El informe de Intervención que este miércoles se aprobó en la Diputación de Alicante para devolver las facturas sin justificar de los años 2015 y 2016 obliga a desembolsar a cada diputado provincial entre 50 y 42.000 euros. Así lo dejó claro el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, asegurando que la única reclamación contable que cabe hacer con relación a las cantidades no justificadas del anterior mandato es a quienes formaron parte de los grupos políticos. En base al informe de Intervención, son los exdiputados provinciales quienes deberán responder patrimonialmente por el perjuicio causado a las arcas de esta institución. Esquerra Unida, que ya no tiene representación en la corporación provincial, tendrá que abonar alrededor de 42.000 euros, pero el partido ya ha anunciado que tratará de aclarar este asunto para que no repercuta en la entonces diputada Raquel Pérez. El PP deberá reintegrar 3.100 euros, lo que significaría unos 200 euros por diputado; el PSPV, 500 euros, lo que supondría unos 50 euros por persona; Ciudadanos, 2.200 euros cuando solo tenía un representante que posteriormente pasó al grupo mixto; y Compromís, 3.518 euros entre tres diputados. Este miércoles los partidos de la oposición se desmarcaron del informe de la Intervención de la Diputación de Alicante que obliga a los grupos a devolver un total de 50.000 euros.
La Diputación pondrá a disposición de la Conselleria de Sanidad los inmuebles de su titularidad que reúnan los requisitos necesarios para que puedan ser utilizados durante la campaña de vacunación contra el covid.
Por un lado, el PSOE se abstuvo alegando la demora del informe, además de cuestionar la «falta de transparencia» del PP para aclarar en qué gastó el dinero. Por su parte, Compromís denunció errores en la fiscalización y pidió a PSPV y Ciudadanos que se sumen a la causa judicial para reclamar al PP la devolución de cerca de medio millón de euros de su grupo político a las arcas públicas, reivindicación ésta que precisamente es la que forzó el informe de Intervención sobre las facturas no justificadas de los grupos. La coalición valencianista llevará a la justicia su denuncia contra el uso hecho por el PP del dinero recibido por su grupo y después ingresados en una cuenta de Murcia. Aunque durante el pleno se trataron otros asuntos como la aprobación definitiva del nuevo reglamento de la Diputación que contó con todos los votos a favor, el tema que centró la sesión fue la contabilidad de los grupos durante el anterior mandato. Los documentos contaron con el respaldo de PP y Ciudadanos, la abstención del grupo socialista y el voto en contra del Compromís. Ante las críticas de la oposición y las reiteradas peticiones a Carlos Mazón para que mostrara las facturas, la diputada de Hacienda, María Gómez, reconoció que su partido no tiene nada que esconder y admitió el retraso en la aprobación de estos informes, además de trasladar el compromiso del equipo de gobierno de acelerar la dación de cuentas. Tal y como explicó, con los acuerdos adoptados también se pone en marcha la solicitud para que se examinen las contabilidades de 2017 y 2018. Carlos Mazón también tomó la palabra para defender el trabajo de los técnicos y pedir a Compromís que se guarde «la sombra de la corruptela contra trabajadores y funcionarios».
A instancias de Ciudadanos se reclamó a Ximo Puig y a Ana Barceló que requieran la colaboración de las fuerzas armadas en el proceso de vacunación.
Ciudadanos quiso llevar la iniciativa y, además de presentar por primera vez una batería de mociones en solitario, trató de marcar distancias con el PP para censurar el transfuguismo, culpar a quien lo consiente y pedir «que no vuelvan a producirse sucesos como la lamentable actuación del PP en la pasada legislatura, facilitando el transfuguismo de Fernando Sepulcre y recompensando esa conducta, haciendo la vista gorda a los defectos en la presentación de sus cuentas».
El PP se opone al impuesto de depósito de residuos
Sánchez pide al Consell que tome ejemplo de la Diputación para apoyar a los ciudadanos y empresas
Durante la sesión plenaria de ayer en la Diputación también salió adelante adelante una moción presentada por el grupo popular contra el impuesto de depósito de residuos no peligrosos en vertedero, que respaldó Ciudadanos y rechazaron PSOE y Compromís.
El diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, explicó que lo que se pide es la derogación inmediata del artículo que recoge este impuesto en la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat porque «no es momento de subir los impuestos, sino de apoyar a los ciudadanos y a las empresas que generan empleo como hace la Diputación de Alicante». Según defendieron desde el Partido Popular, esta medida supone un nuevo agravio para las economías de las familias alicantinas. Miguel Ángel Sánchez recordó a los grupos de la oposición que la institución provincial ha duplicado en 2021 las ayudas para la gestión de residuos. Además, subrayó que se ha propiciado la bonificación en más de 800.000 euros de las tasas que se abonan en el Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó que gestiona la propia Diputación.
En otro orden de cosas, la vicepresidenta y diputada de Cultura y Transparencia, Julia Parra, defendió ante el pleno de la corporación una moción presentada por Ciudadanos para instar al conseller de Educación, Vicent Marzà a devolver a las familias el dinero abonado por el Bachillerato en centros concertados. La vicepresidenta solicitó que desde la institución provincial se exija «el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Supremo que, claramente, ordenan mantener los conciertos educativos que se suprimieron en Bachillerato en nuestra Comunidad».
