. Esta evolución sitúa en casi 66 millones de euros el saldo que guardan las entidades locales en la cuenta 412, creada por el Ministerio de Hacienda en 2012 para evitar que los alcaldes escondieran sus obligaciones de pago generadas al margen del presupuesto, una práctica habitual con anterioridad a la crisis económica de 2008 que generó uno de los mayores problemas financieros de España. También ha crecido el número de ayuntamientos con pagos al margen del presupuesto: de los 73 de 2019 a los 94 de 2020. El crecimiento fue especialmente sangrante respecto al segundo trimestre del año, con 30 millones nuevas obligaciones sin cobertura presupuestaria, un 80% más.

Con mucho diferencia respecto al resto, el de Alboraia (Valencia) es el consistorio que acumulaba un mayor volumen de recibos en la cuenta 413, según la información publicada por el Ministerio, con 37 millones de euros a la espera de ser contabilizados en sus cuentas. Le sigue el de l’Alfàs del Pi, con 3 millones, y el de Algemesí, con 1,8 millones de euros en el cajón. Entre los que más han subido las facturas pendientes se encuentran Torrevieja (801.342 euros), El Campello (740.085 euros), Onda (733.201 euros), Santa Pola (625.616 euros) o Almoradí (642.726 euros).