La complicada coyuntura derivada de la pandemia de covid está poniendo contra las cuerdas a numerosos negocios que hasta hace un año mantenían una acreditada solvencia. La enrevesada realidad impuesta por el coronavirus ha reducido de forma drástica su facturación y la posibilidad de caer en la quiebra económica cobra fuerza a medida que la crisis se agudiza. Para revertir esta situación, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció este martes la creación de un Fondo de Cooperación especial dotado con 120 millones de euros que permitirá inyectar liquidez a 33.000 empresas y autónomos de los sectores más afectados por el escenario de restricciones y bloqueo, como son la hostelería, el ocio, las actividades recreativas, las actividades culturales y las agencias de viajes.

El jefe del Consell anunció que el plan de rescate contará con una aportación del 50% de la Generalitat (60 millones), 30 % de las diputaciones (36 millones) y un 20% los ayuntamientos (24 millones). La medida se vehiculizará a través de los consistorios, y, según explicó Puig, se formalizará mediante un decreto ley tras la reunión de la mesa institucional por la reconstrucción. Lo que se pretende con este Fondo de Cooperación, dijo el presidente, es que «ninguna empresa viable se cierre» y que ningún autónomo se vea abocado a cesar su actividad tras las restricciones por la pandemia, que son en estos momentos «las más duras de todo el Estado» y «las máximas que podemos tomar a nivel de nuestras competencias», subrayó Puig . Se trata, en definitiva, de facilitar la situación de los negocios y que «sea lo mas viable posible para el mantenimiento de su actividad futura», enfatizó el líder autonómico.

La medida nace en principio con el consenso entre el Gobierno valenciano y los representantes del resto de administraciones que ayer se reunieron en el Palau, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala (PP) y Carlos González (PSOE), respectivamente, así como el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro (PSOE). También cuenta con el respaldo de la patronal CEV, que aplaudió ayer la iniciativa que venía reclamando, agradeció el acuerdo institucional y exigió proyectar un plan de rescate específico para el sector hotelero, que tiene cerrados el 90% de los alojamientos y registra ocupaciones por debajo del 10%.

Presión impositiva

Mazón aprovechó el desplazamiento a València para reclamar a Ximo Puig contundencia ante Pedro Sánchez para rebajar la presión impositiva a los autónomos. Consideró que «lo importante es que se eximan impuestos ya. De poco sirve un fondo si les suben la cuota a los autónomos, no se baja el IVA y sube la luz un 30%». El presidente provincial destacó igualmente la importancia de que este plan de rescate sea voluntario en clara referencia a la batalla que mantiene con Puig por el Fondo de Cooperación Municipal, cuya ley se va a tramitar en las Cortes para obligar a la Diputación a sumarse tras su boicot de los últimos cuatro años.

Aunque el encuentro de ayer culminó con un pacto, generó críticas por las formas en las que se gestó la iniciativa y por la presentación de la misma. Lo primero, y según fuentes del PP, porque no se ha facilitado un borrador que detalle cuál será la fórmula para hacer efectivo el reparto de las ayudas, y en segundo lugar, porque el presidente fue el único que compareció ante la Prensa para anunciar esta iniciativa. El resto, es decir, los que aportan el otro 50% de los fondos, tuvo que hacer valoraciones a los medios en la calle, y eso es algo que interpretaron como una «descortesía» del presidente.