Los partidos de la oposición en la Diputación (PSPV y Compromís) han hecho un frente común, orquestado, además, desde Valencia, para tratar de desgastar a Carlos Mazón, justo cuando las encuestas internas del PP sitúan a los populares con posibilidades de acceder al Palau de la Generalitat. PSPV y Compromís han dejado atrás sus diferencias para alimentar la sospecha de las irregularidades contables en el PP y tratar de evidenciar que el presidente de la Diputación y líder provincial del partido, Carlos Mazón, no ha trazado un cortafuegos con la etapa anterior. La polémica por el destino del dinero público que el grupo popular de la Diputación recibió durante los dos últimos mandatos se repite como una pesadilla recurrente de la que difícilmente se puede escapar. Es Compromís quien lleva la batuta en este tema y quien ha sacado toda la artillería pesada para poner el foco en una nueva denuncia: según la coalición, el grupo popular de la Diputación de Alicante manejó sin acreditación más de 400.000 euros entre 2007 y 2015, periodo que comprende el último mandato de José Joaquín Ripoll y Carlos Mazón, como presidente y vicepresidente de la institución, respectivamente. También se sumó a las voces críticas el PSOE, que ayer instó al PP a dar explicaciones sobre el destino de los otros 450.000 euros en asignaciones al grupo desde la Diputación, en este caso desde 2015 hasta 2018. En total, la suma de dinero sin acreditar, según Compromís, ascendería a más de 800.000 euros en once años. 

Los populares alegan que sí se hizo entrega de la contabilidad del grupo desde el año 2012 y hasta 2015

Desde que Bernabé Cano se colara en el protocolo de vacunación, la Diputación de Alicante se ha convertido en un polvorín político. La inédita alianza de todos los grupos para negociar los presupuestos resultó ser un hecho puntual que poco tiene que ver con la realidad del día a día. Nada queda de aquellos perfiles dialogantes hacia la búsqueda de consensos. Solo hay que ver el último pleno de la institución en el que no faltaron las palabras y expresiones altisonantes como las pronunciadas por el diputado del PP Alejandro Morant, en las que se refirió a los miembros de la coalición con calificativos como «bufón» o «lacayo». 

La izquierda eleva el tono contra el presidente y dice que la suma de dinero sin acreditar asciende a 800.000 euros

Por parte de la izquierda, la voluntad por desgastar a Mazón es ilimitada y, como respuesta, el PP provincial se está dedicando a elevar el tono contra los cargos socialistas y de Compromís de la provincia. La última crítica se produjo la pasada semana por parte de los populares, que se recrearon en colocar el ventilador para denunciar que el portavoz socialista, Toni Francés, se saltó el cierre perimetral de Alcoy y que el asesor de Compromís no ha solicitado compatibilidad para ejercer una segunda actividad como abogado. Lejos de firmar un alto el fuego en el enfrentamiento político, Compromís recalcó la inexistencia de la contabilidad del grupo del PP entre 2007 y 2015. Según su portavoz, Gerard Fullana, «la respuesta del Síndic de Greuges confirma la opacidad y descontrol que ha existido en el citado periodo en el que la institución vivió sumida bajo el escándalo del caso Brugal y recobra importancia tras la publicación que constata que José Joaquín Ripoll se despidió de la institución vaciando las cuentas del grupo popular con la expedición de dos cheques por valor de 64.980 euros». La coalición se plantea trasladar a la Fiscalía estos hechos para intentar dilucidar el destino del dinero público de aquel periodo. Precisamente, el Tribunal de Cuentas ha dado luz verde a seguir investigando los ingresos del grupo de la Diputación al PP sin acreditar y por valor de otros 446.000 euros de dinero público entre 2015 y 2018. Además, el grupo socialista, a través de su portavoz, Toni Francés, instó al PP a dar explicaciones para conocer en qué se han destinado esas asignaciones. En opinión de Francés, «a Mazón se le acaba el tiempo, el cerco se va cerrando más», recordando que, además de ser el presidente de la Diputación, Mazón es el presidente del PP en la provincia, y que algunos de sus principales pilares en el equipo de gobierno actual «tenían las riendas de los fondos del grupo popular durante esos años». 

Por su parte, el grupo popular denunció que Gerard Fullana está «manipulando» la realidad y que trata de «desviar la atención sobre las vergüenzas que afectan a su asesor». Según los populares, hasta 2013 las cuentas de los grupos las fiscalizaba el Tribunal de Cuentas, hasta que se aprobó el reglamento orgánico sobre la dotación económica y asignación a los grupos, explicando que sí se hizo entrega de la contabilidad desde el año 2012 hasta 2015. 

Lluvia de críticas a Francés y al abogado de Compromís

El PP critica que el PSPV se sume al carro de los valencianistas «para tapar sus propias vergüenzas»

La Diputación elevó ayer la presión contra Compromís al denunciar que su asesor en la institución provincial, Ximo Perles, no ha solicitado compatibilidad para ejercer una segunda actividad ni tampoco presentado solicitud de autorización para usar como domicilio social el Palacio Provincial para el ejercicio de la actividad privada. Según informó ayer la Diputación, el área de Modernización, Gestión Documental y Archivo ha ratificado que no existe escrito alguno con relación a la solicitud de compatibilidad por parte de Perles entre el 19 de julio de 2019 y el 5 de febrero de 2021, periodo de tiempo que hace referencia al actual mandato. A su vez, la comunicación añade que tampoco hay escrito de solicitud de autorización para ubicar el despacho profesional de Perles como abogado en las instalaciones del Palacio Provincial. Estos hechos ya han sido trasladados por parte del grupo popular al Colegio de Abogados de Alicante, ya que, según dicen, pueden ser objeto «de graves infracciones previstas en el Estatuto General de la Abogacía». 

La formación popular destacó ayer que los ataques continuados de Compromís con las cuentas del grupo son «una cortina de humo para tapar las vergüenzas de su asesor, ya que carece de la compatibilidad preceptiva para poder ejercer como abogado, además de haber ubicado su despacho profesional en la Diputación». Los populares acusaron a Gerard Fullana de votar en contra en el pleno de que su grupo pague los gastos no justificados, tal y como determinó el informe de fiscalización elaborado por la Diputación. De hecho, según el PP el grupo Compromís ha presentado un recurso para evitar abonar las cantidades no justificadas. En la misma línea, el grupo popular criticó que el PSPV se sume al carro de Compromís para «desviar la atención de su portavoz Toni francés», tras «saltarse» el cierre perimetral de su municipio y hacerlo, además, en coche oficial. «Recurrir al asunto de las cuentas cuando hay que tapar los asuntos turbios internos es algo a lo que recurren ambas formaciones para usar una bomba de humo sobre sus propias vergüenzas», criticó el PP.