Prácticamente ha transcurrido un año desde que se constituyó, precisamente en Orihuela, la comisión especial de las Cortes Valencianas para examinar los efectos de la DANA que arrasó la Vega Baja en septiembre del 2019 y analizar, como no podía ser de otra forma, las medidas necesarias para la prevención del riesgo de inundaciones futuras desde el punto de vista territorial, urbanístico e hídrico. Fue un acuerdo histórico para un territorio, el sur de Alicante, devastado por el temporal más terrible en 80 años y cuya ciudadanía, más que nunca, exigía respuestas y también soluciones. La voluntad de consenso inicial consiguió entonces poner de acuerdo a seis formaciones políticas de izquierda y derecha y la comisión, formalmente, quedó establecida el 27 de enero. Pues bien, 12 meses después, y cuando las comparecencias encaran su recta final, los 11 diputados que representan los intereses de los vecinos afectados no han conseguido reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, responsable máximo de la demarcación donde ocurrió el desastre. Él rechaza comparecer en las Cortes y ofrece, a cambio, la sede del organismo de cuenca, en Murcia, como punto de encuentro; una opción que determinados partidos rechazan por desplazarla fuera de la Comunidad. Mientras tanto, crecen las voces que piden, ahora, intentar que ese encuentro se produzca en la sede de la CHS de Orihuela, cedida, además, por la Generalitat, y vista por algunos como posible territorio neutro. Y el tiempo apremia.

Dar por finalizadas las comparecencias que se enmarcan en la comisión de la DANA sin cruzar una palabra con gestores y técnicos de la CHS es algo que, a todas luces, quieren evitar los parlamentarios de la comisión: tres del PSOE, dos de Compromís y uno de Unides-Podem, en la bancada de la izquierda; y dos del PP, dos de Cs y uno de Vox, en el lado opuesto. Ahora bien, tanto la forma de organización como la ubicación es, básicamente, lo que los separa. Eso y las críticas desde algunas formaciones hacia Urrea por declinar la invitación para comparecer en València y dar plantón. Él, y el resto del equipo que lidera porque sus comparecencias, precisó, se limitan al Congreso y al Senado, y se escudó en que así lo marca la legislación.

Con este panorama y a tres meses vista de que la comisión finalice, fuentes del PSPV-PSOE aseguran que el partido ve con buenos ojos la posible reunión en Orihuela, más factible en todo caso, que desplazar a los diputados a otra Comunidad. Preguntado por este asunto, el síndic de esta formación en las Cortes, Manolo Mata, reconoce que fijar Orihuela como escenario de la reunión es una buena opción y defiende que Urrea «ha manifestad disposición a dar información, pero no a través del requerimiento en comisión parlamentaria». Es por ello que fuentes alternativas de los socialistas valencianos deslizan que esa reunión podría no tener el carácter de formalidad de la comisión, pero, al fin y al cabo, serviría para hablar de lo que a todos les interesa, aunque diputados como Manuel Pinada, también de la Vega, precisa que él «iría donde tuviera que ir para obtener datos, incluso a Murcia».

Paradójicamente, todo apunta a que el partido de Ximo Puig encontrará más apoyos en la oposición que entre las huestes del Botànic. Tanto es así que María Quiles, diputada del grupo de Toni Cantó y miembro de esta comisión, considera que «ningún cargo de la CHS estaba obligado a venir. No vinieron porque no quisieron», lo que denota «falta de transparencia e indignidad». No obstante, recalca que, llegados a este punto, «bajaría al mismísimo infierno por enterarme, iría adonde fuera para saber lo que pasó», subraya la diputada de Almoradí. Incluyendo, por tanto, Orihuela.

Desde Vox «valoran negativamente» que no acudiera Urrea, pero «no tendríamos ningún reparo en reunirnos con el presidente y con los servicios técnicos» en Orihuela « para encontrar esas soluciones». Mientras tanto, el PP, que, a través de José Císcar, traslada que «no hay ningún ofrecimiento formal y, cuando toque, decidiremos».

Más radical se mostró Aitana Más, de Compromís, que dijo que la gestión en la CHS evidencia «una falta de transparencia impropia de un organismo público» y que «no ve diferencia entre comparecer en Orihuela o en sede parlamentaria» que es, a su juicio, donde deben abordarse estos asuntos. También Beatriu Gascó, de Unides-Podem, que tilda de «inaudito, inaceptable e incomprensible». Al respecto, señaló igualmente «si al final tenemos que ir a esa reunión informal, es el último recurso», y añadió que «me extraña que el PSOE no se muestre más exigente en la negativa de participar en la comisión de la DANA».

Las comparecencias se alargan tres meses por el bloqueo del confinamiento

El Palau de les Corts de la Generalitat Valenciana acogió ayer una nueva sesión de la comisión especial de estudio sobre las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones en la Vega Baja. Los últimos en comparecer, según explica la presidenta de este organismo, Aitana Mas (Compromís), han sido los técnicos que asesoraron al Gobierno autonómico en la toma de decisiones con respecto al temporal y las inundaciones por el desbordamiento del río Segura en Orihuela y Almoradí. Como tanto el presidente del organismo de Cuenca, Mario Urrea, como los técnicos de la Confederación han rechazado acudir a sede parlamentaria, la ronda de comparecencias, muchas de ellas online, seguirá ahora con intervenciones de movimientos ciudadanos, como asociaciones de ecologistas, en concreto siete.

Por último, en febrero, será el turno de los regantes, uno de los sectores más damnificados por la DANA. Formalmente, una comisión de estudio como de esta tipología se extiende durante un año, pero, en esta ocasión, explica Mas a este diario, se pedirá una extensión de unos tres meses. El motivo es que la actividad política prácticamente se paralizó en marzo con el confinamiento general de la población para frenar el coronavirus. La prórroga de la comisión especial de estudio, según la presidenta, tendría que ser apoyada por los diputados que forman el conjunto de la propia comisión, si bien apuntó ayer que pasará por pleno parlamentario para evitar que alguna formación pueda boicotear la petición de alargar las comparecencias durante 90 días. De hecho, el plan inicial de trabajo de esta comisión fue aprobado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox.