La Diputación ha aprobado hoy los informes de la Intervención para forzar a los grupos políticos a devolver 50.000 euros por facturas sin justificación del año 2015. Mientras el PP ha aceptado los documentos para abonar alrededor de 200 euros por cada uno de los diputados que formaron parte de la anterior corporación, Ciudadanos ha asegurado que la dotación económica fue recibida y gastada por Fernando Sepulcre, como único integrante del grupo político desde el inicio de la legislatura en 2015 hasta junio del 2016 y que, por tanto, recae sobre él la responsabilidad contable directa. Por su parte, el PSOE se ha abstenido por el hecho de que el PP "no haya informado de sus facturas con transparencia" y Compromís ha mostrado su disconformidad con los criterios de aprobación presentados por la Intervención y ha votado en contra de los informes para poder reclamar judicialmente el medio millón de euros no acreditados por el PP. Todos los grupos políticos que conformaron la corporación durante el anterior mandato tienen cuentas pendientes de justificar o devolver.

La diputada del PP María Gómez ha explicado que "en 2017 se acordó la fiscalización de las dotaciones económicas para poner a disposición del pleno la contabilidad de 2015 y 2016", comenzando a establecerse plazos de entrega de la documentación. "Después de este periodo de tiempo, este informe concreta toda esta información para aceptar las conclusiones". Junto a la aceptación del informe, el pleno ha aprobado la solicitud de la fiscalización de 2017 y 2018.

El portavoz del grupo Ciudadanos de la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha explicado que los actuales dirigentes no tienen ningún vínculo, ni jurídico ni personal, con el que inició la legislatura 2015-2019. Aseguran desde el grupo que son desconocedores de las andanzas de Fernando Sepulcre, quien terminó abandonando el partido para irse al grupo mixto. "Este diputado no informó del uso que dio a la dotación económica recibida y tampoco transfirió cantidad alguna al partido, ni remitió contabilidad alguna sobre el uso de la misma", ha dicho Javier Gutiérrez, incidiendo en que el exdiputado no cumplió con la obligación de dar cuenta a la corporación de qué hizo con la asignación económica que recibió.

Ciudadanos ha aclarado que la única reclamación contable que cabe hacer en relación a las cantidades no justificadas de la anterior legislatura es a quienes formaron parte de los grupos políticos, que son, "quienes deberían responder patrimonialmente por el perjuicio causado a las arcas de esta Diputación". Para Javier Gutiérrez "es una obligación legal, y sobre todo moral, reclamar a los causantes de ese quebranto y pedirles que restituyan las cantidades no justificadas a la mayor brevedad a la Diputación de Alicante". Ciudadanos ha aprovechado el punto para manifestar su sorpresa por el retraso de cinco años para dejar liquidadas las asignaciones entregadas a los grupos políticos, pese a que el control debía obedecer al ejercicio anual . 

Javier Gutiérrez ha destacado la importancia de respetar las reglas democráticas y ha dado un toque de atención al PP para pedirle "que no vuelvan a producirse sucesos como la lamentable actuación del PP en la pasada legislatura, facilitando el transfuguismo del señor Sepulcre y recompensando esa conducta, haciendo la vista gorda a los defectos en la presentación de sus cuentas". Después de la moción de censura que el PP ha aprobado esta semana con un edil tránsfuga en Agres, el partido naranja ha querido desvincularse de estas prácticas: "Al contrario que los otros tres partidos que aquí se sientan, nunca jamás hemos admitido el apoyo de un tránsfuga para alcanzar ningún objetivo" para censurar "a quien lo haga", llegando a tildar el transfuguismo como "corrupción" y criticando "la mala práctica de relajar la obligación de presentar cuentas en tiempo y forma ante la ciudadanía, que es el caso que ocupa este punto". 

Por su parte, Fernando Sepulcre ha asegurado a este medio que Ciudadanos conocía las facturas porque las presentaba para su pago: "Las comidas eran con cargos del partido en diferentes poblaciones. Si hubiera cometido alguna irregularidad me hubieran metido en Fiscalía y nunca lo hicieron. Tengo la conciencia tranquila y gasté menos de lo que tenía para el grupo y de hecho renuncié al dinero de 2016 por las irregularidades del partido". Según el exdiputado, usó el dinero como marcaba el reglamento de la Diputación: "La cantidad de dinero que la Diputación da a los grupos son para gastos como gasolina, peajes, comidas, aparcamientos, gastos de representación. Y así se han gastado".

Este informe se ha llevado a pleno a petición de Compromís, que ha votado en contra con el objetivo, según ha defendido su portavoz, de llevarlo al juzgado mediante un contencioso-administrativo y denunciar "que se reparen errores como las suscripciones a medios de comunicación o a redes sociales". Compromís ha pedido durante el pleno a PSPV y Ciudadanos que se sumen a la causa judicial para reclamar el PP la devolución de cerca de medio millón de euros de su grupo político a las arcas públicas, gastos que no fueron acreditados según la propia normativa de la institución. La coalición valencianista llevará a la justicia su denuncia contra "el uso hechos por el Partido Popular del dinero recibido por su grupo y después ingresados en una cuenta de Murcia, supuestamente del partido, sin acreditar su gasto según el artículo 9 del reglamento de la Diputación". 

Por su parte, el portavoz socialista Toni Francés se ha abstenido alegando que "se debería haber aprobado en tiempo y forma y no entendemos que nosotros debamos exigir nada a los grupos que no tienen representación" para añadir que "mientras la ciudadanía va a saber en qué han gastado el dinero algunos grupos con total transparencia para saber lo que se ha hecho bien o mal, en el caso del PP no es así".

En otro orden de cosas, la Diputación de Alicante pondrá a disposición de la Conselleria de Sanidad los inmuebles de su titularidad que reúnan los requisitos necesarios para que puedan ser utilizados durante la campaña de vacunación contra la Covid-19, tal y como se ha acordado hoy en el pleno de la institución a propuesta del Grupo Ciudadanos, quien ha instado, además, a la Generalitat a dotar de los necesarios recursos humanos y materiales a los servicios de Atención Primaria. La moción ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Compromís, que se ha abstenido. Asimismo, y también a instancias de esta formación, se ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que requieran la colaboración de las fuerzas armadas en el proceso de vacunación, participando en las labores de planificación y coordinación para asegurar la efectividad del plan puesto en marcha. El punto ha salido adelante con el apoyo de PP y la abstención de los grupos de la oposición.

Durante la sesión plenaria, también ha salido adelante una moción presentada por el grupo popular contra el Impuesto de depósito de residuos no peligrosos en vertedero, que ha respaldado Cs y rechazado los grupos PSOE y Compromís.

        El diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, quien ha detallado que lo que se pide es la derogación inmediata del artículo que recoge este impuesto en la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, ha indicado que “no es momento de subir los impuestos, sino de apoyar a los ciudadanos y a las empresas que generan empleo como hace la Diputación de Alicante”