El Tribunal de Cuentas ha dado luz verde a continuar con la investigación de los 446.000 euros sin acreditar del PP en la Diputación y ha elevado el caso para el nombramiento de un delegado instructor. La decisión de la consejería del citado tribunal ha sido textualmente «elevar el caso a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor».
El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante celebró ayer esta decisión, al considerar que desestima las alegaciones presentadas por el PP contra la denuncia de la coalición valencianista por los ingresos sin acreditar y por valor de 446.000 euros de dinero público, gran parte en una cuenta del Partido Popular en Murcia. Sin embargo, para el PP, el tribunal solo se ha pronunciado sobre la admisión de la acción pública al entender que se dan los requisitos formales de admisión. Sin embargo, el PP defiende que el Ministerio Fiscal del organismo se opone a la admisión de la acción pública al considerar que los hechos no dan lugar a responsabilidad contable. Los servicios jurídicos de la Diputación lo están estudiando para presentar un recurso. Por su parte, la coalición asegura que «lo único a lo que se opone el Ministerio Fiscal es a que se investigue desde 2015 «porque no hemos podido entregar la documentación ya que el PP no la ha enseñado», según el portavoz Gerard Fullana. Este viernes, la coalición mostró su satisfacción por el hecho de que tanto el Tribunal de Cuentas como el fiscal del mismo «tumben así las alegaciones que la Diputación, a instancias de su presidente Carlos Mazón, había registrado pidiendo el archivo del caso».
Compromís ha anunciado que la próxima semana empezará la vía legal en el ámbito contencioso-administrativo para acelerar la petición de devolución del dinero que entiende que el Partido Popular ha transferido sin acreditar cumplimiento de ordenanza alguno. Los valencianistas denunciaron este viernes «todas las presiones ejercidas por el presidente de la institución y del Partido Popular de la provincia sobre los miembros de la coalición que trabajan en la Diputación», en alusión al portavoz, Gerard Fullana, y a Ximo Perles, asesor y autor de los recursos presentados ante el Tribunal de Cuentas. La coalición, además, advirtió de que «podríamos estar ante un delito de estafa procesal, que se produce cuando se coacciona de diversas formas al abogado contrario». Según Fullana, «Mazón ha intentado tumbar la investigación de los ingresos al partido que preside primero con recursos judiciales y luego con la peor campaña de difamación que se recuerda hacia nuestro asesor legal».
Por su parte, el PP contestó ayer a Compromís y dijo que el Tribunal de Cuentas solo se ha pronunciado sobre la admisión de la acción pública al entender que se dan los requisitos formales. «No entra sobre el fondo porque es prematuro. El propio fiscal se ha opuesto a que se admita porque los hechos no dan lugar a responsabilidad contable», según aseguraron desde el PP. También añadieron que « Fullana no quiere que Compromís pague los gastos que no pudo justificar después del informe de fiscalización de las cuentas». Respecto al caso Perles, el grupo popular ha denunciado ante el Colegio de Abogados de Alicante al asesor de Compromís en la institución provincial y concejal en el Ayuntamiento de Calp, Ximo Perles, por hechos que, según asevera, pueden ser objeto de graves infracciones. El escrito, presentado por Eduardo Dolón, denuncia que Perles ubica su despacho profesional en la institución provincial, y que carece de la compatibilidad para poder ejercer la Abogacía de forma privada.
