La comisión bilateral entre el Consell y la Diputación de Alicante acumula ya un año de retraso en el que el diálogo entre las dos instituciones ha sido nulo. Si en enero de 2020 los dirigentes provinciales y autonómicos escenificaron en el Palau de la Generalitat su voluntad por ordenar las relaciones y consensuar el reparto de ayudas del Fondo de Cooperación Municipal, ahora ese compromiso ha saltado por los aires, dejando más dudas que certezas por la falta de precisión y la carencia de planificación y de proyectos concretos.

Tras ser reelegido presidente de la Generalitat, Ximo Puig se marcó el objetivo de visibilizar su presencia en la provincia y de aumentar la cuota alicantina en el Consell como así lo ha hecho esta misma semana con el nombramiento de Toñi Serna como secretaria autonómica. Por su parte, Carlos Mazón ha querido participar en las negociaciones autonómicas en temas prioritarios que pueden afectar a este territorio. Los dos dirigentes se comprometieron a remar en la misma dirección para defender los intereses alicantinos. A día de hoy esa promesa no ha cuajado. Desde el Consell tratan de evidenciar que están centrados en la crisis sanitaria. Por su parte, Carlos Mazón no deja de elevar el tono contra la gestión autonómica. Sus posiciones son inamovibles y en estos momentos no existe ningún entendimiento.

La Generalitat anunció que prepararía un decreto para crear esta comisión bilateral tras la reunión que se celebró en enero de 2020. Durante este año el Consell ha manejado los tiempos a su conveniencia sin agilizar las reuniones prometidas para acercar posturas entre las instituciones. Por su parte, el PP sigue intentando convertir al jefe del Consell en la diana de casi todas sus críticas al ser uno de los barones territoriales de los socialistas con más poder institucional. A su vez, Mazón mantiene un sistema de control del reparto de los fondos económicos y sigue negándose a entrar en el modelo de criterios objetivos que marca la Generalitat. En definitiva, una desavenencia tras otra. Y como es habitual, dos son las versiones. La Diputación echa en cara la falta de agilidad a la hora de convocar las reuniones para negociar los asuntos pendientes y asegura que la única novedad que tiene es la aprobación de la Ley del Fondo de Cooperación que se tramitará en las Cortes. Por parte de la Generalitat dicen que está previsto convocar este órgano antes de que finalice este mes. Las dos instituciones mantienen desde hace meses una guerra en la que, por ahora, no cabe ni una tregua.

Uno de los principales asuntos que se deben abordar es el reparto de ayudas por valor de 13,7 millones a los municipios alicantinos. Mientras Mazón pide flexibilidad y que se suprima la obligatoriedad «porque atenta contra la autonomía local», el Consell recuerda que la Diputación de Alicante no se ha querido sumar a este fondo cuando su adhesión era voluntaria. Otro de los temas prioritarios es la reordenación a la Generalitat de las competencias impropias que asume desde hace años la Diputación en asuntos sanitarios y que lastran su presupuesto. En el momento en el que se convoque esta comisión, el presidente de la Diputación de Alicante será el encargado de acudir al Palau para abordar en primera persona las negociaciones y ha pedido a Ximo Puig que también se persone, extremo que ha sido descartado por la Generalitat. Está previsto que a estas reuniones asistan, además, la vicepresidenta primera, Julia Parra, y los diputados Javier Gutiérrez y Juan Bautista Roselló, así como el secretario autonómico de Promoción Institucional, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

El pleno del Consell ya ha aprobado el proyecto de Ley del Fondo de Cooperación Municipal para trasladarlo a las Cortes Valencianas y debatirlo con los grupos parlamentarios para su posterior aprobación. El Botànic ha ofrecido un acuerdo a la síndica del PP, Isabel Bonig, y al líder de Ciudadanos, Toni Cantó, para iniciar una negociación y consensuar esta ley. El director general de Administración Local, Toni Such, ha hecho un llamamiento a la oposición para poder llegar a un entendimiento y así obligar a la Diputación de Alicante a repartir 13,7 millones a los pueblos con los criterios que marca el Consell. El Ejecutivo autonómico ha decidido dar rango de ley a este fondo ante la negativa del PP a sumarse. La Diputación de Alicante es la única de la Comunidad Valenciana que en los últimos cuatro años se ha negado a aplicar la medida. Los grupos del Botànic defienden la necesidad de pactar esta ley con Isabel Bonig y Toni Cantó, un acuerdo que arrinconaría a Carlos Mazón. El PP de la provincia ya se está movilizando para llevar hasta el Tribunal Constitucional este plan a través de un recurso de inconstitucionalidad.

Mazón pide que se acepten los criterios de su plan de obras

Los grupos que forman el Botànic buscan un pacto con Bonig y Cantó para arrinconar al PP de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha pedido a la Generalitat que acepte los criterios del plan de obras denominado +Cerca que se aprobó por unanimidad en el pleno. Se trata de un programa inversor que ha nacido como alternativa al Fondo de Cooperación autonómico para responder a la batalla política que mantiene con la Generalitat en el reparto de ayudas a los municipios. Tanto PSPV como Compromís han aprobado este plan que cuenta con una inversión de 30 millones de euros financiada con remanentes, el doble de la cuantía del fondo autonómico.

Las Cortes debatirán la Ley del Fondo de Cooperación

El pleno del Consell ya ha aprobado el proyecto de Ley del Fondo de Cooperación Municipal para trasladarlo a las Cortes Valencianas y debatirlo con los grupos parlamentarios para su posterior aprobación. El Botànic ha ofrecido un acuerdo a la síndica del PP, Isabel Bonig, y al líder de Ciudadanos, Toni Cantó, para iniciar una negociación y consensuar esta ley. El director general de Administración Local, Toni Such, ha hecho un llamamiento a la oposición para poder llegar a un entendimiento y así obligar a la Diputación de Alicante a repartir 13,7 millones a los pueblos con los criterios que marca el Consell.  El Ejecutivo autonómico ha decidido dar rango de ley a este fondo ante la negativa del PP a sumarse. La Diputación de Alicante es la única de la Comunidad Valenciana que en los últimos cuatro años se ha negado a aplicar la medida. Los grupos del Botànic defienden la necesidad de pactar esta ley con Isabel Bonig y Toni Cantó, un acuerdo que arrinconaría a Carlos Mazón. El PP de la provincia ya se está movilizando para llevar hasta el Tribunal Constitucional este plan a través de un recurso de inconstitucionalidad.