La tormenta política que ha desatado la vacunación del alcalde La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, ha provocado que Ciudadanos haya decidido hacer valer su posición crucial como socio de gobierno en el PP de la Diputación. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se encuentra ante una gran encrucijada al tener sobre la mesa la exigencia de su socio de gobierno, Ciudadanos, para que aparte de sus competencias al diputado provincial de Deportes y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, tras recibir la vacuna contra el covid, hecho que está siendo investigado por la Conselleria de Sanidad por incumplir las directrices establecidas.

Los de Arrimadas han decidido seguir la misma estrategia que en Murcia. Toni Cantó se reunió ayer con los diputados provinciales Javier Gutiérrez y Julia Parra, y afirmó que «ahora mismo nos estamos encontrando con un nuevo caso de corrupción política. Son unos cuantos sinvergüenzas que están aprovechando su cargo para colarse por delante de los profesionales sanitarios o delante de nuestros mayores en un tema importante como la vacunación». Cantó añadió que «vamos a pedir un acuerdo en parlamentos autonómicos y en el Congreso y diputaciones para que los partidos nos comprometamos a apartar a todos los sinvergüenzas que se cuelen en la vacunación». Y fue más lejos: «Uno de estos casos es la Diputación de Alicante y pediremos que a Bernabé Cano se le aparte de sus competencias». Además, el portavoz del grupo Ciudadanos en la Diputación de Alicante y coordinador provincial de la formación, Javier Gutiérrez, y la diputada y vicepresidenta primera de la Diputación, Julia Parra, reclamaron que el diputado del PP «dé explicaciones públicas» mientras se esclarece la investigación de la Generalitat. El coordinador provincial mantuvo que desde Cs «estamos dando ejemplaridad política solicitando la retirada de competencias desde el equipo de gobierno y, como partido, defendiendo que se cumplan los protocolos». De paso, pidió la misma actitud ejemplar a otras formaciones, como el PSOE, al que acusa de «utilizar doble vara suspendiendo de militancia de alcaldes vacunados». Instó, en este sentido, a «que no se quede en eso solo, sino que se aplique también la retirada de competencias».

Desde el PP aseguran que hoy hablarán con los dos diputados provinciales con los que gobiernan para saber con exactitud cuál es su petición. El PP defiende que hay una investigación abierta por parte de la Conselleria y dice que, con más de un centenar de vacunaciones irregulares en la Comunidad, «hay que valorar quién es el responsable».

Las palabras de Cantó llegaban el día presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, trasladaba a la Conselleria de Sanidad que no autorice la segunda dosis a los alcaldes que se colaron. El jefe del Consell consideró que ninguna de las personas que han recibido la vacuna contra el covid «de manera improcedente debería recibir la segunda dosis». Sobre si cree que los alcaldes que recibieron la vacuna deberían presentar su dimisión, Puig defendió la necesidad de asumir «responsabilidades políticas». Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se mostró contrario a lo defendido por Puig. «Hay una estrategia nacional de vacunación que indica cómo se debe administrar la vacuna. Entiendo que las personas que hayan podido vacunarse cuando no debían tienen que asumir la responsabilidad pero desde mi punto de vista consideraría que sería un error cometer dos fallos: vacunar antes de tiempo a gente y no ponerle la segunda vacuna», alegó, cuestionando así si no sería peor desperdiciar la primera dosis.