La Generalitat Valenciana ha impulsado un plan de rescate económico para ayudar a aguantar el chaparrón de la crisis del covid a los sectores más afectados por las restricciones impuestas para contener la pandemia. El denominado Plan Resiste, dotado con 340 millones de euros, servirá para inyectar liquidez y ofrecer financiación ventajosa a los negocios más sensibles a la paralización de la actividad social, como son los relacionados con la industria turística, lo servicios, el ocio y el entretenimiento. Se calcula que beneficiará a 21.000 empresas y 43.000 autónomos de la Comunidad y, por tanto, se podrán blindar 170.000 puestos de trabajo con estos fondos que, mayoritariamente, saldrán del programa europeo React-EU.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó ayer las líneas maestras del Resiste, un proyecto que nace del consenso entre el Consell, la patronal y los sindicatos, y que cuenta, además, con la participación de diputaciones -también la de Alicante- y ayuntamientos. El líder autonómico defendió que su Ejecutivo está centrado en dos elementos fundamentales, que son «superar la pandemia y la reactivación económica», y eso es algo que, según recalcó, «se debe hacer de forma simultánea».
En concreto, los beneficiarios del Resist son establecimientos de hotelería y alojamientos turísticos; la hostelería y la restauración; las actividades turísticas -agencias de viaje, operadores turísticos o servicios de reserva-; y las actividades artísticas y de ocio, como artes escénicas, gestión de salas de espectáculos, gimnasios, parques de atracciones o ludotecas.
El jefe del Consell desgranó el destino de los 340 millones, de los que la Generalitat aportará el 82%. Detalló que 80 millones de euros se destinarán a cubrir hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos y empresas de los sectores de alojamiento y hostelería, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio. Además, se han reservado otros ocho millones de euros para los 26.000 autónomos más afectados por el cese de actividad o reducción drástica de ingresos. También se han predispuesto 17 millones de euros para los 48.000 trabajadores en ERTE que han visto reducidos sus salarios. Otros ocho millones de euros servirán para apoyar las actividades del ocio y el entretenimiento, con especial atención al ocio nocturno, y beneficiará especialmente a las salas de fiesta y espectáculos, discotecas, pubs o cafés y teatros.
Crédito
También el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) pondrá en marcha dos instrumentos para las empresas afectadas. Se trata, por un lado, de una línea de préstamos bonificados de hasta 750.000 euros para las firmas vinculadas con el ocio, alojamiento y restauración, a través de la cual el brazo financiero de la Generalitat pretende movilizar 50 millones de euros. Estos préstamos incluyen una parte no reembolsable que podrá alcanzar hasta el 30%, es decir, que serán en parte asumidos por la Generalitat a fondo perdido. Por otro lado, se crea una línea para préstamos participativos, de hasta 800.000 euros, «para empresas con una situación financiera límite y que antes de la pandemia sí eran viables», resaltan desde Presidencia. Con esta línea, el IVF pretende movilizar otros 50 millones de euros.
De igual modo, se crea el Fondo de Cooperación Municipal anunciado días atrás por Puig, que contará con un mínimo de 127 millones de euros y una aportación del 50% de la Generalitat (60 millones), 30 % de las diputaciones (36 millones) y un 20% los ayuntamientos (24 millones). De este montante, siete millones de euros se destinarán de forma exclusiva a los artesanos de las fiestas, según precisaron fuentes del Consell.
Cabe destacar que las distintas ayudas no tendrán un carácter excluyente, por lo que una misma empresa o autónomo podrá optar a más de una prestación de las incluidas en este plan autonómico.
El presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, valoró que este plan de choque que venía reclamando el empresariado es « el más generoso de todas las comunidades», si bien enfatizó que lo importante ahora es que los procesos para que el dinero llegue a los destinatarios «sean ágiles, lo más rápidos posibles». Por su parte, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, consideró que el Resiste constituye un «salvavidas, un paso intermedio hacia la reactivación económica y la normalización de la actividad productiva y del empleo», mientras que su homólogo en CC OO PV, Arturo León, remarcó que «es obligación del conjunto de la sociedad hacer este esfuerzo para ayudar» a los sectores que han paralizado su actividad para «evitar el contagio y los riesgos inherentes a la pandemia».
La hostelería exige premura: «Las ayudas tienen que llegar ya»
Los hosteleros alicantinos, más allá de mantener que la cuantía de las ayudas impulsadas por el Botànic es insuficiente para sostener a uno de los sectores más afectados por las restricciones contra el covid durante la pandemia, reclaman que se agilice la tramitación para evitar que sigan cerrando locales. Así lo señalan desde Fehpa (Federación Empresarial de Hostelería Provincia de Alicante), que exigen que las ayudas lleguen cuanto antes: «Necesitamos rapidez. Las ayudas tienen que llegar ya, sino puede que sea muy tarde para muchos negocios», señaló la presidenta de Fehpa, Mar Valera, quien puntualiza que necesitan más tiempo para valorar el paquete presentado este lunes por el jefe del Consell, Ximo Puig, que amplía el plan destinado principalmente a la hostelería que se conoció la pasada semana y que, en total, llegaría hasta los 120 millones de euros. Por otro lado, desde la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad anunciaron este lunes que aplazan las protestas tras el anuncio del Plan Resiste, dotado en su conjunto con 340 millones. La entidad, por otro lado, reclama que las ayudas enmarcadas en la última medida del Consell tengan carácter retroactivo para paliar los diez meses que el sector lleva inactivo. Por su parte, otras dos entidades del sector de la hostelería (Alroa, ocio nocturno, y Ara, restauración) apostaban ayer por mantener las protesta y el anuncio de una querella contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló.
