La consellera de Justicia y Administraciones Pública, Gabriela Bravo, arrancó su gestión en el primer Botànic con la creación de un comité de sabios para que elaborara un informe sobre la situación de la función pública valenciana. El estudio debía ser la base para elaborar una nueva ley que, tras sufrir varios contratiempos, está ahora en las Cortes pendiente de debate y de aprobación.
Seis años después, y en un contexto muy distinto al de entonces, la titular de Justicia ha constituido otro comité (en este caso de expertos y expertas) para que le asesoren en una tarea que, a diferencia de la primera, es inaplazable: la reforma exprés de la Administración valenciana para optar a los fondos que la Unión Europea concederá para la reconstrucción después del tsunami de la pandemia por coronavirus.
El tren de las ayudas europeas conlleva la obligación de las administraciones, incluida las de ámbito autonómico, a una transformación sin precedentes que incluye, entre otras cuestiones, una rebaja de la actual burocracia. La Generalitat tendrá que acometer toda una serie de cambios normativos y de procedimiento para ganar en agilidad y adaptarse a los requerimientos que exige la Unión Europea. Esta reforma quedó plasmada en el reciente Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre del Gobierno central, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Desde su aprobación, algunas voces del segundo escalón de la Generalitat alertaban de que el impacto de este decreto en la Generalitat es enorme, ya que muchas de las cuestiones que exige Europa relacionadas con la digitalización o la tramitación eficaz de ayudas son asignaturas pendientes en una administración que todavía arrastra una carga burocrática importante y arrastra inercias del siglo pasado.
La norma estatal busca preparar la administración para gestionar el conocido como Instrumento Europeo de Recuperación, que contempla, entre otros, los fondos Next Generation EU (NGEU), destinados a afrontar la crisis pandémica y activar la recuperación. Los fondos, como admite la Conselleria en la resolución por la que nombra el comité experto, están destinados a transformar el modelo productivo y social, un escenario que la Generalitat ve similar al de los años ochenta o noventa, «en los que nuestro país fue receptor de los llamados fondos de cohesión».
Modernización obligada
Su ejecución está prevista entre 2021 y 2024, y obliga, admite la Conselleria, « a un esfuerzo que carece de precedentes», por lo que las «estructuras administrativas deben adecuar sus capacidades de gestión para dar respuesta al desafío».
Cabe recordar que la Generalitat presentó en noviembre la Estrategia Valenciana para la Recuperación, el instrumento donde debe concretarse los proyectos financiables por la Unión Europea, pero, para ello, la propia institución debe modernizarse. Los cambios son de calado, ya que afectan al diseño organizativo, los instrumentos de gestión y los procesos de funcionamiento. Entre los objetivos, está reducir la burocracia en los ámbitos de políticas públicas en los que la Comunidad Valenciana es competente, como es el caso de la educación, la ordenación y el desarrollo comercial, las políticas sociales, la agricultura, el agua y el medio ambiente o el apoyo a la innovación empresarial.
La Conselleria considera imprescindible identificar los ámbitos administrativos necesitados de reforma y los cambios normativos pertinentes. Y, en este contexto, se «incorpora conocimiento experto, académico y profesional, tanto interno como ajeno a su propia estructura procedente del mundo universitario».
El comité asesor será presidido por José Luis Martínez Morales, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y coordinado por la subsecretaría Belén Cardona. Forman parte como vocales el abogado Ignacio Sevilla Merino; la profesora de Derecho Administrativo María José Alonso Mas; el profesor Ricardo de Vicente Domingo; la jefa del servicio de Contratación de la Diputación de Castellón, María Pilar Batet Jiménez; el letrado Eduardo Costa Castellà; y Margarita Vento Torres, jefa del servicio de Contratación de la Generalitat Valenciana. También participará la inspección de servicios.
